El consejero Alejandro Calvo ha abierto un debate que suena incorrecto, incompleto y hasta propagandístico en ese punto donde la verdad ha de estar a la vista: en los números. Es la misma mala y gravosa solución que el Gobierno del Principado pide al ministerio de Óscar Puente que aplique para el peaje del Huerna y de cuyo correcto enfoque y solución, hemos dado cumplida cuenta junto con Francisco Álvarez-Cascos en estas páginas.
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Rescatar el «peaje en la sombra» de la AS-II, operación que ha calificado de “razonable” debe llevar consigo la operación de transparencia imprescindible para la sociedad: ¿Cuánto costará a las arcas del Principado y, por ello, a los asturianos? Esto ya no es un matiz, es el núcleo del problema: explicar sin ocultamientos cuánto cuesta exactamente esa “razonabilidad”.
Porque aquí estamos ante una operación ideológica, la preferida por este consejero y su presidente, en la que, cuando se profundiza en su contabilidad real, el relato empieza a hacer aguas.
El canon que ya paga Asturias
La AS-II no tiene peaje visible, ni corre a cargo de los usuarios directamente, pero no es gratis. Funciona bajo un contrato de concesión en peaje en la sombra, lo que significa que el Principado paga cada año a la concesionaria en función del tráfico. Una solución aceptable y muy digna estratégicamente por cuanto facilita la construcción eficaz de la infraestructura así como su mantenimiento y pago de la misma.
Lo que Calvo propone es «rescatar» la concesión, que, aunque tal verbo suene a la liberación de un secuestro, resulta claramente más caro y con peor modo de gestionar, es decir, justamente lo contrario de una liberación.
Es, simplemente, estatalizar, cargar a la administración asturiana de unos gastos que, como ya es sabido de ella, suelen acabar superando a los de una privatización o a una colaboración público-privada como es el del peaje en la sombra.
Pero ni siquiera el núcleo del problema es si la gestión burocrática de la administración es o no peor que la del concierto con la gestión empresarial. El problema es que, tras haber sido la del peaje en la sombra una buena solución para las arcas del Principado porque facilitó tanto su construcción por Sacyr Concesiones, como la modalidad de pago, ahora, Alejandro Calvo busca que sea la Administración Regional quien se haga cargo de todo.
Y dado que aún no hemos llegado en España al sistema «exprópiese», el Principado ha de pagar de golpe lo que le debe a la empresa constructora y concesionaria. Y esto es lo que el Consejero oculta a la opinión pública.
Los números
El canon ronda los 11 millones de euros anuales. El contrato se extiende hasta 2035.
Traducido: quedan aproximadamente nueve años de pagos, lo que sitúa el flujo pendiente en torno a los 100 millones de euros. Hasta aquí llega el cálculo político simplificado. Y aquí es donde empieza la ficción.
Rescatar no es dejar de pagar, es pagar de golpe
El planteamiento implícito del Gobierno es simplista: rescatar ahora para evitar pagar después. El problema es que el Derecho administrativo no funciona así.
La legislación de contratos públicos y la doctrina concesional son claras: en caso de rescate anticipado, la Administración debe compensar al concesionario por el equilibrio económico-financiero del contrato. Eso incluye la inversión no amortizada, los costes financieros pendientes y, sobre todo, el lucro cesante.
Es decir, el beneficio que la empresa esperaba obtener hasta el final de la concesión. Por tanto, rescatar la AS-II no significa ahorrar esos 100 millones. Significa pagar ahora, en forma de indemnización, lo que la empresa iba a cobrar en los próximos años, incluido su margen empresarial.
El coste real que no se quiere decir
Si se incorporan estos elementos, el coste del rescate cambia de dimensión. Partiendo del flujo pendiente, en torno a 100 millones de euros, y ajustando por valor actual, margen empresarial y lucro cesante, la estimación razonable se mueve ya en otra escala.
En un escenario bastante optimista se movería entre 130 y 140 millones. Y en caso de litigio, si la concesionaria discute la indemnización o el Principado intenta rebajarla, podría elevarse a una horquilla de 150 a 180 millones.
Otra cosa muy posible es que el Gobierno de Adrián Barbón, pague y calle ante los asturianos lo pagado.
Es decir, el rescate no es un gesto neutro, ni una maniobra de propaganda sin factura. Es una decisión de impacto presupuestario inmediato, con cifras que superan con claridad el relato político. Y, sin embargo, el consejero Calvo no ha presentado ni una sola cifra oficial.
El riesgo jurídico que nadie menciona
Hay otro elemento que se está omitiendo deliberadamente: el riesgo jurídico. Si el Principado intenta rescatar la concesión limitando la indemnización —por ejemplo, excluyendo el lucro cesante— la concesionaria tiene base para acudir a los tribunales o a arbitraje.
Y en ese escenario, el rescate se retrasa, el coste se incrementa y la incertidumbre se traslada al conjunto del sistema. La experiencia en otras concesiones es clara: cuando se fuerza el equilibrio económico-financiero, el ajuste acaba produciéndose igualmente, pero con sobrecostes.
La contradicción del planteamiento estatista
El argumento político del Gobierno es que rescatar la AS-II permitirá “ahorrar intereses y beneficios empresariales”. La realidad es justamente la contraria: esos beneficios están protegidos contractualmente y deberán ser abonados en el rescate.
No se eliminan. Hay que abonarlos.
Este es el punto débil de fondo del planteamiento estatista: parte de la idea de que la gestión pública elimina costes, cuando en realidad lo que hace es cambiar su forma de pago. De un flujo anual asumible se pasa a un desembolso inmediato elevado. De un contrato estable se pasa a un proceso con riesgo jurídico. De un coste distribuido se pasa a un impacto presupuestario concentrado.
El problema es no decir cuánto cuesta el rescate
Conviene decirlo con claridad: rescatar la AS-II no es, en sí mismo, una aberración técnica. Puede ser una decisión legítima. Pero no se puede plantear sin cifras.
Y hoy, el debate en Asturias está exactamente ahí: un consejero que habla de “razonabilidad” sin poner números encima de la mesa, un Gobierno que sugiere ahorro sin cuantificar costes y una discusión pública que se mueve más en el terreno del eslogan que en el de la contabilidad.
Conclusión
Rescatar la AS-II no es dejar de pagar. Es pagar de peor forma, en un solo momento y con más riesgos.
Y mientras el consejero Calvo no diga cuánto cuesta exactamente ese rescate —con todos sus componentes, incluido el lucro cesante—, la “razonabilidad” seguirá siendo una palabra simplistamente política y, como tal, engañosa.
Una vez más, a la izquierda le falla la economía y se enreda en la mera propaganda. Porque en materia de concesiones, como demuestra cualquier análisis serio, las cifras no son una opinión. Son la realidad.
Cálculo orientativo del rescate de la AS-II
Para entender de qué magnitudes estamos hablando, conviene partir de una hipótesis sencilla. Si el canon anual de la AS-II ronda los 11 millones de euros y el contrato se extiende hasta 2035, tomando como referencia 2026 quedarían aproximadamente nueve años de pagos pendientes. El cálculo nominal básico sería, por tanto, de 99 millones de euros, que puede redondearse en torno a 100 millones.
Ahora bien, ese flujo pendiente no equivale automáticamente al coste del rescate. Una concesión no se extingue pagando solo lo que resta por abonar, sino indemnizando el valor económico del contrato interrumpido. Ahí entran factores como el valor actual de los pagos futuros, la inversión no amortizada, los costes financieros, el equilibrio económico-financiero del contrato y, muy probablemente, el lucro cesante.
La conclusión es sencilla: el cálculo político de 11 por 9 sirve como punto de partida, pero no como cifra final. En un rescate de estas características, los 100 millones nominales son solo la base; el coste efectivo dependerá de cómo se valore jurídicamente el contrato y de si el Principado quiere pagar rápido o acabar discutiendo durante años en los tribunales.
- Escenario optimista: 130–140 millones de euros
- Escenario litigioso: 150–180 millones de euros
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED