Venezuela posee petróleo y gas. Posee también tierras fértiles, agua, sol, gente trabajadora y una tradición rural que reclama volver a ocupar su lugar en el gran proyecto nacional.
La reconstrucción del país exige recuperar la industria de los hidrocarburos, de la cual deben provenir recursos indispensables para levantar lo que ha sido destruido.
Exige igualmente transformar una parte sustancial de esos recursos en semillas, riego, caminos, silos, crédito y seguridad jurídica para producir alimentos.
Esa convicción tiene raíces en mi propia memoria guariqueña. Durante mi adolescencia contemplé, en la zona de Las Mercedes del Llano, el ir y venir de los balancines que extraían petróleo de la tierra.
A poca distancia de aquella faena vivía la otra Venezuela productiva: el algodón de Cabruta, el maíz de Las Mercedes del Llano, el tomate de El Sombrero, la patilla de El Espino, los tubérculos y las leguminosas de la cuenca del Unare, el arroz de Calabozo y las prósperas ganaderías de la cuenca del Tiznado. Tucupido llegó a ser reconocido como granero del Guárico.
Aquella geografía enseñaba una lección sencilla y profunda: del mismo suelo podían brotar energía y alimentos.
Convertir la renta petrolera en producción
La lección conserva plena vigencia. Un país que aspira a reconstruirse tiene que pensar en grande.
El petróleo puede aportar divisas, tecnología e ingresos fiscales; la agricultura aporta comida a la mesa, empleo en los pueblos, arraigo familiar y capacidad para sostener la vida nacional. La renta de los hidrocarburos debe convertirse en palanca de diversificación productiva.
Cada dólar obtenido con la venta de petróleo y gas debe tener, entre sus destinos prioritarios, el desarrollo agropecuario venezolano.
Elevar el pie de cría mediante genética adaptada al trópico permitirá abastecer de carne y consolidar la soberanía láctea.
Una ganadería regenerativa o intensiva, debidamente planificada, maximiza el uso del suelo y protege los bosques. Venezuela cuenta, además, con una tradición histórica y con condiciones geográficas excepcionales —suelos y pisos altitudinales— para producir café y cacao de altísima calidad.
La reactivación de estos sectores, con un enfoque de origen y calidad, puede generar empleo rural y divisas estables mediante la exportación, además de atender el consumo interno.
La seguridad alimentaria es seguridad nacional
La soberanía agroalimentaria pertenece al núcleo de la seguridad nacional. Una nación que depende en exceso de las importaciones para alimentar a sus familias queda expuesta a las turbulencias externas, a la escasez de divisas y a la fragilidad de sus propias cadenas de abastecimiento.
Venezuela puede cubrir una parte decisiva de su canasta alimentaria con producción propia y generar excedentes exportables.
Alcanzar ese objetivo requiere una política sostenida, seria y transparente.
La tierra, la propiedad y la ley
El punto de partida es la tierra. Debemos rehabilitar los suelos degradados, recuperar la infraestructura rural y avanzar con firmeza en la legalidad de la propiedad. Todo campesino, productor, avicultor y ganadero debe trabajar con la tranquilidad de que sus predios están amparados por la ley.
La inseguridad sobre la tenencia de la tierra ahuyenta la inversión, paraliza el esfuerzo y castiga al trabajador rural.
La propiedad legítima, el cumplimiento de los contratos y una justicia independiente son condiciones esenciales de la siembra.
Lo que necesitan los productores
Los productores venezolanos conocen bien sus necesidades. Piden semillas certificadas, fertilizantes disponibles en el momento oportuno, combustible para tractores, bombas y cosechadoras.
Piden sistemas de riego para enfrentar las sequías y aprovechar racionalmente el agua; silos, vías agrícolas, transporte, electricidad confiable y centros de acopio.
Piden precios justos, pronto pago y financiamiento accesible, incluso para el ciclo norte-verano, cuya planificación comienza mucho antes de la cosecha.
Estas demandas responden a una lógica elemental: producir alimentos requiere tiempo, capital y certezas. El crédito oportuno permite comprar insumos, preparar la tierra, contratar trabajadores y resistir hasta que llegue la venta.
Las garantías institucionales hacen posible asumir riesgos y ampliar los cultivos. La infraestructura permite que una cosecha llegue al consumidor sin perderse en el camino. Allí se decide el tránsito entre una parcela abandonada y una unidad productiva capaz de alimentar a miles de familias, desde las hortalizas y las papas de los Andes hasta los cultivos de otras localidades del occidente venezolano.
Cada rubro tiene sus particularidades; todos requieren reglas claras, asistencia técnica, financiamiento y mercados donde el trabajo reciba una remuneración digna.
Toda la cadena productiva
La política pública debe abarcar toda la cadena productiva. Debe acompañar al ganadero de doble propósito en Carora, en el estado Lara, y a los productores de Sucre y Guárico.
Debe impulsar las granjas avícolas, productoras de huevos y pollos, y las porcinas, que constituyen respuestas eficientes para aportar proteína animal de ciclo corto a una población que la necesita con urgencia, gracias a su rápida reproducción y crecimiento.
El potencial pesquero y acuícola
Venezuela posee, además, un extraordinario potencial pesquero y acuícola que debe integrarse a la ecuación de la seguridad alimentaria. Desde las extensas fachadas marítimas del Caribe y el Atlántico hasta la densa red fluvial de sus grandes ríos, las aguas venezolanas ofrecen un recurso vital.
La pesca artesanal, rescatada y apoyada con dignidad, junto con el reimpulso de una pesca industrial sometida a criterios estrictos de sostenibilidad ambiental, puede convertirse en una fuente clave de abastecimiento.
Estas actividades están llamadas a llevar alimentos a la mesa de millones de venezolanos y a transformar la riqueza hídrica en alivio concreto frente al hambre.
Devolver prestigio al campo
También hace falta devolverle prestigio al campo. La juventud venezolana debe encontrar en la agricultura un camino de progreso, conocimiento y prosperidad.
Las universidades, los institutos de investigación y la empresa privada tienen una responsabilidad relevante: mejorar semillas, aplicar nuevas tecnologías, cuidar el ambiente, procesar alimentos y abrir mercados.
Al Estado le corresponde acompañar, garantizar derechos y remover obstáculos, creando las condiciones para que la iniciativa productiva se despliegue con libertad y responsabilidad.
Una alianza para la prosperidad
Venezuela tiene condiciones para volver a ser una potencia agropecuaria. Lo demuestran sus llanos, sus valles, sus montañas y la capacidad de los hombres y mujeres que siguen sembrando a pesar de las adversidades.
Recuperar la industria petrolera es indispensable. Sembrar y cosechar alimentos también lo es.
En esa alianza entre energía, campo e instituciones democráticas se abre una de las rutas más firmes hacia una Venezuela próspera, libre y bien alimentada.
Antonio José Ledezma Díaz (San Juan de los Morros, 1 de mayo de 1955) es un político y abogado venezolano, destacado opositor al régimen de Nicolas Maduro. Actualmente exiliado político en España. Fue el alcalde mayor del Distrito Metropolitano de Caracas hasta 2015, cuando fue sustituido por Helen Fernández.También se ha desempeñado como alcalde del municipio Libertador de Caracas en dos ocasiones y gobernador del antiguo Distrito Federal. Fue dos veces Diputado del extinto Congreso Nacional de Venezuela (actual Asamblea Nacional) desde 1984 y fue elegido Senador de la República en 1994, siendo la persona más joven en ser elegida para ese cargo.