El crucero MV Hondius navega estos días entre dos aguas: la sanitaria y la política. La primera exige prudencia, coordinación y protocolos claros. La segunda, en España, vuelve a exhibir un viejo vicio político: improvisar primero y explicar después.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha transmitido desde el comienzo de la crisis del Hantavirus una mezcla inquietante de titubeo, dependencia de instrucciones externas y ausencia de estructura propia de respuesta. Y eso, después del COVID-19, no resulta precisamente tranquilizador.
Un buque, demasiadas dudas
El episodio comenzó con dudas sobre qué hacer con el buque afectado. Cabo Verde evitó implicarse plenamente en la gestión. Canarias expresó preocupación ante la llegada del navío y el Gobierno central dudó.
Finalmente éste, el Gobierno, aceptó las indicaciones de la OMS y autorizó el operativo, pero sin que haya quedado claro que existiera un plan nacional previamente articulado para una situación semejante.
El propio Ejecutivo canario denunció falta de información y de coordinación. Fernando Clavijo reclamó explicaciones urgentes mientras la Autoridad Portuaria reconocía carecer de comunicación suficiente sobre el alcance real del problema.
La sensación general recuerda demasiado a 2020: administraciones reaccionando sobre la marcha, protocolos improvisados y ciudadanos obligados a confiar en declaraciones cambiantes.
Simón, Badiola y el recuerdo de 2020
En medio de todo vuelve a aparecer Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, convertido ya en símbolo político y psicológico de aquella etapa.
Simón ha insistido ahora en minimizar el riesgo del Hantavirus y en transmitir tranquilidad respecto al brote asociado al MV Hondius. Su afirmación es que el contagio a humanos de este virus es muy poco probable.
Frente a él, el catedrático emérito de Sanidad Animal de la Universidad de Zaragoza, Juan José Badiola, ha advertido sobre la peligrosidad potencial de la cepa Andes, precisamente la única variante conocida del hantavirus con transmisión entre humanos documentada.
La discrepancia entre ambos no sería especialmente grave si existiera detrás una estructura técnica sólida, visible y plural. Pero no existe. Y ahí aparece el verdadero problema de fondo: España parece no haber aprendido prácticamente nada de la pandemia del COVID-19.
Hacer memoria aquí es obligado. En febrero de 2020, Fernando Simón llegó a prever “tres o cuatro contagios” como mucho en España. La realidad posterior fue devastadora.
Años después, en febrero de 2026, el propio Simón reconoció que el número real de fallecidos por COVID podría haber duplicado o incluso triplicado las cifras oficialmente asumidas durante el cierre del ciclo pandémico.
Entretanto, el Gobierno aseguró durante meses que tomaba decisiones asesorado por un “comité de expertos” cuya inexistencia terminó reconociéndose oficialmente. Aquello no fue un detalle administrativo. Fue un síntoma de improvisación institucional en plena emergencia histórica.
Sin aprendizaje institucional
Lo más llamativo es que, seis años después, el Estado continúa sin mostrar una estructura estable y reconocible de gestión multidisciplinar para crisis epidemiológicas de gran alcance.
- No existe un órgano permanente visible que integre epidemiólogos, especialistas sanitarios, juristas, economistas y responsables logísticos capaces de coordinar escenarios complejos junto a las comunidades autónomas.
- Tampoco parece existir una doctrina clara sobre cómo actuar en situaciones donde confluyen salud pública, movilidad internacional, puertos, aeropuertos y derechos individuales.
Por eso la alarma pública ante el MV Hondius resulta perfectamente lógica. No sólo por el Hantavirus en sí mismo, cuya transmisión, hoy, parece más limitada que la del COVID-19, sino también por el precedente político y administrativo que arrastra España desde 2020. Porque el desconocimiento de las posibilidades de contagio, mutaciones del virus u otras eventualidades deberían estar ya encima de la mesa de un comité de expertos que, una vez más, no existe.
Las preguntas que el Gobierno debe responder
Dadas esas circunstancias, algunas preguntas mínimas resultan inevitables
1- Los pasajeros españoles del MV Hondius serán desembarcados en el puerto comercial de Granadilla de Abona, en Tenerife, para posteriormente ser trasladados hasta el aeropuerto Tenerife Sur. ¿Qué medidas concretas se adoptarán respecto a otros usuarios civiles del aeropuerto?
2- El traslado posterior desde Tenerife hasta Madrid se realizará en avión. ¿Existen protocolos específicos para evitar posibles contagios a otros pasajeros y a las tripulaciones?
3- La estancia en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla será voluntaria para quienes no presenten síntomas. ¿Se está teniendo plenamente en cuenta que algunos periodos de incubación pueden extenderse durante semanas?
Todas estas preguntas serían innecesarias en un contexto de plena confianza institucional. Pero España perdió buena parte de esa confianza durante el COVID-19.
Y el problema no es que los ciudadanos recuerden demasiado aquella experiencia. El problema es que el Gobierno, los gobiernos, parecen recordarla demasiado poco.
Todos los derechos reservados. Queda prohibida la reproducción total o parcial de este artículo sin la cita expresa de Asturias Liberal y de su autor.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED