Un comité nacido para dar solución a un problema debe terminar cuando el problema ha sido solucionado. Si no, es un generador de conflictos, un apropiador de recursos. Lo mismo ocurre con cualquier ente ideológico y organizativo. ¿Acaso el movimiento feminista ha de ser diferente? Y, si no es diferente, ¿cuándo se debe considerar que el problema que busca resolver ha sido resuelto? Veamos.
Lo importante:
“Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.” (Artículo 14 de la vigente Constitución)
Ya está. Resuelto el problema. Una constitución que establece este principio de igualdad jurídica y cuya jerarquía de leyes está en línea con esa igualdad jurídica es la base de la igualdad real de sexos, de religiones, de razas, de opiniones, de linajes, o de cualquier otra circunstancia. Y, para más claridad jurídica, remito a la Sección 1ª de la CE: De los derechos fundamentales y de las libertades públicas (artículos del 15 al 29).
¿Por qué la efectiva igualdad jurídica es suficiente ante cualquier discriminación sea ésta histórica, sea coyuntural? Porque si se va más allá de aplicar la ley que prescribe taxativamente la igualdad se acaba generando un privilegio al grupo social “protegido”. Las mujeres, los “hijos de”, los de tal color de piel, los que opinan esto o lo otro. Una vez reciben compensaciones económicas y tratos especiales, les cogen el gusto al victimismo.
Promueven, también, la perpetuidad de quienes viven del presupuesto para esos privilegios. Ministerio de Igualdad, consejerías y concejalías que promocionen a este grupo, a aquella raza, a determinado linaje, etc. Y, por supuesto, asociaciones subvencionadas para promover “activamente” el reconocimiento social de su grupo.
Los ministerios y demás organismos pro igualdad de lo que sea se acaban dependiendo de que el problema no se solucione. Porque, si se solucionara, tendríamos que prescindir de ellos y dejarían de vivir de las asignaciones presupuestarias, subvenciones, etc.
La injusticia histórica de la discriminación legal por sexo ha sido resuelta, pero según el movimiento feminista (en todas sus generaciones o vertientes menos una, la vertiente que luchó por la igualdad jurídica y la logró) hay que seguir “luchando”. Dicen que las actitudes machistas y discriminatorias perviven en la sociedad, por lo que hay que combatirlas legislando protecciones especiales para todas las mujeres, estableciendo cuotas y otros privilegios que tienden a no tener fin.
Pues bien, si se dan acosos laborales a mujeres, a hombres, a blancos, a negros, a judíos, etc. hay que aplicar la legislación ya existente que deriva del principio de igualdad ante la ley. Dotando de medios a los juzgados, creando más sedes judiciales, con más policías, mejor dotación y mayor formación. ¡Ah!, y con más cárceles y más aplicaciones de penas de prisión permanente no revisable.
Pero no, de esto no hay más. Hay más dinero para los ministerios y consejerías feministas y para las asociaciones feministas. Como denuncia Joana Carril, «el feminismo es hoy un gran negocio para mantener estructuras y asociaciones» que llega a succionar el 97% del dinero que la UE destina a las mujeres afectadas por violencia discriminatoria. Mas para estas mujeres sólo llega un 3% de esos euros.
Se trata de bracear, no de luchar, de que se perpetúen los casos de violencia y discriminación donde la víctima sea del sexo femenino e, incluso, de que se agrave. Solo así se mantiene el gran negocio. Por esto, y por otras cosas más, el feminismo y todos los movimientos antidiscriminatorios fueron necesarios solamente hasta el establecimiento íntegro de la igualdad jurídica de todos. De ahí en adelante sólo vamos hacia atrás.
Joaquín Santiago
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED