La cuestión de confianza no es un gesto, es la prueba que separa el mero discurso de la responsabilidad política real.
La frontera política de Covadonga Tomé
Si Covadonga Tomé no concluye su línea de responsabilidad política apuntando directamente a Adrián Barbón mediante la exigencia de una cuestión de confianza ante la Junta General, su posición quedará inevitablemente equiparada a la de Izquierda Unida. Y si opta por exigir únicamente la dimisión del presidente, se alineará con la derecha —PP y Vox—, que ya ha adoptado esa vía. No hay escapatoria: o define su propia posición institucional o se diluye en las ajenas.
La única salida coherente
Diferenciarse, para ella y para las víctimas de los accidentes en Cerredo (2+5), no es menor. La cuestión de confianza no es una ruptura automática, sino una prueba de legitimidad. Es el instrumento que permite exigir responsabilidad política sin caer en el maximalismo ni en la ambigüedad. Es, en este momento, la única salida coherente dentro del marco que ella misma ha contribuido a construir.
La línea de contención de IU
Frente a ello, la posición de Izquierda Unida resulta cada vez más problemática. En la entrevista que Ovidio Zapico dio a La Nueva España, él mismo confirma el diagnóstico —“fallo del sistema”, “responsables políticos”—, pero establece un límite claro: excluir a Barbón de su responsabilidad. Es una línea de complicidad política con el máximo responsable de todo lo ocurrido en Cerredo, una salvaguarda, también, a su propia responsabilidad en no denunciar durante 7 años desde el apoyo parlamentario, primero, y desde el Consejo de Gobierno, después.
Una responsabilidad estructural compartida
Esa complicidad no es casual. IU arrastra una responsabilidad fundamental en el problema que ahora denuncia. Porque lo que queda claro después del Informe del Servicio de Inspección de Minas es que su desactivación y la subsiguiente ceguera administrativa y política ante lo ocurrido en Cerredo fue causa de los accidentes mortales.
Durante los siete años en los que tal servicio de inspección de minas fue desactivado, la formación de izquierdas atravesó dos fases clave: primero como socio parlamentario que sostuvo al Gobierno que aprobó la reestructuración de Minas en 2019; después, desde 2023, como parte del propio Consejo de Gobierno que no corrigió ese modelo. Es una responsabilidad política pareja a la de todos los miembros del Consejo de Gobierno, al menos desde 2023, incluida la del Presidente.
Y ahí está el límite: IU no podría exigir responsabilidades plenas a Barbón sin reconocerse a sí misma dentro de la cadena de decisiones que llevaron hasta aquí. Su posición actual —reconocer el fallo pero acotar la responsabilidad a los exconsejeros socialistas— responde a esa complicidad de origen. Su crítica a estos es una vergonzante fuga de su propia cercana responsabilidad.
El riesgo de dilución para Tomé
Precisamente por eso, Covadonga Tomé no puede situarse en ese mismo plano sin traicionarse a sí misma y a las víctimas. Si limita su exigencia de responsabilidad a los exconsejeros responsables del área de Minas, quedará integrada en la misma lógica de complicidad que IU. Y si, a pesar de ello, lo hace, perderá el elemento que hasta ahora la distingue: la coherencia entre el diagnóstico y las consecuencias.
El maximalismo de la derecha
La derecha, por su parte, ha optado por la vía más directa: exigir la dimisión de Barbón. Es una posición políticamente comprensible, pero institucionalmente poco operativa en el contexto actual. No articula una transición ni plantea un mecanismo verificable de legitimidad. Es una salida de confrontación, no de control.
El espacio político decisivo
Por eso, el espacio político relevante no está ahí. Está en otro punto. Covadonga Tomé tiene ahora la posibilidad de ocuparlo. Su posición le permite algo que IU no puede hacer sin reconocer su propia responsabilidad y que la derecha no está planteando: exigir responsabilidad política aprovechando el mecanismo del sistema democrático reservado al Presidente: la cuestión de confianza, es decir, poner su cargo a disposición de los diputados elegidos por los asturianos. Pero para ello necesita dar el paso que convierte el discurso en propuesta.
La cuestión de confianza no es un gesto. Es una prueba.
Y en este momento, es también una frontera. Si no la cruza, su posición quedará reducida a una crítica más dentro del bloque de la izquierda. Si lo hace, marcará una línea propia y obligará a todos los demás a definirse.
Ahí se juega su prestigio. Y ahí se verá si su apuesta es simplemente discursiva… o verdaderamente política.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED