La marcha de los trabajadores de Mina Miura hacia Oviedo ha servido a Ovidio Zapico para volver a situar a Izquierda Unida de Asturias en el terreno clásico de la izquierda más desacreditada: control público, nacionalización y apelación a Hunosa y la SEPI como herramientas de rescate del sector.
La noticia publicada por El Comercio presenta a Zapico defendiendo que las explotaciones mineras estratégicas pasen al control público bajo el paraguas de Hunosa, alineándose así con las tesis del SOMA y con la idea de que el sector energético no puede quedar “al arbitrio” de empresas privadas insolventes.
La posición delicada de IU
Sin embargo, el problema político de IU no está en el discurso, sino en el contexto desde el que lo pronuncia. Y ese contexto es extremadamente delicado para la formación de Zapico por al menos dos razones.
La primera es Cerredo. Durante siete años, Asturias careció de un Servicio de Seguridad Minera independiente después de que el Decreto 81/2019 del Gobierno de Adrián Barbón integrara dicho servicio en una estructura burocrática más amplia, diluyendo su autonomía y rigor en los controles.
Aquella decisión fue aprobada por el Consejo de Gobierno presidido por Barbón y ejecutada desde la Consejería de Industria dirigida entonces por Enrique Fernández cuya responsabilidad política en los accidentes es cada vez más evidente.
IU fue apoyo parlamentario del Ejecutivo en 2019 y desde 2023 pasó además a integrarse directamente en el Gobierno sin exigir nunca la restitución de ese servicio hasta después del accidente mortal de Cerredo.
Cerredo y el intento de desplazar el foco
Ese es el núcleo de la inconsistencia política de IU: intentar presentarse ahora como defensora de los trabajadores y de la seguridad minera cuando sostuvo durante años un esquema administrativo bajo el cual se produjeron irregularidades, controles fallidos y una mina donde murieron cinco trabajadores.
La apelación a la nacionalización aparece así también como un intento de desplazamiento del foco político.
La segunda razón es puramente electoral. Tanto en Asturias como en el conjunto de España, las encuestas llevan meses describiendo un deterioro severo del espacio político situado a la izquierda del PSOE, es decir, el ámbito de Podemos, Sumar e IU cuyos seguidores evitarán volver a depositar sus votos en esas formaciones.
Esa familia política fue soporte esencial tanto del Gobierno de Barbón como del Gobierno de Pedro Sánchez.
Y precisamente por eso intentan reconstruir un perfil propio y diferenciado, especialmente en territorios simbólicos como las cuencas mineras asturianas.
La doctrina Barbón y la contradicción de IU
El problema es que ambas debilidades —Cerredo y el hundimiento electoral— llevan a IU a moverse en dos contradicciones muy difíciles de sostener.
Con la primera, al pedir que el Estado controle y gestione las explotaciones mineras al completo, la formación parece asumir sin declararlo la llamada “doctrina Barbón” sobre Cerredo: toda la responsabilidad recae exclusivamente sobre la empresa privada explotadora, Blue Solving y a la vez le exige al Presidente que exijan responsabilidades políticas y administrativas centradas en la gestión de Enrique Fernández, Nieves Roqueñí y Belarmina Díaz.
Pero al mismo tiempo IU reclama ahora un modelo de control político integral del carbón asturiano.
Y ahí aparece la segunda: si hasta ahora IU exigía responsabilidad política y administrativa por la gestión de las minas ratificando lo que toda Asturias sabe: que ésta fue nefasta, «olvidando» que durante siete años los dirigentes de IU miraron hacia otro lado ante lo que ocurría en Cerredo, ¿por qué habría de confiarse ahora en un sistema aún más dependiente de la gestión política y administrativa?
Hunosa y SEPI como pilares problemáticos
La contradicción se amplía cuando IU sitúa a Hunosa y a la SEPI como pilares del nuevo modelo.
Hunosa aparece mencionada en distintas derivadas documentales del caso Cerredo debido a su papel en el lavado de carbón para Carbones La Vega, sociedad vinculada según diversas líneas de investigación al mismo entorno societario que Blue Solving.
Aunque ello no implique automáticamente responsabilidad penal, sí convierte a Hunosa en un actor documental relevante dentro de una trama cuya trazabilidad todavía investiga la justicia.
Y la apelación a la SEPI tampoco parece especialmente sólida en términos políticos. Precisamente en los últimos meses han aparecido investigaciones sobre presuntas comisiones, contratos bajo sospecha y operaciones irregulares en el entorno de la propia SEPI relacionadas con rescates empresariales y adjudicaciones públicas.
Apelar a ella como garantía automática de transparencia y eficacia resulta, cuanto menos, problemático.
El regreso a una fórmula agotada
En el fondo, la propuesta de IU transmite una idea que la propia experiencia histórica terminó erosionando: que la solución a los fallos administrativos y políticos consiste en ampliar todavía más el control político y administrativo.
Pero la historia económica, incluida la del viejo carbón estatalizado, dejó también una larga secuencia de ineficiencias, redes clientelares, sobrecostes y estructuras incapaces de sostenerse sin subsidio permanente.
Por eso, más que un proyecto de futuro, la nacionalización general del sector parece hoy el regreso a una etapa que los propios hechos acabaron enterrando.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED