Por qué Pedro Sánchez es el principal peligro para los ciudadanos y para España (sin caer en exageraciones)

No se trata de presentar una imagen exagerada ni sesgada de las características de su peculiar estilo político ni de sobrevalorar sus efectos nocivos para todos y cada uno de los aspectos de la vida de los ciudadanos.

Tampoco pretendo en este artículo señalar al actual Presidente como si se tratara de un fenómeno aislado y excepcional de todo lo que hace y lo que dice. Porque cualquier ciudadano mínimamente informado de todo lo que importa, no solo de partes aisladas, en lo que sucede en España en estos años en que ha gobernado es fruto de su psicología personal, como algunos pretenden.

Y ocurre que un ciudadano que no presente taras cognitivas serias no puede evitar recordar lo que en este su país ha sucedido desde los atentados de Atocha de 2004. Como reza el principio de la ventana de Overton, las ideas no suceden por pura casualidad, sino que alguien, previamente, ha ido inyectándola en dosis progresivamente mayores en la sociedad.

Desde el «nos interesa crear mucha tensión» en la que convinieron Rodríguez Zapatero e Inaki Gabilondo hasta la inaceptable situación actual, la ventana de cosas inasumibles ha ido incrementándose con la connivencia de muchos y la estupefacción de la mayoría.

Empezamos este vistazo no exhaustivo de por qué Pedro Sánchez, lo y los que le rodean, caminan con impunidad, no de algunas instituciones dignas y leales a lo lo que es justo y a lo que es beneficioso para la mayoría, sino de muchos ciudadanos que presentan graves problemas de percepción, de visión y de juicio.

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La democracia no se fortalece porque quienes gobiernan proclamen sus virtudes democrática. Nunca se crea eso usted. Repito: nunca.

Se fortalece solamente si existan instituciones capaces de limitar, fiscalizar y corregir sus decisiones. Ningún gobernante debe ser creído por lo que dice, solo es aceptable aquello que hace para obedecer a las instituciones que hacen posible que, simplemente, ni él mismo ni su élite adquiera más poder discrecional del que le permitan no sus votantes, sino esas instituciones.

No el poder que el «pueblo» le da, sino el que el entramado de controles le permita con el poder que el pueblo le da. Y deberíamos decir, más bien, los votantes y no «el pueblo».

Fortalecer el Estado y las comunidades autónomas no consiste en multiplicar organismos, normas o cargos públicos, sino en dotarlos de competencias bien definidas, profesionalidad, independencia funcional, transparencia y controles recíprocos que reduzcan la discrecionalidad política y administrativa.

La democracia liberal necesita gobiernos capaces de gobernar, pero también instituciones capaces de impedir que confundan su voluntad con el interés general.

Esta exigencia resulta especialmente importante para quien ejerce el poder. Pedro Sánchez llegó al Gobierno en 2018 invocando la regeneración democrática.

Ocho años después, corresponde examinar no solo sus resultados y el respeto efectivo a los contrapesos institucionales, sino también los procedimientos con los que ha pretendido legitimar su actuación y desacreditar a sus adversarios. Entre ellos encontramos algunas técnicas clásicas de la demagogia que conviene identificar.

De la regeneración democrática a la superioridad moral

El 31 de mayo de 2018, José Luis Ábalos defendió en el Congreso la moción de censura contra Mariano Rajoy con una expresión solemne: «recuperar la dignidad de nuestra democracia». ¿Había motivos para exigir responsabilidades por la corrupción del PP? Sin duda. ¿Pero debía hacerse por la vía de una moción de censura para «quítate tú, que ya me pongo yo«? Por supuesto que no.

La moción es un procedimiento constitucional perfectamente legítimo, pero solamente para abrir un proceso electoral inmediato, mas Sánchez pasó siete meses y medio gobernando y alterando instituciones durante siete meses y medio, momento en que convocó sus primera cita electoral, pero solamente porque el Congreso rechazó sus presupuestos generales.

La rectificación a los gobiernos del Partido Popular NO la hicieron los ciudadanos, sino que fue decidida por su propio interés. Tras un rechazo parlamentario de esta magnitud es imprescindible una cita a las urnas, pero no cuando el motivo mayor, la moción de censura, obligaba a hacerlo previamente.

Pero no hay instituciones válidas en un clima moral pervertido y aquel argumento de José Luis Ábalos contenía algo más que una exigencia de responsabilidad: el PSOE se presentaba como portador de una regeneración moral que lo distinguía de quienes pretendía desalojar del Gobierno.

Siete años después, en junio de 2025, el propio Sánchez tuvo que pedir perdón por haber confiado en Santos Cerdán, uno de sus principales colaboradores, tras conocerse los graves indicios recogidos por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. José Luis Ábalos, precisamente quien había presentado la moción de 2018, también estaba implicado en investigaciones judiciales por corrupción.

Un pedir perdón que no incluía lo esencial: «vinimos a limpiar el sistema de corrupción y, como hemos fallado vamos a una nueva convocatoria electoral». Por el contrario las disculpas se limitaron a que, sin saberlo ni quererlo, se le habían adherido, desde su ascenso a la secretaría general del PSOE, algunas manzanas podridas. La corrupción de los gobiernos de Mariano Rajoy seguían no ya sin rectificarse, sino a ser sancionada por Sánchez con una corrupción aún mayor.

Esto nos permite extraer una conclusión política bastante menos discutible: la honradez no viene incorporada en el carné de ningún partido.

El principio polarizador, ese que se le achaca en exclusiva al rival, a la derecha, aparece cuando la corrupción ajena se presenta como consecuencia de la naturaleza moral del adversario, mientras la propia se trata como una desviación individual que nada tiene que ver con el partido gobernante.

Hay una evidente asimetría. Si los casos del PP desacreditaban su capacidad para gobernar, los que afectan al PSOE no pueden despacharse únicamente como decepciones personales. Deben dar lugar, además, a una evaluación de los mecanismos de selección, vigilancia y control de quienes ejercen responsabilidades públicas.

La regeneración democrática no consiste en que los nuestros sustituyan a los otros. Consiste en que ni los unos ni los otros puedan hacer lo que les dé la gana.

El enemigo que sirve para explicarlo todo

En noviembre de 2023, durante su discurso de investidura, Sánchez construyó buena parte de su intervención sobre una disyuntiva: avanzar o retroceder. Eso está bien. En la vida o se avanza o se retrocede. En política se avanza en prosperidad, unidad, limpieza y objetivos nacionales, o se retrocede en esos campos. Pero su avance se reduce simplonamente a su YO y el retroceso al TÚ.

De un lado, las fuerzas progresistas; del otro, el PP y Vox, vinculados a una corriente reaccionaria internacional. Su imagen política fue la necesidad de levantar un «muro» frente a esas fuerzas.

Ahí reconocemos dos técnicas clásicas de propaganda: la simplificación y el contagio.

La primera reduce cuestiones muy diferentes a una sola confrontación. La segunda reúne a adversarios distintos bajo una misma etiqueta, de modo que los defectos atribuidos a unos terminen contaminando la percepción de todos.

Por supuesto que existen afinidades entre diferentes partidos conservadores europeos. También diferencias importantes. El problema surge cuando esas diferencias desaparecen del discurso y cualquier discrepancia con el Gobierno queda situada en el lado equivocado de una frontera moral.

Así, un desacuerdo sobre impuestos, inmigración, vivienda, organización territorial o políticas sociales puede terminar interpretándose como una manifestación del mismo impulso reaccionario.

La paradoja es que un Gobierno que se proclama defensor del pluralismo utiliza un lenguaje que puede reducir la legitimidad de una parte de ese mismo pluralismo.

Esto no significa que las propuestas de Vox y del PP, así como las de Sumar y de todo aquel que quiera presentarse como aspirante a gobernar estén exentas de crítica.

Significa que la democracia necesita distinguir entre una posición equivocada, una propuesta perjudicial, una conducta antidemocrática y un delito. No son lo mismo, por mucho que una campaña electoral pueda obtener ventajas tratándolos como si lo fueran.

Sánchez ha perfeccionado, además, la repetición de unas pocas ideas: progreso, derechos, mayoría social, reacción y amenaza de retroceso. Asumiendo que los ciudadanos ya habían sido mentalmente acondicionados por los medios de comunicación afines les puso delante el principio de orquestación.

Cuando todos los asuntos se interpretan a través del mismo relato, el relato termina siendo más importante que los asuntos.

Una parte de verdad puede ocultar otra

La demagogia más eficaz no siempre necesita mentir en todo. Le basta con seleccionar cuidadosamente qué parte de la verdad coloca delante del público, pues así se «ve» una verdad y se ocultan todas las demás verdades. Argucia simple para ciudadanos simples.

La amnistía de 2023 ofrece un ejemplo muy ilustrativo.

Antes de las elecciones generales de julio, Sánchez había descartado esa medida. Después, cuando la investidura dependió de los votos independentistas, comenzó a defenderla en nombre de la convivencia y la normalización política de Cataluña. No cambió el criterio.

Sin duda que cambiar de criterio puede ser legítimo si hubiera, que en este caso ni siquiera asoma, un motivo bien reflexionado de toda una sociedad. Pero lo que no puede desaparecer del análisis de los ciudadanos ni de las instituciones es el hecho de que la nueva posición venga dada por una necesidad parlamentaria decisiva para conservar el Gobierno.

La técnica propagandística consiste en presentar solamente la primera y dejar a la nación sin un debate del contexto de lo que sucedió en el golpe de estado independentista del 1-O de 20217. La secesión quedó fuera del cuadro que Sánchez pintó.

Algo parecido ocurre con la comunicación económica.

España ha registrado resultados aparentemente favorables en crecimiento y empleo. Pero es más innegable constatar que tales cifras se apoyan en una manipulación estadística: el crecimiento es cada vez más improductivo y las cifras ofrecidas se apoyan en una manipulación de las estadísticas y de la estructura de esos empleos. Resultado: el bienestar material de los ciudadanos no ha mejorado.

La vivienda, la productividad, la capacidad adquisitiva y las dificultades de emancipación de los jóvenes forman también parte del balance. Un buen dato de PIB oficial y sesgado no resuelve por sí solo el problema de quien trabaja y no puede permitirse alquilar una casa, por mucho que se culpe a quienes ninguna respondabilidad tiene en ello: los propietarios de las escasa viviendas existentes.

El procedimiento consiste en tomar una realidad artificialmente favorable y utilizarla para representar una realidad general mucho más compleja. Es la exageración del falso logro, acompañada de el silenciamiento de aquello que lo rectifica.

La máquina del fango y el problema de quién controla a quién

En abril de 2024, Sánchez publicó una carta a la ciudadanía, anunció un período de reflexión sobre su continuidad al frente del Gobierno y denunció una campaña de destrucción personal y política relacionada con las investigaciones sobre su esposa.

El episodio dejó planteada una cuestión institucional de primera importancia: ¿quién determina qué información constituye una crítica legítima y cuál forma parte de una campaña de intoxicación?

No puede ser el propio Gobierno el árbitro exclusivo de esa distinción. NUNCA.

Un Ejecutivo tiene derecho a defenderse de una acusación falsa, pero debe hacerlo aportando pruebas, recurriendo exclusivamente a la justicia y sometiéndose al escrutinio público. Si utiliza indiscriminadamente expresiones como «pseudomedios» o «máquina del fango», solamente extiende sobre las informaciones incómodas una sospecha que no ha demostrado. Y en la comunicación política, la mera sospecha suele esconder tras ella una evidencia de culpabilidad.

Hay investigaciones periodísticas rigurosas, otras deficientes y otras sencillamente falsas. Pero esa clasificación no puede depender de cuánto incomoden al poder.

También las apelaciones a la autoridad técnica requieren transparencia. Durante la pandemia de 2020, la controversia sobre el denominado comité de expertos de la desescalada puso de manifiesto la dificultad para conocer con precisión quién intervenía en determinadas evaluaciones. Existían técnicos dispersos y profesionales sin coordinación en los que el Gobierno se apoyaba selectivamente para justificar un confinamiento que resultó ineficaz en lo que se decía pretender y muy conveniente en la discrecionalidad y en el abuso del poder gubernamental. Se afirmó la existencia de un comité de expertos, independiente y formal, que luego se reconoció con evidente descaro que jamás lo hubo.

Aquí el asunto fundamental no es negar la necesidad de conocimiento especializado. Es justamente el contrario: cuanto más importante sea una decisión administrativa, más necesario resulta identificar sus fundamentos técnicos, sus responsables y los procedimientos de revisión.

No basta con decir que algo lo recomiendan los expertos. Debe poder saberse qué y quiénes recomiendan, por qué y quién adopta finalmente la decisión.

La vivienda: un problema real convertido en arma electoral

La crisis de vivienda permite observar todos estos mecanismos casi simultáneamente.

El 2 de octubre de 2026, el Congreso rechazó dos decretos del Gobierno. El PP, Vox y Junts votaron en contra, aunque sus posiciones y argumentos no eran idénticos.

La respuesta política del bloque gubernamental tendió a presentar aquel rechazo como una elección entre los ciudadanos necesitados de vivienda y los intereses de los grandes propietarios y fondos de inversión.

Ninguna consideración al tiempo perdido en construir viviendas desde que en 2018 accedió Sánchez al gobierno. Desde ese tiempo la escasez de ellas pasó de 500.000 a 750.000 en España, según los datos del Banco de España. No interesaba solucionar un problema realmente porque lo que importa al populista es crear tensión social y enfrentamiento. Para ello el problema debe persistir y aumentar, no resolverse.

Es una simplificación eficaz, pero insuficiente. Una política de vivienda puede perseguir objetivos socialmente deseables y contener, al mismo tiempo, medidas discutibles o contraproducentes. Cabe discrepar de sus instrumentos sin desear el problema que pretende resolver.

Más interesante todavía es lo sucedido después.

Tras anunciar las elecciones generales del 29 de noviembre, Sánchez volvió a aprobar, el 6 de octubre, dos decretos que mantenían buena parte de las medidas rechazadas. Esta vez su convalidación corresponderá a la Diputación Permanente del Congreso, cuya composición ofrece una aritmética parlamentaria diferente.

El argumento para ello es que el Congreso bloquea. El Congreso es la base de la legitimidad nacional en cuanto se basa en las urnas. No es, por eso, una patente de corso, un expediente que justifique cualquier cosa que de él salga. Hay contrapesos e instituciones que recortan su poder para que éste no se vuelva legitimador de una deriva autoritaria.

Pero si el Congreso en pleno no es absolutamente discrecional, ¿por qué un comité reducido, la Diputación Permanente del mismo, compuesta no por un reflejo de la cámara sino por una componenda entre partidos donde quien no tiene mayoría en ella, si la tiene?

No se trata de declarar ilegal una decisión cuya constitucionalidad está discutida. Se trata de plantear si aprovechar una posibilidad procedimental para sortear una derrota parlamentaria respeta adecuadamente el espíritu de los contrapesos democráticos. Y el resultado de cualquier reflexión seria resuelve que no. Por su arbitraria composición y por la limitación a la que se debe: solamente puede aprobar lo ya aprobado por el Congreso, no cambiar el mandato del mismo.

Aquí aparece la diferencia entre tener poder, disponer de una vía jurídica y hacer un uso institucionalmente adecuado de ella.

La democracia no necesita un Gobierno de los buenos

El discurso de Sánchez ha incorporado sistemáticamente algunos de los recursos más eficaces de la demagogia moderna: simplificar las controversias, agrupar adversarios bajo una misma amenaza, reiterar consignas, seleccionar verdades favorables y presentar determinadas decisiones como exigencias morales que apenas admitirían discusión.

La política democrática utiliza legítimamente símbolos, emociones y mensajes sencillos para sintetizar cuestiones complejas. El problema comienza cuando estos recursos sustituyen la explicación y la responsabilidad y se falta una y otra vez a la verdad.

La historia, por ejemplo, debe ayudar a reconocer los peligros del autoritarismo. Pero convertir cualquier adversario en heredero de las peores experiencias históricas puede terminar trivializando aquellas experiencias y empobreciendo la discusión presente.

Lo que necesitamos no es un Gobierno que se proclame garantía de la democracia, sino una democracia cuyas garantías funcionen con independencia de quién gobierne.

Eso exige administraciones profesionalizadas, controles parlamentarios efectivos, criterios transparentes para nombramientos y subvenciones, organismos fiscalizadores autónomos, justicia independiente y mecanismos de evaluación de las políticas públicas. En el Estado y en las comunidades autónomas.

El objetivo no es debilitar la capacidad de un Gobierno para actuar. Es impedir que su capacidad de actuación se transforme en arbitrariedad.

Después de ocho años en el poder, un presidente no necesita seguir explicándonos que sus intenciones son mejores que las de sus adversarios. Necesita responder judicial y políticamente por sus decisiones, sus contradicciones, los controles que ha respetado y los resultados que ha obtenido.

Porque la democracia no consiste en que gobiernen quienes se consideran buenos. Consiste en que nadie, por muy bueno que se crea, pueda gobernar sin límites.