La exclusiva de The Objective reveló que el Principado proyectó trasladar a ocho menores tutelados a tres viviendas del Paseo de La Florida, vinculadas a García-Villamil SL y a Marta María Villamil, prima hermana, según la investigación, de Fernando Andrés Villamil Chamarro, jefe del Servicio de Infancia y Familias.
La operación no llegó a formalizarse, pero avanzó hasta confirmar públicamente la ubicación y celebrar reuniones con vecinos, propietarios y Fundación Diagrama. La nueva consejera de Derechos Sociales, Nerea Monroy, descartó después el inmueble por «razones técnicas y jurídicas».
El Principado remitió entonces el expediente a la Fiscalía, abrió una investigación interna y reconoció que un informe mencionaba el parentesco. Acudir a la Fiscalía es correcto, pero no suficiente.
La Fiscalía puede investigar posibles delitos. El Principado debe explicar cómo funcionaron sus propios controles.
Una Administración sorprendida por lo que ocurre dentro
La cuestión no es solo si Fernando Villamil intervino en una operación que podía beneficiar a una familiar. También hay que saber cómo una propuesta con posibles problemas jurídicos, registrales y de conflicto de intereses avanzó sin ser detenida.
Enviar documentos a la Fiscalía no equivale a explicar lo sucedido ni demuestra que los controles funcionaran.
El Principado debe revisar sus procedimientos, determinar quién hizo qué, qué controles se aplicaron y por qué las dudas solo aparecieron cuando el asunto llegó a la opinión pública.
Asturias Liberal exige que la investigación interna no sea decorativa ni quede subordinada a la Fiscalía.
El parentesco y la obligación de abstenerse
Si se confirma que Marta María Villamil es prima hermana de Fernando Villamil, existiría un parentesco de cuarto grado. El artículo 23 de la Ley 40/2015 obliga a abstenerse cuando un funcionario interviene en asuntos que afectan a familiares dentro de ese grado.
El parentesco no prueba por sí solo una infracción. Hay que saber si Villamil participó en la selección, autorización, financiación o supervisión del recurso.
Documentos que el Principado debe publicar:
- El expediente completo.
- La identidad de quienes propusieron la ubicación.
- Los informes técnicos, jurídicos y económicos.
- Las actas y resoluciones en las que interviniera el Servicio de Infancia.
- El historial del expediente electrónico.
- Las comunicaciones entre los implicados.
- La declaración de abstención o su inexistencia.
- Las declaraciones de ausencia de conflicto de intereses.
- Cuándo conoció cada responsable el parentesco.
Si Villamil no intervino o se abstuvo, parte de la sospecha desaparecería. Si intervino sin abstenerse, podría existir una infracción administrativa. Si hubo una decisión arbitraria para favorecer la operación, habría que estudiar posibles responsabilidades penales.
Las condiciones del inmueble
García-Villamil SL está vinculada al antiguo establecimiento Virgen de Guía, situado en la misma dirección. También consta una declaración judicial de insolvencia provisional y se han señalado cargas y embargos sobre los inmuebles.
Nada de ello hace ilegal automáticamente un arrendamiento, pero debía comprobarse antes de avanzar.
Y datos y hechos que igualmente debe dar a conocer el Principado:
- ●La información registral y sobre cargas.
- ●Los informes de solvencia y obligaciones tributarias.
- ●Cuándo se conocieron las circunstancias que llevaron a cancelar la operación.
- ●Las tasaciones y estudios de mercado.
- ●Los borradores de contrato y propuestas económicas.
- ●El alquiler previsto y quién lo negoció.
- ●El informe de la Secretaría General Técnica.
- ●Quién ordenó elaborarlo y cuándo.
- ●El índice de la documentación enviada a Fiscalía.
Si las cargas se ocultaron, habrá que identificar a los responsables. Si se conocían y fueron ignoradas, existiría un grave fallo administrativo. Si el precio era injustificado y hubo una intervención dirigida a beneficiar a la propiedad, habría que analizar posibles perjuicios y responsabilidades.
Diagrama no puede ser una cortina administrativa
Fundación Diagrama gestionaba el recurso y habría arrendado los pisos con financiación del Principado. Su intervención puede ser regular, pero introduce una capa intermedia que exige mayor trazabilidad.
Hay que saber quién eligió realmente los inmuebles.
Asturias Liberal exige publicar:
- El contrato o convenio entre el Principado y Diagrama.
- Quién selecciona y autoriza los inmuebles.
- Las comunicaciones entre Diagrama, la Consejería y la propiedad.
- Quién facilitó el contacto con los propietarios.
- Las actas de las reuniones.
- Los informes de validación.
- Si Diagrama conocía el parentesco.
- El origen y la justificación de los fondos.
Si Diagrama actuó autónomamente y en condiciones de mercado, su intervención podría ser legítima. Si el Servicio de Infancia condujo a la fundación hasta esos pisos, habría funcionado como intermediaria de una decisión administrativa. Si se intentó ocultar el beneficio familiar, la entidad podría ser relevante para determinar posibles responsabilidades.
La investigación interna debe ser independiente
El Principado debe explicar cómo investigará:
- Qué órgano la ordenó.
- Quién será el instructor.
- Qué independencia tendrá.
- Qué plazo existe.
- Qué documentos se han preservado.
- Qué medidas evitan su desaparición o modificación.
- Quién declarará.
- Si se analizará solo La Florida o todo el sistema de selección de inmuebles.
- Si las conclusiones serán públicas.
- Si se enviarán nuevos documentos a Fiscalía.
La investigación penal y la administrativa pueden coexistir. Una busca delitos; la otra debe detectar infracciones, responsabilidades y fallos organizativos.
Si el Principado paraliza su investigación por la intervención de Fiscalía, renunciará a conocer y corregir su propio funcionamiento.
El precedente de Cerredo
La Florida no puede compararse con Cerredo en gravedad humana. Allí murieron trabajadores; aquí hablamos de una operación no formalizada. Pero ambos casos pueden revelar una misma patología: información dispersa, órganos incomunicados y controles que solo reaccionan cuando estalla la crisis.
El Principado podía conocer la titularidad, las cargas, las condiciones de uso, el parentesco y la intervención de Diagrama. Si nadie reunió esos datos, falló el control. Si se reunieron pero no circularon, falló la coordinación. Si circularon y nadie actuó, falló la responsabilidad.
Tener expedientes no es controlar. Emitir informes no es vigilar. Trasladar documentos no es gobernar.
Fiscalía no es una descarga política
La transparencia no consiste solo en entregar documentos a la Fiscalía. Consiste en explicar qué ocurrió, quién intervino, cuándo se detectaron los problemas y por qué fallaron los controles.
La Fiscalía no sustituye una auditoría del Principado ni determina todas las responsabilidades administrativas o políticas. Que no aprecie delito no demostraría que el procedimiento fue correcto.
Asturias Liberal no acusa a Fernando Villamil, a Fundación Diagrama ni a García-Villamil SL. Afirma que existen suficientes anomalías para cancelar la operación, investigar internamente y remitir el expediente a Fiscalía.
El Gobierno no puede reducir el caso a una polémica periodística ni esconderse detrás del Ministerio Fiscal.
La Fiscalía investigará lo que corresponda. Pero el Principado debe investigarse a sí mismo y explicar después qué ocurrió.
- The Objective: La familia del jefe de Infancia de Asturias, vinculada a los pisos previstos para alojar menores
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED