El Gobierno de Pedro Sánchez acordó el 28 de julio conceder un indulto parcial a Natalio Grueso, antiguo director general de la Fundación Centro Cultural Internacional Oscar Niemeyer.
El indulto es toda una expresión de ocultamiento de la complicidad del socialismo asturiano con unos delitos negados por éste hasta el mismo día de su condena.
La medida extingue toda la pena de prisión que todavía tenía pendiente, aunque mantiene los ocho años de inhabilitación, la multa y otras consecuencias de la condena. Grueso en prisión seguiría siendo para la FSA y para todos los conniventes con sus delitos un símbolo de culpabilidad.
Todos contentos, menos los contribuyentes, menos los asturianos de a pie, menos los estafados. Desaparece de todos lados, especialmente de la prisión.
La comunicación oficial del Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes afirma que el indulto responde a «motivos humanitarios relacionados con su estado de salud» y destaca que su solicitud fue promovida por «numerosos artistas y personas del sector audiovisual».
Un estado de salud para el que el Gobierno no aporta, ni siquiera confirma, la existencia de un informe médico que lo avale. Y unos artistas que, en buena parte, fueron llamados y bien pagados por el mismo Natalio Grueso con dinero público. Una vez más «la cultura» se siente libre de mirar para otro lado cuando se trata de los suyos y de los que les subvencionan profusamente.
No fue una pequeña irregularidad administrativa
La imagen benévola difundida por sus defensores presenta a Grueso como un gestor brillante castigado desproporcionadamente por unas facturas mal justificadas. Entre esos defensores figuraban los políticos regionales y avilesinos del PSOE y el medio regional El Comercio con su cabecera local La Voz de Avilés, en plena vorágine de informaciones y rumores de delitos.
La sentencia, sin embargo, describe una realidad sustancialmente diferente.
La Audiencia Provincial de Asturias lo condenó en 2020 a ocho años de prisión: cinco años por un delito continuado de malversación de caudales públicos en concurso con falsedad documental y otros tres años por un delito continuado societario.
También le impuso ocho años de inhabilitación para contratar con las administraciones públicas y fijó en 78.819,64 euros la indemnización que debía satisfacer solidariamente con el agente de viajes José María Vigil. Y el Tribunal Supremo confirmó en abril de 2023 la condena impuesta a Natalio Grueso
Los hechos probados describen una utilización de los fondos de la Fundación en beneficio propio, de familiares, amigos y personas de su entorno.
Se cargaron a la institución viajes, alojamientos, alquileres de vehículos y otros servicios ajenos a sus fines, mientras las facturas eran alteradas para sustituir a sus beneficiarios reales, modificar conceptos o presentar como actividades profesionales lo que no lo era.
El Tribunal Supremo recoge una extensa relación de servicios facturados a nombre de trabajadores o colaboradores de la Fundación que, en realidad, correspondían a otras personas o a finalidades particulares.
El mecanismo permitía que esos gastos entrasen en la contabilidad con apariencia de normalidad, pese a no responder a los fines institucionales del Centro Niemeyer.
La sentencia resume que Grueso dispuso de determinados fondos como si fueran de su propiedad.
A ello se sumó la manipulación continuada de la contabilidad.
Se omitieron facturas, se incorporaron documentos confeccionados para encubrir determinados gastos y se alteraron los resultados anuales con el propósito de presentar al Patronato unas cuentas más saneadas y ocultar el coste verdadero de algunas operaciones.
En 2007, por ejemplo, aparecía un superávit que no respondía a la realidad después de que más de 112.000 euros facturados por Viajes El Corte Inglés hubieran sido borrados del balance.
No fue, pues, el simple desorden administrativo de un creador poco atento a los papeles.
Fue una conducta continuada, sostenida durante años y articulada mediante documentos falsos o manipulados para esconder el destino de determinados fondos y la situación financiera real de la Fundación.
El indultado que no quiso ponerse a disposición de la Justicia
Cuando el Tribunal Supremo confirmó la condena, la Audiencia Provincial ordenó su ejecución.
Grueso pidió que se suspendiera el ingreso en prisión por motivos de salud, los mismos por los que el Gobierno acaba de indultarle, mientras se resolvía su solicitud de indulto, pero el tribunal rechazó esa pretensión por carecer de motivación médica.
En agosto de 2023, al no poder ser localizado, se dictó una orden de búsqueda, detención e ingreso en prisión.
La Fiscalía se opuso expresamente al indulto porque el condenado no se había mantenido a disposición del tribunal y porque los hechos estaban relacionados con aspectos de corrupción que empañan algunas esferas de la Administración pública.
Grueso permaneció huido durante más de dos años.
En febrero de 2024 se emitió una orden internacional de detención y entrega y, finalmente, fue localizado en diciembre de 2025 en el Algarve portugués.
Fue detenido cuando regresaba en ferry desde la isla de Culatra a Olhão, después de haber permanecido desaparecido durante aproximadamente dos años y cuatro meses.
No ingresó voluntariamente en prisión, no esperó la resolución del indulto a disposición de los tribunales y no mostró con su comportamiento un especial respeto por las decisiones judiciales cuya indulgencia reclamaba.
Se sustrajo al cumplimiento de la condena hasta que fue localizado por los agentes.
Este dato no es accesorio, porque el Gobierno ha extinguido la prisión pendiente de una persona que, después de pedir clemencia, decidió evitar durante más de dos años la ejecución de la sentencia. ¿A quién indultó pues concediendo un indulto fuera de toda lógica? ¿Al fallecido Vicente Álvarez Areces?
¿A la Consejera Ana Rosa Migoya?
¿A Santiago Rodríguez Vega y Pilar Varela apoyos imprescindibles como alcaldes de Avilés?
¿A toda la Federación Socialista Asturiana que cerró filas entorno a los delitos de Grueso?
El protegido político del primer socialismo institucional del Niemeyer
Natalio Grueso no apareció casualmente en Avilés.
Fue una elección respaldada desde el primer momento por el poder autonómico socialista encabezado por Vicente Álvarez Areces.
Ana Rosa Migoya, entonces consejera de Cultura, declaró durante el juicio que fue Areces quien le trasladó la propuesta de nombrar a Grueso director de la Fundación.
Migoya llevó su nombre al Patronato y explicó que se le conservó un salario anual de 93.500 euros, similar al que percibía en la Fundación Príncipe de Asturias, según publicó La Voz de Asturias.
El proyecto nació bajo la presidencia de Areces y fue acompañado por sus sucesivas consejerías de Cultura.
En el ámbito municipal comenzó durante la Alcaldía de Santiago Rodríguez Vega y alcanzó su máximo desarrollo con Pilar Varela, alcaldesa socialista de Avilés y vicepresidenta del Patronato.
Desde finales de 2006, antes incluso de que comenzara formalmente su contrato, Grueso ya actuaba como director in pectore del proyecto.
El Ayuntamiento puso a disposición de la Fundación equipamientos municipales, singularmente el Teatro Palacio Valdés, para que pudiera adelantarse la programación cultural antes de que estuviese concluido el Centro Niemeyer.
La colaboración institucional permitió, sin embargo, que la Fundación utilizara el prestigioso escenario del Teatro Palacio Valdés para presentar producciones, encuentros y artistas vinculados al futuro Niemeyer.
Aquella disponibilidad facilitó la presencia en Avilés de Joan Manuel Serrat, María Pagés o Kevin Spacey, quien posteriormente representaría Ricardo III en el Palacio Valdés dentro de la colaboración internacional construida alrededor del Niemeyer.
Pero el relumbrón de la programación no convertía a su director en propietario de los fondos ni dispensaba al Patronato y a las administraciones de controlar rigurosamente las cuentas.
Precisamente porque se manejaban recursos públicos, el prestigio artístico exigía más fiscalización y no menos.
Cascos señaló las irregularidades y fue acusado de atacar la cultura
El cambio político de 2011 alteró el sistema de relaciones y confianzas construido alrededor de Grueso.
El Gobierno de Francisco Álvarez-Cascos, con Emilio Marcos Vallaure como consejero de Cultura, revisó las cuentas y comenzó a exigir facturas, justificantes y explicaciones sobre viajes, hoteles, comidas y otros gastos.
La documentación examinada por el Principado advertía de gastos que carecían de soporte suficiente y de diferencias llamativas entre las cantidades justificadas y las efectivamente pagadas.
La reacción política y mediática fue inmediata y feroz.
Desde la Fundación se habló de un «ataque brutal» de Cascos contra la institución y Pilar Varela declaró que las supuestas irregularidades eran totalmente falsas. Ésta, como Vicepresidenta del Patronato Niemeyer, responsable de velar por el dinero que no era suyo sino de los ciudadanos, omitió su deber de fiscalizar.
Se organizaron movilizaciones en Avilés y una parte considerable del relato público presentó al nuevo Gobierno como enemigo de la cultura y responsable de poner en peligro el gran proyecto avilesino.
Cascos fue acusado de acoso, sectarismo y voluntad destructiva, mientras Grueso calificaba de «lamentables», «irresponsables» e «intolerables» las declaraciones del consejero Vallaure sobre la programación y la contabilidad de la Fundación, según recogió Europa Press.
Años después, la sentencia firme confirmó lo esencial de aquellas primeras advertencias.
Existían facturas manipuladas, gastos personales cargados a la Fundación, operaciones sin justificación suficiente y una contabilidad construida para ocultar información relevante al Patronato.
La Justicia convirtió retroactivamente en acertada cada decisión política adoptada por el Gobierno de Cascos y desmontó el relato según el cual las irregularidades eran una invención destinada a destruir el Niemeyer.
El problema no fue que Cascos hubiese atacado injustamente a una institución cultural, sino que esa institución cultural había sido utilizada para blindar políticamente una gestión que merecía ser investigada y como consecuencia, el Gobierno regional por él presidido cumplía su deber de fiscalizar
Mientras el Gobierno de Cascos trataba de esclarecer lo ocurrido, tuvo que soportar el acoso político del PSOE asturiano y avilesino, que convirtió la fiscalización de fondos públicos en una supuesta agresión contra Avilés y contra la cultura.
Quienes entonces negaron toda irregularidad deberían explicar ahora por qué la defensa política del gestor pesó más que la prudencia institucional exigible ante las primeras pruebas.
La banalidad cultural de la gratitud
La solicitud de indulto fue encabezada por Joan Manuel Serrat y apoyada, entre otros, por Woody Allen, Ana Belén, Víctor Manuel, Aitana Sánchez-Gijón, María Pagés y Manuel Pimentel.
Los escritos ensalzaban la trayectoria cultural de Grueso, el prestigio internacional conseguido y el incremento de visitantes generado durante su gestión.
El argumento es intelectualmente pobre y moralmente peligroso.
Una buena programación cultural no compensa una malversación, el éxito profesional no concede créditos penales y traer a grandes artistas a Avilés no autoriza a disponer del dinero público como si fuera propio.
Muchos de quienes apoyaron el indulto no eran observadores independientes, sino que formaban parte de la red cultural, profesional y personal construida por Grueso y pagada por los contribuyentes.
Woody Allen inauguró el centro con su banda y participó en actividades relacionadas con su programación cinematográfica.
Serrat había actuado en el Palacio Valdés invitado por el Centro Niemeyer.
Víctor Manuel grabó allí un concierto acompañado por Ana Belén y el propio Serrat, mientras María Pagés participó en actividades organizadas por la Fundación durante la fase previa a la apertura.
Es comprensible que sintieran gratitud, amistad o lealtad hacia quien los invitó, contrató, acogió o incorporó a un proyecto, si no fuera porque NO fue Grueso quien les pagó de su bolsillo sus visitas y actuaciones, sino los asturianos y españoles que financian esas y otras actividades culturales.
Lo banal consiste en confundir esa gratitud interesada con un criterio válido de justicia pública y no resulta, por tanto, aceptable que el Gobierno presente la notoriedad de los firmantes como argumento legitimador de su decisión.
La fama no añade valor jurídico a una petición de gracia y setenta celebridades nunca representan mejor el interés general que un fiscal, un tribunal sentenciador o cualquier ciudadano anónimo obligado a cumplir una condena.
La cultura deja de ser crítica con el poder cuando se limita a pedir privilegios para sus amigos. Se convierte entonces en una corporación sentimental: severa con los adversarios, indulgente con los próximos y convencida de que el prestigio artístico debe abrir puertas que permanecen cerradas para los demás.
Un motivo médico anunciado, pero no acreditado públicamente
El Gobierno sostiene que el indulto responde a razones humanitarias relacionadas con el estado de salud de Grueso.
Es perfectamente razonable que los detalles clínicos permanezcan reservados, porque nadie tiene derecho a conocer su diagnóstico, tratamiento o historia médica.
Pero proteger la intimidad no obliga a ocultar la existencia del fundamento técnico de la decisión.
La nota oficial no identifica si existe un informe médico actualizado, cuándo fue emitido, qué organismo o facultativo lo elaboró ni si procede de los servicios penitenciarios, de un médico forense o de especialistas privados.
Tampoco indica si algún profesional ha concluido que la enfermedad no puede ser tratada adecuadamente dentro del sistema penitenciario o que el cumplimiento de la condena supone un riesgo clínico extraordinario.
La omisión es especialmente relevante porque en julio de 2023 la Audiencia Provincial ya había examinado documentación médica aportada por la defensa y consideró entonces que la salud física y mental de Grueso podía ser atendida en prisión y que no se había acreditado un estado crítico e impredecible ni un agravamiento inevitable causado por el encarcelamiento.
La Audiencia recordó también que la legislación penitenciaria dispone de mecanismos específicos para enfermedades graves, sin necesidad de recurrir automáticamente al indulto. Con todo ello, a pesar de los criterios judiciales el Gobierno, no ha dejado constancia expresa de su existencia.
No necesita revelar la enfermedad y bastaría con informar de que el expediente contiene uno o varios informes médicos recientes, indicar su procedencia y resumir su conclusión esencial sin divulgar datos clínicos.
Eso permitiría comprobar que las «razones humanitarias» son algo más que una fórmula política destinada a envolver una decisión incómoda.
Mientras no lo haga, el ciudadano solo conoce tres hechos: Grueso fue condenado por malversación, falsedad y manipulación contable; huyó durante más de dos años para no cumplir la sentencia; y una red de personalidades culturalmente agradecidas pidió que fuera perdonado.
El Gobierno ha decidido escuchar a esa red así como lavar la imagen del socialismo connivente asturiano y hacer oídos sordos a la Fiscalía, que se opuso expresamente al indulto.
Porque el indulto no debería ser la devolución de un favor y la cultura, por mucha luz que proyecte sobre un escenario, no puede utilizarse para dejar en penumbra lo que establecieron los tribunales.
Fuentes y documentación
- Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes: concesión de cinco indultos parciales.
- Tribunal Supremo: sentencia sobre el caso de la Fundación Centro Niemeyer.
- RTVE: condena a ocho años de prisión por la gestión del Niemeyer.
- La Voz de Asturias: oposición de la Fiscalía al indulto.
- El País: detención de Natalio Grueso después de más de dos años fugado.
- La Voz de Asturias: Areces propuso a Grueso como director del Niemeyer.
- El País: irregularidades detectadas por el Gobierno de Álvarez-Cascos.
- Europa Press: enfrentamiento entre Grueso y el Gobierno de Cascos.
- El País: trayectoria de Grueso y apoyos culturales a su indulto.
- elDiario.es: valoración judicial de las razones médicas alegadas en 2023.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED