Un sistema rediseñado
La supresión en agosto de 2019 del servicio independiente de inspección de minas y su dilución en una estructura ambigua y sin rigor, diseñada específicamente para no ver, trajo como resultado no sólo la complicidad indirecta de Izquierda Unida, como vimos ayer, sino la más grave de los entonces consejeros Enrique Fernández y Nieves Roqueñi, y, ya sin duda alguna, del Presidente del Principado, Adrián Barbón.
El informe sobre el Servicio de Minas no describe un fallo puntual, sino una secuencia perfectamente datada en la que el sistema no solo no corrige, sino que actúa de forma que neutraliza su propia función de control.
Ver Informe IGSS Servicio de Minas_06-04-2026
La clave es esta: no es que no viera. Es cómo funcionaba cuando los dos exconsejeros y el Presidente veían.
Control sin consecuencias
Desde el inicio, el rebajado sistema inspector estaba activo pero las canalizaciones internas estaban viciadas de origen.
- Entre diciembre de 2019 y todo 2020 se suceden inspecciones periódicas (20 de mayo, 23 de junio, 28 de julio, 25 de septiembre, 22 de octubre, 27 de noviembre).
- En 2021 continúa la actividad (26 de enero) y aparece ya un elemento relevante: el informe de restauración del 21 de junio. Es decir, había control formal. Pero sin consecuencias.
El punto de inflexión
El punto de inflexión llega en 2022, y es inequívoco.
- El 25 de agosto se produjo un accidente en Cerredo. Ese mismo día hay inspección.
- El 2 de septiembre aparece una denuncia ciudadana que pregunta directamente si se está extrayendo carbón sin permisos y por qué hay transporte real de mineral.
- El 22 de septiembre se vuelve a inspeccionar.
- El 21 de diciembre se emite un informe sobre el accidente.
Aquí el sistema ya sabe. No es que sospechara la irregularidad, es que la conoce, sabe que existe.
La decisión clave
Y, sin embargo, entra en la fase más grave, bajo el mandato del entonces consejero Enrique Fernández y bajo la presidencia de Adrián Barbón (25 de julio de 2019 – 1 de agosto de 2023).
- En enero de 2023 se abre expediente por actividad no autorizada (10/01/2023).
- El 2 de febrero se intentó sancionar pero la sanción fue rechazada.
- El 11 de abril se validó la documentación tras inspección.
Y el resultado final fue decisivo: se permitió el reinicio de la actividad.
Este es el momento clave de toda la secuencia porque no estamos ante una omisión sino que estamos ante una decisión activa: el sistema detecta la irregularidad, la tramita… y permite continuar con la irregularidad sin detener.
De la continuidad a la consolidación
A partir de ahí, la responsabilidad política de la Consejería cambia de manos, pero no de naturaleza. Una naturaleza que resulta imposible de que cambiara pues el Presidente del Principado seguía siendo Adrián Barbón.
Con la llegada de Nieves Roqueñí como consejera (1 de agosto de 2023 – 13 de febrero de 2025), el problema ya no está oculto. Es conocido y lo que ocurre no es su corrección, sino su consolidación.
- Las inspecciones continúan (24 de agosto y 3 de octubre de 2023).
- El 6 de octubre se autorizan equipos.
- Y el 8 de julio de 2024 se aprueba el Proyecto de Investigación Complementaria (PIC), que se convierte en el instrumento clave: una cobertura legal ambigua que permite mantener la actividad dentro de un marco formalmente válido.
El sistema no se corrige. Se normaliza.
El desenlace
- El ciclo se cierra en 2025.
- El 12 de marzo hay una nueva denuncia empresarial.
- El 31 de marzo se produjo el accidente mortal con cinco fallecidos.
- El 7 de abril se encarga una inspección extraordinaria. Demasiado tarde.
La secuencia es clara:
- 2019–2021, control sin eficacia, con Enrique Fernández y Adrián Barbón.
- 2022, detección del riesgo real, con Enrique Fernández y Adrián Barbón
- 2023, decisión de no corregir, con Nieves Roqueñí y Adrián Barbón.
- 2024, legitimación administrativa, con Nieves Roqueñí y Adrián Barbón.
- 2025, una consecuencia fatal: explosión con cinco mineros fallecidos, con Nieves Roqueñí y Adrián Barbón.
Un modelo, no un error
El informe añade además elementos que refuerzan esta lectura: denuncias remitidas a la propia empresa antes de inspeccionar, expedientes no abiertos pese a irregularidades, falta de valoración final de hechos y fragmentación administrativa que diluye responsabilidades entre organismos. Incluso con denuncias en Fiscalía o en el Instituto para la Transición Justa, el sistema no reacciona.
No es un fallo técnico. Es un modelo.
Enrique Fernández no solo no corrigió el sistema cuando ya sabía que fallaba: permitió su continuidad.
Nieves Roqueñí no heredó un problema desconocido: heredó un problema evidente y lo convirtió en normalidad administrativa.
Adrián Barbón no sólo decidió el organigrama de la opacidad, sino que estuvo siete años encubriendo por omisión las irregularidades mortales.
Uno detecta y no corrigió. La otra recibe y siguió sin corregir. El Presidente cubrió a uno y al otro.
Cerredo no es un accidente. Es la consecuencia de un sistema decidido por el Presidente del Principado mediante una reforma del Servicio de Minas que, durante años, procesó la información crítica de tal forma que anuló su efecto. Un sistema que no estaba diseñado para no ver, sino para que, viendo, no pasara nada.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED