Análisis realizado con el equipo de asesores de Asturias Liberal
El juez Rafael Abril, del Juzgado de lo Mercantil Nº 3, con sede en Gijón, se halla inmerso en escuchar a la empresa Duro Felguera (DF) defendiendo su Plan de Reestructuración y a los acreedores defendiendo su dinero.
La tesitura de dilucidar con las cuentas y con la ley quién debe cobrar antes, quién después y quién no, se complica para él cuando hay que abordar el caso de los préstamos públicos de la SEPI (Sociedad Estatal de Participaciones Industriales) concedidos a cargo del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE).
La decisión en cuanto a esta ayuda del Gobierno es vital tanto para el mantenimiento de la actividad de la empresa más emblemática de Asturias como para sentar un precedente jurídico para otras empresas intervenidas. En todos los casos similares en los que se encuentran préstamos del FASEE hay un dilema jurídico-financiero fruto del deficiente diseño que estos fondos tuvieron.
Aprobados por el Gobierno para atender a empresas estratégicas en crisis debido a la pandemia, su encaje legal es difuso y hace difícil recuperar el dinero público invertido. Pero en el caso de Duro Felguera (DF) hay circunstancias que lo hacen posible. Veamos.
El caso de Duro Felguera ya no puede analizarse solo como el problema financiero de una empresa industrial en dificultades. La situación ha evolucionado hacia una mezcla de reestructuración societaria, intervención pública, ingeniería financiera y posible redefinición futura de cómo el Estado ejercerá el control de las empresas.
Mientras el juez Rafael Abril estudia el plan de reestructuración antes de decidir si la compañía entra formalmente en concurso de acreedores, el debate real ya no consiste únicamente en saber si Duro puede sobrevivir, sino en responder a una cuestión más delicada: qué naturaleza tuvieron los rescates del Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas y qué ocurre cuando una empresa rescatada años atrás sigue necesitando apoyo público para mantenerse viva.
La diferencia esencial está en la posición de la SEPI. En Duro Felguera, el organismo público no actuó simplemente como prestamista externo. El rescate incluyó condiciones de gobernanza, presencia en el consejo de administración y supervisión prolongada de la compañía. Eso cambia completamente el escenario.
Porque cuando el Estado valida la viabilidad de una empresa, condiciona su estructura de gobierno, participa en el consejo durante años, renegocia plazos de devolución y permanece dentro de la compañía mientras la deuda sigue viva, deja de ser un acreedor pasivo para convertirse en parte del propio proceso empresarial.
Ahora bien, conviene introducir una cautela importante. En el plan de reestructuración conocido hasta ahora no aparecen indicios claros de que la SEPI pretenda ejecutar una conversión masiva de deuda en acciones. Más bien parece que el organismo público sigue apostando por otra lógica: homologación judicial del plan, continuidad operativa y recuperación gradual de una parte relevante del préstamo a largo plazo.
Eso explicaría la apuesta de SEPI por ampliar los plazos de devolución del préstamo, el mantenimiento de la estructura actual y la ausencia, por ahora, de movimientos visibles orientados a una toma de control accionarial.
Mientras exista una expectativa razonable de cobro parcial relevante, la SEPI tiene más incentivos para seguir comportándose como acreedor que para transformarse en accionista de riesgo.
El Principado: menos dinero, peor posición práctica
En Duro también aparece otro actor público: el Principado de Asturias, a través de la Sociedad Regional de Promoción (SRP), con un préstamo de 6 millones. Al tratarse de una sociedad de derecho privado, su crédito puede situarse en una lógica más cercana a la de los préstamos bancarios que a la del crédito público administrativo.
Sobre el papel, esa posición podría parecer jurídicamente más limpia que la del FASEE. Sin embargo, en la práctica, el Principado parece tener una posición más débil que la SEPI en cuanto a capacidad real de defensa. Tiene menos poder negociador, menos influencia sobre el plan global y menos capacidad para condicionar el rumbo de la empresa.
La paradoja es clara: la SRP puede tener un crédito jurídicamente menos ambiguo pero que lo sitúa en el orden de cobro de los acreedores privados y, según el Plan que los propietarios mejicanos han presentado, estará entre los que reciban probablemente una quita del 100% si el juez, y solo él, no lo rectifica. Por su parte, el Gobierno de Adrián Barbón ni siquiera amaga para reclamarlo.
La SEPI, en cambio, soporta más exposición y más complejidad jurídica, pero también conserva más capacidad para influir en el tablero de la empresa asturiana.
Tubos Reunidos: el laboratorio del rescate Covid
Otra empresa en una situación aparentemente similar ocupa las páginas de información económica también de Asturias: la empresa vasca Tubos Reunidos. No siendo un caso igual al de la empresa asturiana, puede ayudar a entender el problema que el Gobierno generó al diseñar difusamente los préstamos FASEE, por falta de estudio, por premura o por la razón que haya sido.
El caso de Tubos Reunidos permite entender los límites de ese modelo. Allí la SEPI actuó fundamentalmente como acreedor relevante a través del FASEE, pero sin entrar en el consejo de administración ni asumir control directo de la gestión.
Eso convierte el caso en una crisis más pura desde el punto de vista concursal: insolvencia, deterioro operativo, desplome bursátil, tensiones de tesorería y concurso de acreedores.
La empresa vasca cerró 2025 con pérdidas superiores a 118 millones de euros y una deuda cercana a 263 millones. A ello se sumaron factores estructurales especialmente dañinos: costes energéticos elevados, aranceles estadounidenses al acero, pérdida de competitividad, conflicto laboral y reducción de actividad industrial.
Pero el aspecto más interesante no está solo en las cuentas, sino en la naturaleza jurídica del rescate.
Tubos Reunidos reconoció un patrimonio neto contable negativo de casi 100 millones de euros, aunque a efectos mercantiles seguía mostrando patrimonio positivo gracias al tratamiento especial de parte de la financiación participativa entre la que está la de los FASEE del Gobierno. Los créditos FASEE y otros cuentan como activo de la empresa.
Esa diferencia resume la ambigüedad de muchos rescates Covid: jurídicamente la empresa podía seguir viva con patrimonio mercantil positivo; económicamente estaba profundamente deteriorada con cuentas negativas.
Ahí aparece el gran debate técnico. El préstamo participativo tiene una naturaleza híbrida: parece deuda, pero en determinados aspectos se aproxima al capital.
Y eso genera dudas decisivas cuando llega el concurso de acreedores: qué rango tiene realmente ese crédito, si es subordinado, si es ordinario, si conserva algún privilegio como crédito público o si puede terminar equiparándose parcialmente a capital.
De cómo se resuelva lo anterior depende que SEPI se mantenga como acreedor en Tubos Reunidos o se convierta en accionista. Esa misma duda, que cabe preguntarse para DF, está más clara para la empresa asturiana, como veremos.
No existe todavía una respuesta plenamente consolidada porque el FASEE es un instrumento reciente y apenas ha sido puesto a prueba en procedimientos concursales de esta magnitud.
Por eso Tubos Reunidos se ha convertido, de hecho, en un laboratorio jurídico sobre los rescates públicos posteriores al Covid como el de Duro Felguera salvando ciertas diferencias como dijimos.
Las lecciones de Tubos para Duro
El caso Tubos permite extraer varias advertencias útiles para Duro Felguera, aunque ambas situaciones no sean idénticas.
La primera es que convertir deuda en acciones puede salvar temporalmente el balance de una empresa, pero también puede empeorar la posición jurídica del acreedor público. En el caso de Duro Felguera así sucede.
- ●Mientras la SEPI mantenga un préstamo con influencia en el consejo de administración de DF, conserva al menos derechos de cobro, cierta prelación y posición concursal.
- ●Si esa deuda la transforma en capital, el Estado pasa a ser accionista y el dinero público deja de aspirar prioritariamente al cobro para convertirse en apuesta empresarial de riesgo.
El accionista, conviene recordarlo, cobra el último. Y si el acreedor público adquiere una participación relevante o entra en control efectivo de la sociedad, determinadas interpretaciones concursales podrían incluso aumentar el riesgo de subordinación del crédito restante.
Traducido al lenguaje normal: el Estado puede terminar deteriorando su propia posición jurídica si, para mantener viva una empresa, transforma su préstamo en acciones de la misma.
Sin embargo, precisamente por ese motivo, no parece que esa sea hoy la vía preferente de SEPI en Duro Felguera. Al menos no mientras exista la posibilidad de homologar el plan actual y mantener una expectativa razonable de recuperación gradual del préstamo. Eso para el Gobierno de España.
Para el Gobierno del Principado de Asturias la situación es totalmente diferente, como vimos, y depende íntegramente de que el juez considere como público el préstamo de la SRP, asunto casi imposible ya que el Principado no ha hecho ni hará ningún movimiento para demostrar el origen público de los 6 millones de euros que entregó a la empresa.
La segunda lección es aún más importante: una reestructuración financiera no equivale automáticamente a una solución industrial. Una empresa puede refinanciar deuda, prorrogar vencimientos, reorganizar su accionariado o mejorar temporalmente su balance y seguir arrastrando los mismos problemas de fondo: costes altos, márgenes reducidos, dependencia política o deterioro de mercados.
Puede salvarse el balance sin salvarse realmente el negocio. O dicho en Román Paladino: el juez puede aprobar el Plan que la empresa presentó para salvarse financieramente pero no convertirse aún en una empresa industrialmente viable a corto y medio plazo. Depende de la gestión posterior de los directivos. Y visto lo visto hasta ahora con los altos cargos de la empresa, tal gestión está por ver.
El cierre vuelve a Duro
Por eso el caso Duro Felguera ya no gira exclusivamente alrededor de si la empresa sobrevivirá o no. También es fundamental para los ciudadanos contribuyentes determinar cuánto podrá recuperar finalmente el Estado de su/nuestro dinero, cuánto tiempo puede sostenerse el esquema actual y hasta qué punto los rescates Covid han terminado convirtiéndose en una forma degradada de política industrial.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED