Un premio y una pregunta incómoda
El pasado 15 de junio, S.M. el Rey presidió el acto de entrega del premio «15 de Junio» al periodista Miguel Ángel Aguilar, otorgado por la asociación civil España Juntos Sumamos, en reconocimiento a sus valores constitucionales y a su contribución a una sociedad más unida y cohesionada.
El premio conmemora la fecha en que se celebraron las primeras elecciones democráticas, el 15 de junio de 1977.
Esto me ha suscitado algunas reflexiones que me gustaría compartir con ustedes respecto a lo que yo considero que es la definición de la democracia o de lo que significa ser un demócrata.
Me da la impresión de que nuestra «clase política» trabaja justamente en sentido opuesto al de la sociedad civil: en separar y descohesionar.
A río revuelto…
Cinco condiciones para una democracia plena
Para que una democracia sea plena, debe cumplir principalmente cinco condiciones fundamentales:
Procesos electorales libres y plurales, con sufragio universal, alternancia posible y transparencia total, cuyos resultados sean públicos y comprobables.
Libertades civiles y respeto a los derechos humanos, como la libertad de expresión, la libertad de asociación y la igualdad ante la ley de todos los ciudadanos.
Funcionamiento eficaz del Gobierno y división real de poderes —legislativo, judicial y ejecutivo—, independientes entre sí, con soberanía efectiva y ausencia de corrupción.
Una verdadera cultura democrática, basada en la aceptación de los resultados electorales, el consenso institucional, el respeto de todos los partidos por las instituciones, la tolerancia y el diálogo.
Participación política activa e inclusión de la ciudadanía, acceso a la información mediante una prensa libre y, como consecuencia, confianza en un sistema que no dejará a nadie sin derechos.
Tal vez, a la vista de estos puntos, el amable lector ya haya detectado que la democracia española presenta varios puntos negros respecto a esta definición «canónica» de lo que debe ser una democracia plena.
Cuando el voto no vale lo mismo
Por empezar por algún sitio, tenemos el sistema electoral y la aplicación de la fórmula D’Hondt, que modifica sustancialmente la traducción de los votos en escaños en función de las distintas circunscripciones y de su población.
Esto da más valor práctico al voto emitido en unos territorios que en otros o, dicho de otra manera, hace «más barato», en número de votos, obtener un escaño en una provincia que en otra.
Además, los votos que, dispersos entre distintas circunscripciones, no alcanzan para conseguir un representante quedan huérfanos.
Un ejemplo: PACMA sumó 169.237 votos en las últimas elecciones generales y, al no lograr representación en ninguna circunscripción, todos esos votos se perdieron y no tienen quien los represente.
Cuando cientos de miles de votos no producen ninguna representación, la legalidad del sistema puede mantenerse intacta, pero su representatividad merece ser discutida.
Una separación de poderes más nominal que efectiva
La división de poderes es más que cuestionable en España, ya que el Ministerio Fiscal mantiene una relación orgánica con el Ejecutivo y los jueces de los tribunales superiores del Estado son elegidos mediante órganos fuertemente condicionados por los partidos políticos.
Tenemos tan asumida esta situación que hablamos de «jueces conservadores» y «jueces progresistas» sin sentir ni un átomo de vergüenza, cuando los jueces deberían ser absolutamente ajenos a los vaivenes políticos y no tener adscripción partidista alguna.
La democracia por rachas y por barrios
La cultura democrática española funciona por rachas o, más exactamente, por barrios ideológicos.
Para algunos partidos, cuando ganan, el resultado constituye un «triunfo de la democracia»; cuando pierden, resulta que «la gente vota mal», que «la democracia no es perfecta» o que se han producido pucherazos e irregularidades.
En ocasiones llegamos incluso a contemplar cómo los dirigentes o militantes de un partido insultan directamente a los votantes de sus adversarios.
Una conducta muy democrática, como puede apreciarse.
Una prensa que dejó de vigilar al poder
La prensa, considerada el cuarto poder democrático, debería actuar como contrapeso y vigía permanente de los poderes públicos.
Desgraciadamente, se encuentra vendida en su práctica totalidad —salvo algunas honrosas, pero frágiles excepciones— a determinados grupos económicos, políticos o ideológicos que simpatizan con uno u otro bando.
Ya no se publican simplemente verdades, hechos o informaciones contrastadas, sino interpretaciones sesgadas de la realidad que favorecen al partido o al poder que influye sobre cada medio.
De hecho, RTVE, con independencia de quién gane las elecciones, termina convirtiéndose en el medio de comunicación del partido instalado en el Gobierno.
Y esto ocurre cuando debería ser el medio más escrupulosamente aséptico, plural e imparcial de todos, puesto que pertenece a quienes votaron al Gobierno y también a quienes no lo hicieron.
La corrupción como mecanismo sistémico
La corrupción… ¿qué puedo decir que no se esté viendo actualmente en la prensa y en los juzgados?
Siempre habrá corrupción.
Allí donde la firma de un político sea imprescindible para hacer un negocio, esa firma adquirirá un precio y siempre habrá alguien dispuesto a pagar y alguien dispuesto a cobrar.
Los propios partidos no parecen demasiado interesados en endurecer las penas ni en establecer controles y barreras eficaces contra la corrupción.
Por eso, el problema es sistémico y tiene una solución muy difícil mientras no exista una verdadera voluntad política de afrontarlo.
No basta con perseguir al corrupto cuando es descubierto; hay que reducir las oportunidades, los incentivos y la impunidad que permiten que aparezca.
La ética que debería descender desde arriba
Pero, por encima de todo, debería encontrarse la ética pública.
Y viendo que «el one» está evidentemente relacionado, informado y rodeado de corrupción —tal vez incluso implicado— y se niega a dimitir, ¿qué conducta puede exigirse, aguas abajo, al conjunto de su aparato?
Envidio esas democracias sanas en las que, no ya ante un delito probado, sino ante una sospecha suficientemente grave, los cargos políticos dimiten o son obligados a dimitir.
La gran abundancia española: demagogia
Lo que sí tenemos a espuertas en España es demagogia, palabra de origen griego formada a partir de δῆμος —dēmos, pueblo— y ἀγωγός —agōgós, líder o guía—.
En la antigua Grecia, un demagogo era un dirigente o conductor del pueblo, pero los políticos españoles han conseguido darle al término un sentido completamente distinto.
La demagogia es una degeneración de la democracia y una estrategia para conseguir o conservar el poder político.
Consiste en apelar a los prejuicios, emociones, miedos o esperanzas del público para obtener apoyo popular, utilizando la retórica, la desinformación y la propaganda política.
No se habla de hechos, realidades o datos concretos, contrastables y verificables, sino de sensibilidades, impresiones, emociones y sensaciones convenientemente administradas.
Del «jarabe democrático» al «ataque fascista»
Un ejemplo clásico de demagogia lo encontramos en Pablo Iglesias, para quien un escrache era «jarabe democrático» cuando lo sufrían sus adversarios.
El término escrache apenas se recordaba en España porque, hasta entonces, se había tenido el buen gusto de no organizar semejantes actos de intimidación política con la frecuencia que posteriormente adquirieron.
Podemos utilizó el adjetivo «democrático» para revestir de legitimidad lo que en realidad era una forma de acoso intimidatorio y, como poco, gamberro.
Sin embargo, cuando Pablo Iglesias sufrió en sus propias carnes exactamente el mismo comportamiento, aquello dejó de ser «jarabe democrático» y pasó a convertirse en un «ataque fascista».
«Fascista» funciona hoy como otro adjetivo demagógico y comodín, útil para descalificar, desautorizar y denostar al contrario sin necesidad de aportar contenido ni justificación.
Tanto se ha empleado que terminó significando simplemente «persona que no piensa como Podemos» y, por extensión y contagio posterior, cualquiera que no simpatice con la izquierda en general.
Hasta el propio Felipe González se ha convertido en un «facha» para algunos.
Pedro y Pablo, aunque no estén solos
Podría aportar más ejemplos, empezando por Pedro Sánchez, cuya cara debería aparecer junto a la definición de la palabra «demagogo» en las enciclopedias.
Pero son tantas las mentiras, ocultaciones, contradicciones, imposturas y tergiversaciones acumuladas en su hemeroteca que necesitaría varios tomos para recogerlas, y esto es solamente un artículo.
Seguro que alguien que me lea y tenga «sensibilidad» de izquierda encontrará numerosos ejemplos de demagogia entre los políticos de derechas.
De eso se trata precisamente: de que seamos capaces de detectar a cualquier demagogo y de ignorar sus mensajes cuando sean falsos, manipuladores e interesados.
Pero, como quien escribe esto soy yo, mi opinión es que los dos mayores demagogos de España son Pedro y Pablo.
Eso no significa negar que haya muchos más, tanto a babor como a estribor.
Mucho trabajo por hacer
Mucho trabajo queda para que España llegue a ser una democracia verdaderamente plena.
Y no veo a nadie que esté real, sincera y decididamente interesado en afrontar sus deficiencias estructurales y solucionarlas.
Veremos…
La democracia no se conserva mediante homenajes, ceremonias ni palabras solemnes, sino vigilando al poder, limitando sus abusos y exigiendo a todos las mismas reglas.
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