La magnitud de la tragedia que hoy golpea a miles de familias venezolanas —no solo en las regiones directamente sacudidas por los recientes sismos, sino de manera extendida en zonas históricamente vulnerables como el litoral guaireño del estado Vargas— nos sitúa ante una encrucijada existencial.
Frente al dolor, la devastación de infraestructuras básicas y el colapso absoluto de servicios esenciales, la tentación inmediata del poder suele ser refugiarse en esquemas centralizados, militarizados y burocráticos.
Es preocupante que ante la emergencia se pretenda reincidir en el rígido modelo militarista de un «Estado Mayor Conjunto», un esquema mañoso que impera desde los años de Hugo Chávez.
La historia reciente nos demuestra que esa centralización extrema solo deviene en ineficiencia: las soluciones no llegan y, cuando lo hacen, son lentas, tardías y de una rigidez inaceptable cuando hay vidas en juego.
La respuesta humanitaria y la posterior reconstrucción nacional exigen un enfoque diametralmente opuesto.
No es incompatible seguir salvando vidas y rescatando con urgencia a las víctimas atrapadas entre los escombros, al mismo tiempo que se articulan —desde ya— los grandes planes para levantar al país.
La atención de la emergencia inmediata y la planificación estratégica del desarrollo urbano deben correr por carriles paralelos y complementarios.
Hacia una gobernanza híbrida y coordinada
Para atender una crisis de esta envergadura, con miles de víctimas, heridos y más de 60 mil desaparecidos, la conducción pública y privada debe estar firmemente acompañada de expertos. El momento exige un manejo híbrido del poder.
No se trata de decretar la exclusión ni el sectarismo, sino de coordinar un esfuerzo nacional e internacional unificado que involucre de forma flexible al sector privado, a los gremios y a las academias jurídicas y técnicas.
Asimismo, hay que facilitar espacios para el concurso activo de organizaciones no gubernamentales, movimientos religiosos y la oleada de voluntarios dispuestos a ayudar.
En este entramado, un papel estelar están llamados a cumplir los organismos multilaterales de primera línea como la ONU, la OEA, el BID, la CAF y el PNUD.
La urgencia demanda la creación inmediata de un pool de grupos élites de rescate, así como la instalación logística eficiente de centros de acopio (agua, comida, ropa y asistencia psicológica), hospitales de campaña y campamentos de alojamiento seguro.
Sin embargo, no podemos quedarnos atrapados en el asistencialismo reactivo.
Establecer un fondo de reconstrucción es una prioridad inaplazable. Tomando en cuenta que el estimado en pérdidas materiales supera los 6.700 millones de dólares —más del 3 % de nuestro PIB, según datos del PNUD—, se requiere una garantía absoluta de transparencia en el manejo de esos recursos que se están enviando a Venezuela.
En este esfuerzo, la diáspora venezolana jugará un papel fundamental, no solo a través del envío de remesas, sino mediante la transferencia activa de conocimientos, ideas y proyectos de vanguardia.
Venezuela no puede seguir siendo el país de la improvisación reactiva. El desmantelamiento de nuestros centros de monitoreo sísmico es el vivo reflejo de un Estado que abandonó por completo la prevención.
Las duras experiencias de catástrofes pasadas, como el deslave de diciembre de 1999, nos presentan la vergonzosa realidad de «damnificados que siguen siendo damnificados» en muchas regiones del país, como Mérida, Guárico, Cumaná y los Valles del Tuy.
En aquella fecha, prestigiosos expertos de la Universidad Central de Venezuela (UCV) y de la Universidad de Los Andes (ULA) elaboraron proyectos impecables que, lamentablemente, fueron ignorados por los arrogantes que detentaban el poder.
No podemos repetir esos errores. Es vergonzoso comprobar cómo las policías llamadas a proteger a los ciudadanos los atracan o perpetran robos; ver cómo se boicotea la entrada de rescatistas o el ingreso de ayuda humanitaria.
En estas circunstancias es imperativo convocar a los expertos, a la gente que acumula experiencia real en la solución de emergencias y desastres, y buscar lecciones en aquellas naciones del mundo que han sufrido estas mismas tragedias —sismos, deslaves, inundaciones o tsunamis— y que lograron rehacer a sus respectivos países desde las ruinas.
Cinco niveles para reconstruir el país
Levantar las zonas impactadas requiere activar de inmediato un andamiaje técnico y legal bien estructurado bajo cinco niveles de planificación rigurosa: un Mapa de riesgo, un Plan de ordenamiento urbano local, un Plan estratégico de desarrollo de la ciudad y, finalmente, Planes especiales en parroquias determinadas.
Incluso los problemas más inmediatos sobre el terreno deben abordarse con criterios de sostenibilidad e innovación.
Ante la pregunta de qué hacer con los escombros, la respuesta no puede ser el desecho caótico. Proponemos transformarlos en soluciones: desde la construcción de canales navegables con el material recuperado hasta la edificación de viviendas temporales o semitemporales dignas.
Se trata de hacer valer la máxima de que la ciudad vieja construye a la ciudad nueva.
La responsabilidad de reconstruir Venezuela
Salvar vidas hoy es nuestra prioridad absoluta; planificar la reconstrucción es nuestra responsabilidad histórica. Luchar con la verdad embanderada.
Esa es la línea trazada que se dispone a seguir María Corina Machado. Darle sentido a las respuestas, con transparencia, apertura internacional y la guía irrenunciable de la ciencia, de la academia y de los ciudadanos, de la gente que llena ese vacío que deja un Estado ausente, porque sus instituciones han sido demolidas por la dictadura.
Esa gente no oculta su indignación, pero tampoco pierde la cordura, más cuando tiene a María Corina como garantía de estabilidad, porque María Corina es su guía espiritual y muro de contención de ese temido estallido social.
Juntos transformaremos este profundo dolor en el cimiento definitivo de la Venezuela del futuro. Para lograr ese objetivo, hay que escuchar y abrazar a la gente, al mismo tiempo que se drena el dolor hacia ese nuevo orden.
Antonio José Ledezma Díaz (San Juan de los Morros, 1 de mayo de 1955) es un político y abogado venezolano, destacado opositor al régimen de Nicolas Maduro. Actualmente exiliado político en España. Fue el alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015, cuando fue sustituido por Helen Fernández.También se ha desempeñado como alcalde del municipio Libertador de Caracas en dos ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal. Fue dos veces Diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela (actual Asamblea Nacional) desde 1984 y fue elegido Senador de la República en 1994, siendo la persona más joven en ser elegida para ese cargo.