La política debería consistir en convencer
●Con ideas.
●Con resultados.
●Con liderazgo.
●Con una oferta seria para los ciudadanos.
Pero cuando eso falla, aparece otra política más pequeña: la de la rendija, el reglamento, la ventaja administrativa, la sospecha y la triquiñuela.
Entonces ya no se discute sólo qué país se quiere construir. Se discute quién entra en el censo que decide cada cuatro años en ese país.
Ese era ya el fondo de nuestro análisis anterior en Asturias Liberal, Lo que Feijóo intuye: la ley de nietos y el verdadero aumento del censo hasta 2027 y 2031. Feijóo veía un problema real, pero lo inflaba. El Gobierno veía la exageración de Feijóo y la utilizaba para negar el problema.
Ahora el Tribunal Supremo ha obligado a bajar la voz y mirar los papeles.
Feijóo exageraba y el Gobierno falseaba su intención
Feijóo metió en el mismo saco al que pidió cita, al que presentó expediente, al que obtuvo nacionalidad, al que fue inscrito en el CERA y al que finalmente votará.
Es una mala aritmética porque pedir cita no es votar, tener expediente no es estar inscrito, estar inscrito no es participar y participar no significa votar al PSOE.
Pero el Gobierno hizo la trampa contraria. Aprovechó la exageración de Feijóo para presentar el asunto como una gestión consular más, sin consecuencia electoral relevante. Como si la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, y la posterior Instrucción de 25 de octubre de 2022 no hubieran abierto una vía masiva de incorporación de nuevos españoles al censo exterior.
La pregunta importante es sencilla:
¿por qué una democracia madura tiene que elegir entre la exageración torpe de la oposición y el tranquilizante interesado del Gobierno?
Asturias permite medir el asunto sin humo
Asturias es un buen laboratorio porque sus números no se pierden en la inmensidad de Madrid o Barcelona. Tiene emigración histórica, población envejecida, censo residente débil y una bolsa exterior de votantes muy superior a la media.
En las autonómicas de 2023, según el Gobierno del Principado, podían votar 958.640 personas: 835.451 residentes en Asturias y 123.201 inscritas en el CERA, el censo de españoles residentes en el extranjero. Es decir, aproximadamente uno de cada ocho electores asturianos vivía fuera de España.
Uno de cada ocho.
No es una curiosidad sentimental. Es cuerpo electoral. Y en una comunidad con tres circunscripciones autonómicas, donde algunos escaños pueden depender de diferencias estrechas, el dato no es decorativo.
La tendencia posterior era clara: Asturias no ensanchaba su censo desde dentro, sino desde fuera. El censo residente permanecía estancado o menguante, mientras el CERA crecía.
Segunda pregunta importante:
¿puede una comunidad envejecida aumentar su peso electoral sobre todo por la vía exterior sin una explicación pública precisa?
Antes del Supremo: unos 147.000 electores exteriores posibles
Con la evolución observada desde 2023, Asturias podía llegar a las autonómicas de 2027 con unos 146.000 o 148.000 electores exteriores. Una cifra central razonable era hablar de unos 147.000 CERA potenciales.
La cuenta sale de combinar el punto de partida de 2023 con la evolución posterior del CERA. Según los datos citados por The Objective, entre las generales de 2023 y julio de 2026 Asturias había incorporado 19.083 electores CERA adicionales.
Eso ya situaba el CERA asturiano por encima de los 142.000 electores a mediados de 2026. Si la tendencia continuaba unos meses más hasta el cierre censal aplicable a 2027, la horquilla de 146.000-148.000 era perfectamente razonable.
No eran los millones fantasmales de Feijóo, pero tampoco cuatro nietos nostálgicos buscando una partida de nacimiento.
Era una bolsa electoral real, suficiente para exigir una radiografía: cuántos son, por qué vía entran, con qué prueba, desde qué consulado, hacia qué municipio, hacia qué provincia y con qué efecto posible sobre el último escaño.
Y aquí la pregunta también va para el PP:
si el CERA pesa tanto en Asturias, ¿dónde está la política asturiana dirigida a esos electores?
Madrid demostró en 2023 que el voto exterior también puede ganarlo el PP. No se gana protestando contra su existencia. Se gana con presencia, mensaje, redes, comunidad y una oferta reconocible.
El Supremo obliga a parar la música
El Auto del Tribunal Supremo de 10 de septiembre de 2026 cambió el debate. No anuló la ley de nietos, no retiró nacionalidades y no declaró probado ningún pucherazo. Pero sí estimó una medida cautelar relativa a la suspensión de inscripciones en el CERA de españoles que adquirieron la nacionalidad por la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática.
La bronca política entró así en terreno jurídico serio.
El Supremo distinguió tres fases: adquirir la nacionalidad, inscribirse en el CERA y quedar asignado a una circunscripción electoral concreta. Las medidas cautelares se centran sobre todo en la segunda: la inscripción y alta en el CERA de quienes obtuvieron la nacionalidad por esa vía.
La distinción importa y mucho porque el debate ya no es sólo quién tiene derecho a ser español. Es cuándo y cómo esa nacionalidad se convierte en voto exterior efectivo.
Y la pregunta que golpea de lleno al Gobierno:
si todo era tan claro, tan limpio y tan normal, ¿por qué el Supremo ha visto riesgo suficiente para suspender efectos electorales?
La cifra corregida: menos fantasma, más problema
Antes del Auto, la estimación asturiana podía resumirse así: unos 147.000 electores exteriores potenciales para 2027.
Después del Auto, esa cifra ya no puede tratarse como voto efectivo automático.
El Supremo acuerda que quienes hayan obtenido la nacionalidad por esta vía y todavía no estén inscritos en el CERA podrán terminar su expediente, pero su inscripción electoral quedará suspendida hasta sentencia. Y quienes ya estén inscritos verán suspendidos los efectos electorales de esa inscripción para futuros procesos, también hasta sentencia.
Hay una excepción relevante: la suspensión no se aplica a quienes acrediten individualmente el supuesto legal de exilio, sin apoyarse en la presunción automática de la Instrucción de 2022.
●Por tanto, la cuenta asturiana cambia
●No desaparece el CERA.
●No desaparecen los nuevos españoles.
●No desaparece el problema.
●Pero sí se reduce el voto exterior efectivo que podía darse por incorporado sin más.
Con los datos disponibles, Asturias podía moverse antes del Auto hacia unos 147.000 CERA potenciales en 2027. Tras la cautelar, una estimación prudente situaría el CERA efectivo en una horquilla aproximada de 128.000 a 138.000 electores exteriores, según cuántos expedientes queden afectados por la suspensión y cuántos acrediten individualmente el exilio.
La frase clave es ésta:
el Supremo baja el volumen del susto, pero confirma la existencia del problema.
Feijóo ya no puede hablar como si todo entrara.
El Gobierno ya no puede hablar como si nada importara.
Lo que faltaba no era polémica: era trazabilidad
El dato nacional incorporado al Auto explica la alarma. A 1 de julio de 2026, el CERA había pasado de 2.328.260 electores en las generales de 2023 a 2.736.522. Son 408.262 electores exteriores más. Sólo Madrid sumaba 115.572 nuevos inscritos; Barcelona, 43.439.
La Sala del Supremo aprecia que ese crecimiento puede afectar a la transparencia del proceso electoral, a la confianza ciudadana y a la regularidad jurídica del censo.
Y por todo ello ordena separar expedientes: por un lado, los derivados directamente del exilio previsto en la ley; por otro, los aprobados al amparo de la interpretación sibilina y tramposa realizada por la Instrucción de 2022.
Eso era lo que faltaba desde el principio: trazabilidad y saber de dónde sale cada alta, qué documentación la sostiene y dónde produce efectos electorales..
Sobraban el ruido y las consignas
Y la pregunta crítica para todos:
¿por qué ha tenido que llegar el Supremo para exigir una claridad que el Gobierno debía haber ofrecido desde el primer día y la oposición exigido incluso antes que el Supremo?
Cuando no hay proyecto, se mira la ventanilla
Este es el fondo del asunto. Cuando un Gobierno tiene resultados sólidos, no necesita convertir cada procedimiento administrativo en una oportunidad electoral. Cuando una oposición tiene proyecto, no necesita convertir cada nuevo elector en una amenaza. Cuando los partidos ofrecen algo serio, el debate gira sobre impuestos, vivienda, natalidad, industria, sanidad, educación o seguridad.
Pero cuando falla la política grande, aparece la política pequeña.
- La del censo.
- La del atajo.
- La de la ventanilla.
- La de la sospecha.
- La de la triquiñuela.
El Gobierno quiere presentarse como reparador de vínculos históricos, pero evita enseñar con nitidez el mapa electoral de esa reparación y con eso enseña su desesperación y deterioro.
Feijóo quiere aparecer como defensor de la limpieza democrática, pero infla las cifras hasta facilitar la caricatura.
Y el PP asturiano debería preguntarse si tiene una oferta suficientemente fuerte para los asturianos de dentro y para los de fuera.
Porque ni el censo ni la denuncia sustituyen al liderazgo.
Asturias ante 2027
La pregunta no es si hay dos millones y medio de votos fabricados porque no los hay.
La pregunta tampoco es si la ley de nietos carece de efectos electorales porque sí los tiene.
La pregunta seria es otra:
¿qué ocurre en una comunidad como Asturias cuando el censo residente apenas crece, el exterior gana peso y una parte de ese crecimiento queda judicialmente bajo cautela?
Antes del Supremo, Asturias podía rozar los 147.000 electores exteriores en 2027. Después del Supremo, la estimación efectiva podría quedar entre 128.000 y 138.000. Eso desinfla la fantasía apocalíptica, pero confirma la relevancia electoral del fenómeno.
Y confirma algo más: España lleva años aplazando sus problemas de fondo. Natalidad baja, productividad débil, vivienda imposible, industria insuficiente, liderazgos regionales rutinarios, oposición sin oferta clara y Gobierno experto en convertir cada grieta institucional en ventaja táctica.
Cuando eso ocurre, el debate democrático se desplaza de convencer a contar, de gobernar a tramitar y de ofrecer futuro a mover piezas.
Ni apocalipsis ni anestesia
Asturias enseña el punto exacto.
No estamos ante el pucherazo de millones que sugiere la peor versión del discurso de Feijóo. Tampoco ante la inocente tramitación consular que pretende vender el Gobierno.
Estamos ante una transformación del cuerpo electoral que debía haber sido explicada con transparencia desde el principio y que ahora el Supremo ha obligado a ordenar cautelarmente.
La política adulta debería hacer dos cosas a la vez: reconocer derechos cuando proceda y garantizar que esos derechos se incorporan al censo con control, prueba, desglose y neutralidad.
Lo demás es propaganda, la de todos los que, al no saber conquistar ciudadanos con políticas a largo plazo y con hechos incontestables, prefieren discutir cómo se cuentan.
Asturias 2027 no se decidirá sólo por la ley de nietos.
Pero la ley de nietos revela algo más profundo: cuando fallan las políticas, los liderazgos y las ofertas serias, la democracia empieza a llenarse de sospechas sobre las reglas. Y una democracia que discute más sobre el censo que sobre el futuro ya ha recibido una nueva y grave advertencia.
Fuentes documentales consultadas
- Asturias Liberal: Lo que Feijóo intuye: la ley de nietos y el verdadero aumento del censo hasta 2027 y 2031.
- BOE: Ley 20/2022, de Memoria Democrática.
- BOE: Instrucción de 25 de octubre de 2022 sobre el derecho de opción a la nacionalidad española.
- INE: cifras mensuales del censo electoral, CER y CERA.
- Ministerio del Interior: dosier de las elecciones generales del 23 de julio de 2023.
- Gobierno del Principado de Asturias: censo electoral y participación en las autonómicas de 2023.
- The Objective: evolución provincial del CERA entre 2023 y julio de 2026.
- Iustitia Europa: comunicación sobre el Auto del Tribunal Supremo y acceso al procedimiento.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED