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El Gobierno pretende ahora europeizar una responsabilidad que durante ocho años dejó subordinada a la voluntad marroquí
Una catástrofe anunciada
Los vergonzosos hechos apenas necesitan repetirse: el 30 de julio, decenas de miles de personas partieron de Marruecos y alcanzaron Ceuta, principalmente a nado y bordeando el espigón del Tarajal. Hubo decenas de muertos cuya culpabilidad indirecta se reparten a partes iguales entre Moncloa y Rabat, la ciudad quedó desbordada y el Estado tuvo que desplegar apresuradamente policías, guardias civiles y militares.
En las horas siguientes, más de 48.000 de los casi 50.000 llegados habían regresado a Marruecos por imposibilidad de encontrar alojamiento y comida. La cuestión política no es solamente cómo pudo producirse la avalancha, sino por qué volvió a sorprender al Gobierno después de ocho años de advertencias.
Ocho años para reforzar la frontera
Desde junio de 2018 hubo tiempo para reforzar permanentemente los perímetros terrestres y marítimos de Ceuta y Melilla. También existieron recursos, planes y precedentes suficientes para considerar la ruta marítima como una vulnerabilidad estructural cuyo refuerzo debería ser inaplazable en un Estado que se tenga por tal y no como una contingencia imprevisible.
La fiscalización del Tribunal de Cuentas sobre las infraestructuras de seguridad revela problemas de planificación, priorización y ejecución: al finalizar 2024, solamente habían concluido 14 de las 67 actuaciones examinadas, mientras 53 continuaban pendientes. El reproche, por tanto, no es que no se gastara absolutamente nada, sino que se gastó tarde, con dispersión y sin corregir vulnerabilidades fronterizas conocidas.
La imagen que resume esa imprevisión es la barrera marítima de 500 metros instalada después de la catástrofe. La ruta a nado llevaba años utilizándose, pero el elemento físico de contención solo apareció cuando la frontera ya había sido rebasada y el coste humano era irreparable.
Además, el Tribunal Supremo había advertido de la insuficiencia del dispositivo marítimo. Su sentencia no prohibía devolver a quienes llegasen a nado, sino aplicarles el régimen especial de rechazo inmediato sin que hubieran superado un elemento físico fronterizo: una laguna material y jurídica que el Ejecutivo pudo corregir antes.
Más Frontex después del fracaso
Ahora Pedro Sánchez reclama que Europa comparta el control de la frontera. Las dos cartas remitidas el 1 de agosto confluyen en una mayor intervención europea y, operativamente, en reforzar Frontex, aunque parten de diagnósticos y motivaciones muy diferentes.
Los 22 dirigentes encabezados por Italia y Dinamarca sostienen que las regularizaciones, los cruces descontrolados y la percepción de que una entrada ilegal puede terminar proporcionando residencia legal constituyen factores de atracción. Su petición de reforzar Frontex expresa una conclusión política difícil de disimular: no confían en absoluto en la voluntad española de controlar el flanco sur con medios propios.
Sánchez, por su parte, reprocha a sus socios europeos su insolidaridad y presenta la vigilancia de las fronteras exteriores como una responsabilidad compartida. Moncloa pretende así socializar tardíamente el coste operativo y político de su propia imprevisión.
Europa debe colaborar, porque Ceuta constituye una frontera exterior de la Unión. Pero la responsabilidad europea no puede convertirse en una coartada para eludir responsabilidades nacionales: Frontex debe complementar la capacidad española, no sustituirla después de que la frontera haya fallado.
Rabat, Argel y la palanca migratoria
El problema de fondo es que la política española en el flanco sur ha quedado totalmente supeditada a Rabat. Marruecos controla la otra mitad de la frontera y posee la capacidad material de aumentar o reducir la presión migratoria: cuando despliega sus fuerzas, las concentraciones son contenidas; cuando relaja calculadamente la vigilancia, el flujo se multiplica.
En mayo de 2021, después de que España acogiera al dirigente del Frente Polisario Brahim Ghali, Marruecos retiró de hecho su contención fronteriza y unas 8.000 personas entraron en Ceuta. Aquel episodio demostró que la migración podía ser utilizada como instrumento de presión diplomática contra España.
En 2022, Sánchez respaldó, rompiendo así con décadas de apoyo español al pueblo saharaui, el plan marroquí de autonomía para el Sáhara, recompuso su relación con Rabat y provocó que Argelia suspendiera el Tratado de Amistad y Cooperación con España. Desde entonces, Madrid ha intentado reconciliar su dependencia política de Marruecos con los intereses energéticos y estratégicos en Argelia.
Toda una chapuza diplomática sólo explicable por posibles sumisiones personales de la familia Sánchez a los dirigentes y servicios secretos del reino alauí.
El 20 de julio de éste 2026, Sánchez viajó a Argel, calificó a Argelia como primer proveedor de gas, socio estratégico y socio fiable, y anunció una nueva etapa bilateral. Y no casualmente diez días después se produjo la avalancha de Ceuta: una secuencia coherente con la capacidad marroquí de recordar a Madrid quién controla la llave fronteriza.
El efecto llamada no entiende de boletines oficiales
También ha sido irresponsable la gestión política de la regularización extraordinaria. El Gobierno calculó inicialmente unos 500.000 posibles beneficiarios, pero el procedimiento terminó recibiendo 1.174.978 solicitudes, más del doble de la previsión inicial.
Buscando un beneficio censal a medio y largo plazo, se encontró con un reforzamiento de un efecto llamada que, unido al paso amistoso con Argelia y otros factores, produjo la debacle actual.
Una política que no calcula efectos nacionales, ni situaciones de continuidad, ni beneficios de Estado es lo que caracteriza la «gobernanza» de Sánchez. No es incompetencia solamente. Ésta existe, pero más grave aún es la entrega a la defensa única de la permanencia en el poder en medio de su propio caos judicial y familiar. Y cuando en una colmena la reina produce crías defectuosas, la colmena colapsa.
Quienes llegaron ahora a Ceuta no podían acogerse legalmente al proceso, porque debían acreditar residencia en España anterior al 1 de enero de 2026. Pero las mafias, los agitadores y las redes sociales no difunden disposiciones administrativas: difunden mensajes simples, expectativas y oportunidades aparentes.
La combinación de “España regulariza a más de un millón”, una sentencia presentada falsamente como prohibición de las devoluciones y una frontera marítima sin barrera física alimentó el mensaje viral de que “la frontera está abierta y se puede pasar sin papeles”.
Ni las mafias, en grado menor, ni los Servicios de Inteligencia marroquíes, en grado mayor, inventaron desde cero la debilidad española: la identificaron, la simplificaron y golpearon a una nación errática en su política e insensible en las desgracias.
La reivindicación territorial como factor de empuje
Sobre todos estos elementos opera el trasfondo territorial. Marruecos mantiene su reivindicación sobre Ceuta y Melilla, y medios marroquíes influyentes las presentan habitualmente como “ciudades ocupadas” o territorios cuya soberanía debe regresar a Rabat.
Durante los últimos meses, la prensa marroquí ha amplificado propuestas de una nueva “Marcha Verde” y referencias internacionales a ambas ciudades como “territorio marroquí bajo administración española”. No se trata de un adorno retórico: es un factor político que moldea percepciones y legitima socialmente la presión sobre las ciudades españolas.
Dentro de amplios sectores nacionalistas marroquíes, esa reivindicación reduce el umbral psicológico del cruce. Entrar irregularmente puede presentarse no como la vulneración de una frontera extranjera, sino como la recuperación individual o colectiva de una tierra considerada propia.
Recuperar la responsabilidad nacional
España necesita una capacidad permanente y propia de control terrestre y marítimo, con Frontex como complemento; una política migratoria que valore las señales que proyecta hacia el exterior; y relaciones con Marruecos y Argelia que no concedan a Rabat derecho de veto.
Marruecos está pasando de ser un vecino necesario por razones geográficas a ser un enemigo comercial y de seguridad, un vecino que dispone de una palanca fronteriza y de un apoyo internacional de los EE.UU y de Israel no disputado por Moncloa.
Dos potencias, EE.UU. e Israel, imprescindibles para contener a Marruecos y con quienes Sánchez buscó y busca enemistarse. Negarlo no es diplomacia prudente: es dependencia voluntaria.
Una frontera puede gestionarse mediante cooperación internacional. Lo que España no puede hacer es subcontratar su control a Marruecos y, cuando falla el contratista, enviar la factura a Europa.
Una subcontratación, una dejación de responsabilidades que acerca a España a dos horizontes ya vistos en su historia: el desastre de 1898 y la Marcha Verde de 1975.
Enlaces contextuales
- La Razón: el Tribunal de Cuentas alertó de deficiencias en los pasos fronterizos.
- Sentencia 814/2026 del Tribunal Supremo: texto sobre el rechazo en frontera de quienes llegan por mar.
- Revista de Estudios en Seguridad Internacional: análisis de la crisis de 2021 como operación en la zona gris.
- EL PAÍS: Marruecos ordena detener el éxodo después de la entrada masiva.
- EL MUNDO: cobertura de la dimensión internacional de la crisis de Ceuta.
- EL PAÍS: reacción oficial y mediática de Marruecos ante la tragedia.
- Ministerio de Inclusión: documento oficial de preguntas y respuestas sobre la regularización extraordinaria.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED