Una cartera de servicios diferente
¿Es justo que los españoles tengan una «cartera de servicios» diferente en función de la autonomía donde viven? Esto implicaría plantearse la centralización total de la sanidad.
¿Es justo y normal que los españoles tengan diferentes «becas, apoyos o subvenciones» —o distintas posibilidades de acceder a ellas— en función de la autonomía donde vivan, como ocurre ahora? Esto implicaría la centralización total de la educación.
¿Son las diferencias culturales y sociales tan amplias en España como para justificar todas las competencias transferidas y la diferenciación regional existente? En absoluto.
Se trata de un auténtico «abuso regional» legalizado en los Estatutos de Autonomía y favorecido por gobiernos débiles y acomplejados en Madrid desde 1980 hasta nuestros días.
Esto debería conducir a la centralización de numerosas competencias, para que exista una distribución justa entre los ciudadanos de todas las regiones, tanto de sus obligaciones como de sus derechos, evitando la discriminación —no sé si positiva o negativa— en función del territorio.
Cuando el código postal determina el acceso a servicios, ayudas o derechos, la descentralización deja de ser únicamente administrativa y empieza a convertirse en desigualdad política.
¿A qué deberían reducirse las autonomías?
¿A qué deberían reducirse las autonomías para evitar este desmadre competencial y este despilfarro en España?
En primer lugar, creo que habría que eliminar todas o casi todas las competencias políticas. Quizá, en algún caso, podría mantenerse algún organismo o alguna competencia de poca entidad que resultase más eficaz o eficiente en el ámbito regional.
Pero siempre habría que evitar una discriminación regional contraria a la igualdad de los españoles ante la ley, la justicia y los derechos habituales en la Unión Europea.
Entre esos derechos debería encontrarse la posibilidad de disfrutar de un nivel de vida general de calidad en cualquier parte del territorio nacional, sin que las diferencias administrativas terminen convirtiéndose en desigualdades permanentes.
España necesita una nueva organización territorial
Por lo tanto, España necesita una nueva Constitución en la que se garantice la igualdad de derechos de todos los ciudadanos en todos los territorios o regiones.
Hablo de regiones, no necesariamente de «autonomías», como fueron denominadas muchas entidades creadas artificialmente, que nunca habían existido como tales, como Castilla y León o Cantabria, entre otras.
Todos los españoles deberían tener los mismos derechos básicos, salvo las pequeñas diferencias culturales propias y características de cada región.
Cuando uno viaja por el mundo —Estados Unidos, Rusia, India, etc.— se da cuenta de lo pequeña que es España, e incluso la propia Unión Europea, en comparación con algunos estados o regiones de esos países.
¿Tiene sentido mantener en Europa estas estructuras regionales casi sobrenaturales de gasto político, creadas, en el caso de España, desde 1980?
Gobiernos y parlamentos sobredimensionados
Deberían desaparecer muchas de las competencias políticas creadas a partir de la Constitución de 1978 o, al menos, reducirse a bastante menos de la mitad.
También debería reducirse el tamaño de los órganos ejecutivos de los gobiernos regionales —Junta de Andalucía, Xunta de Galicia, Generalitat de Cataluña, etc.— y, en consecuencia, los parlamentos autonómicos deberían disminuir considerablemente su dimensión o incluso desaparecer en algunos casos.
Está clarísimo que podrían reunirse, como mucho, dos meses al año, con sueldos y gastos limitados a esos dos meses, para aprobar las leyes correspondientes a las escasas competencias que conservaran.
Les sobra tiempo, estructura y despilfarro. Las autonomías regionales, artificiales casi todas ellas, han generado en España una sobreestructura burocrática y un gasto anquilosado, mantenidos normalmente por interés político y no por necesidades reales de gestión.
La burocracia tiende a justificar su propia existencia: crea organismos para gestionar competencias y después utiliza esos organismos como argumento para conservarlas.
Descentralización no siempre significa progreso
Mientras Europa, España y otros países no se organicen mejor, será muy difícil alcanzar un verdadero progreso económico, institucional y social.
Por eso da la sensación de que transferir competencias a las regiones no ha servido necesariamente para mejorar la calidad de vida general de los ciudadanos, como sostienen algunos defensores del sistema.
Creo que, a largo plazo, los problemas estructurales socioeconómicos terminan siendo mucho más importantes. Así parece estar demostrándose en Cataluña aproximadamente cincuenta años después del inicio de este proceso.
Asturias como ejemplo
Un ejemplo evidente lo tenemos en nuestro Principado de Asturias. Diversos informes financieros y económicos sitúan a la región entre las comunidades con menor competitividad fiscal, lo que se traduce en una de las cargas tributarias más elevadas de España.
Después de décadas de autonomía, estructuras administrativas, parlamento propio, consejerías, organismos y empresas públicas, cabe hacerse una pregunta elemental: ¿ha generado todo ese aparato una economía más competitiva, una población más próspera y mejores oportunidades?
Si la respuesta no es claramente afirmativa, quizá haya llegado el momento de cuestionar no solo la gestión de una autonomía concreta, sino la utilidad y el coste del propio modelo autonómico.
La descentralización solo se justifica cuando acerca una gestión mejor y más eficiente al ciudadano. Cuando multiplica el gasto, consolida privilegios territoriales y produce desigualdad, deja de ser una solución para convertirse en parte del problema.
Empresario y político por servicio a la sociedad. Diplomado en Derecho Tributario y Asesoría Fiscal. Diplomado en Asesoría Laboral y Seguridad Social.
Mi propósito es difundir y dar a conocer ideas, defendiendo sin complejos un extenso ideario cuyos ejes son el valorar la familia como ámbito transmisor de vida y núcleo educador por excelencia, respetando y promoviendo su labor social y humana y su derecho natural. La familia es el elemento fundamental de nuestra sociedad y la impulsora del bien individual y común.