A. Barbón: más política «social» no significa mejores resultados

En el artículo anterior, Barbón: 103 anuncios no son un proyecto, hicimos algo relativamente sencillo: fuimos hasta la puerta de las fábricas.

Salas, El Tallerón, Barros, Sunwafe, Exiom, Zima, Windar. Frente a los 103 anuncios del presidente planteamos una cadena bastante poco sofisticada: anuncio, expediente, financiación, obra, producción y resultado.

La industria posee esa ventaja, que al final uno puede mirar. ¿Sale algo por la puerta? Sí o no.

Con la política «social» resulta bastante más difuso y, por eso, las llamadas así se perpetúan. Su afianzamiento se basa en determinadas emociones muchas veces excitadas por victimismos.

En ella hay presupuestos, prestaciones, subvenciones, hospitales, leyes, planes, complementos de renta, ayudas al alquiler y una palabra particularmente cómoda: protección.

El problema empieza cuando confundimos la cantidad de protección administrativamente dispensada con el resultado social conseguido.

Porque aquí la cadena es otra:

dinero o regulación → incentivos → comportamiento → prestación efectiva → resultado → efectos secundarios.

Y entre el primer eslabón y el último pueden ocurrir bastantes cosas, muchas muy distintas de las declaradas.

El territorio favorito de la izquierda

Los Presupuestos Generales del Principado para 2026 dicen expresamente que uno de sus principales objetivos consiste en reforzar el Estado del bienestar, continuar la inversión en vivienda pública y sostener las políticas sociales.

El propio Barbón incluyó entre sus 25 compromisos para 2026 actuaciones sobre sanidad, salud mental, cribados, vivienda y distintas políticas de protección.

Estamos, por tanto, en uno de los territorios centrales de su proyecto político y precisamente por eso merece una evaluación algo más exigente que sumar millones. Para que no se confunda gastar con lograr, algo muy querido por los socialistas de cualquier partido, vamos a comparar lo que se gasta en «lo social» y lo que sucede cuando se gasta ahí.

El dinero gastado demuestra realmente una sola cosa: que se gastó dinero. Nada más.

Sanidad: mucha actividad y mucha gente esperando

Tomemos la sanidad.

El Gobierno puede mostrar actividad real y cuantificable.

En julio, el Sespa realizó 5.813 operaciones programadas, la cifra más alta para ese mes desde 2018. También aumentó la actividad de consultas respecto al mismo mes del año anterior.

Perfecto.

Ahora cambiemos de columna.

Ese mismo julio terminó con 23.633 personas esperando una intervención quirúrgica y una demora media de 91,41 días. Había además 120.778 pacientes pendientes de una primera consulta especializada, aunque este último indicador acumulaba tres meses consecutivos de mejora.

Las dos fotografías son verdaderas.

Más operaciones.

Y más de veintitrés mil personas esperando una operación.

Ese es precisamente el asunto.

Actividad no equivale automáticamente a resultado.

Una Consejería puede contratar más, pagar más, operar más y reorganizar más. La pregunta final sigue siendo si el ciudadano espera menos y recibe mejor atención.

En mayo había 22.933 pacientes pendientes de intervención y 123.798 esperando una primera consulta, con demoras medias de 85 y 107 días respectivamente.

No tenemos aquí una historia sencilla de desastre o éxito.

Tenemos algo bastante más incómodo: un sistema capaz de aumentar su actividad y continuar acumulando una demanda considerable.

Ese debería ser el contrato intelectual.

No: —Hemos gastado más.

Ni siquiera: —Hemos hecho más operaciones.

Sino:

—¿Cuánto ha mejorado realmente el acceso del paciente?

Porque el enfermo no espera estadísticas. Espera al traumatólogo.

Si una ayuda protege y desincentiva al mismo tiempo, no es una ayuda

Este es el asunto más importante.

Las prestaciones económicas.

Conviene eliminar una caricatura desde el principio.

Una prestación dirigida a una persona sin recursos puede cumplir perfectamente una función necesaria: evitar pobreza severa y garantizar un mínimo material.

El problema económico no empieza porque exista la ayuda.

Empieza con otra pregunta: ¿qué ocurre cuando el beneficiario «intenta» dejar de necesitarla?

Ahí aparecen los incentivos/desincentivos.

Veamos cómo lo argumenta la propia administración socialistas asturiana. Es de lo más interesante:

Existe en Asturias el Salario Social Básico asturiano, que es una prestación diferencial, complementaria y subsidiaria destinada a garantizar unos ingresos mínimos. Para las personas cuya edad, salud y situación familiar les permitan trabajar, (ATENCIÓN AQUÍ) su percepción está supeditada a la búsqueda activa de empleo y al correspondiente programa de incorporación.

Existe en nuestra región, incluso, un Programa Personalizado de Incorporación Social y Laboral destinado precisamente a favorecer la inserción personal, social y laboral de los perceptores. Un programa marginal cuya aplicación presenta alta ineficacia mas su mera presencia es un reconocimiento de los efectos perversos de muchas políticas «sociales».

Los propios Presupuestos asturianos de 2026 reconocen expresamente el problema. Su artículo 13 excluye del cómputo determinadas variaciones de rentas laborales «como medida para incentivar el empleo».

O sea, que la propia administración socialista reconoce que hay desincentivos, pero paralelamente mantiene subsidios que desincentivan.

Y ahí empieza lo interesante.

Cuando ganar más no significa disponer de mucho más

Imaginemos un caso sencillo.

Una persona recibe una determinada combinación de prestaciones y ayudas. Le ofrecen un trabajo de pocas horas y empieza a cobrar un salario. Magnífico.

Pero al aumentar sus ingresos puede perder una parte de una prestación. Después quizá otra.

Puede tener que pagar transporte, comedor, cuidados infantiles, o desplazamientos que antes no necesitaba realizar diariamente.

Su salario bruto aumenta, pero su renta disponible aumenta mucho menos.

Y si la retirada de ayudas resulta demasiado brusca, puede aparecer algo todavía más incómodo: un tramo en el que trabajar más horas, aceptar una ocupación de baja remuneración o aumentar modestamente el salario proporciona un beneficio económico muy pequeño.

Y sin siquiera introducir el sustantivo pereza todos conocemos a personas responsables y con elevada ética de trabajo que han visto su virtud transmutada en dejadez y ocio preferente a causa de subsidios e impuestos.

Y es que basta con saber sumar.

El problema técnico se conoce desde hace décadas: la combinación entre impuestos, pérdida de prestaciones y nuevos costes asociados al empleo puede generar tipos marginales efectivos muy elevados.

Dicho sin economista incorporado: de cada cien euros adicionales que alguien gana trabajando, puede quedarse realmente con muchos menos.

Y cuanto menor sea esa diferencia, menor será también el estímulo económico para aumentar horas de trabajo, aceptar determinados empleos o abandonar completamente la prestación.

El IMV proporciona una advertencia bastante seria

El Ingreso Mínimo Vital no es una prestación de Barbón ni del Gobierno asturiano.

Es una prestación de la Seguridad Social implantada por el Estado.

Pero importa para Asturias porque convive con otras prestaciones y porque nos proporciona una experiencia empírica de enorme interés sobre los incentivos laborales.

La AIReF evaluó econométricamente en 2025 el efecto del IMV sobre la participación laboral de sus beneficiarios.

El resultado merece detenerse.

La prestación reducía la probabilidad de trabajar en 3 puntos porcentuales, aproximadamente un 12%, y disminuía el número de días trabajados en 0,6 días al mes respecto al promedio previo.

Los efectos resultaban más pronunciados entre menores de 30 años, hogares monoparentales y beneficiarios con prestaciones superiores a la media.

Y había algo aún más significativo que, nuevamente, supone un reconocimiento del problema, pero no su solución: el Estado ya había introducido un «incentivo» destinado precisamente a hacer compatible prestación y empleo.

Sin embargo, la AIReF concluyó que, a pesar de eso, el impacto desincentivador persistía entre quienes comenzaron a percibir el IMV después de la introducción del mecanismo y cuestionó sólidamente la eficacia del «incentivo» existente.

Es decir: el problema existe y se conoce, pero los gobiernos amagan la corrección sin que se solucione el problema. Los caladeros de votos se basan en el caso de los gobiernos de la izquierda, en eso, en subsidiar y perpetuar el subsidio.

La discusión seria empieza precisamente ahí.

El 46% sigue dentro cinco años después

La quinta evaluación del IMV de la AIReF, publicada en julio de 2026, añade otro dato particularmente grave.

El 46% de los hogares perceptores permanece cobrando el IMV después de 60 meses.

Cinco años.

Y la permanencia aumenta conforme crece la intensidad de la protección: entre quienes reciben una cuantía más próxima a la renta garantizada, la permanencia alcanza el 57%.

La propia AIReF resume el problema de una manera difícil de mejorar: el IMV permite compatibilizar prestación y empleo, pero no facilita suficientemente la salida hacia el trabajo.

Su recomendación es reformular completamente el incentivo laboral porque detecta elevada permanencia, impacto negativo sobre el empleo y escasa eficacia del mecanismo existente para compensarlo.

Esto no convierte al IMV en una mala política por definición.

Demuestra algo mucho más interesante.

Una política puede proteger correctamente frente a la pobreza y estar peor diseñada para promover la salida de ella.

Las dos cosas pueden suceder simultáneamente.

El extraño éxito de necesitar cada vez más la ayuda

Aquí aparece una peculiaridad de determinadas políticas sociales.

Podemos medir su éxito por el número de personas protegidas y entonces surge una paradoja.

Si una prestación funciona extraordinariamente bien incorporando beneficiarios y extraordinariamente mal facilitando su salida, un número elevado de perceptores puede representar simultáneamente cobertura y dependencia prolongada.

Depende de qué queramos medir. No basta entonces con preguntarnos cuántas personas reciben el Salario Social Básico asturiano, necesitamos saber también qué sucede después.

¿Cuántas personas en edad y condiciones de trabajar entran en el sistema?

¿Cuántas encuentran empleo?

¿Cuántas aumentan su jornada?

¿Cuántas abandonan la prestación?

¿Cuántas regresan posteriormente?

¿Durante cuánto tiempo permanecen?

¿Y cuánto aumenta realmente su renta disponible cuando comienzan a trabajar?

Esa es la información que permitiría distinguir entre protección temporal, protección estructural y dependencia favorecida involuntariamente por el propio diseño.

No son lo mismo.

A veces la bondad declarada tapa el mecanismo

Este asunto suele contaminarse rápidamente de moral.

Los clérigos de «lo social» responden a estas críticas pontificando que cuestionar una prestación significa carecer de sensibilidad social.

Y ya tenemos montado otro debate inútil.

No necesitamos conocer la virtud moral ni del beneficiario, ni tampoco la del político que concede la ayuda. Que no, que importa poco el sentimiento íntimo de uno y del otro.

Importa qué se protege y que se incentiva. Si queremos empleos e inversiones que generen riqueza o aceptamos una sociedad estancada.

Por eso hay que conocer el mecanismo porque las personas responden a los incentivos.

También un empresario.

También un funcionario.

También un propietario.

También un médico.

También quien escribe estas líneas.

Si hacer algo cuesta más y proporciona menos beneficio, tendemos a hacerlo menos. Punto.

Si proporciona más, tendemos a hacerlo más.

La política social no deroga ese comportamiento mediante una resolución del BOPA.

Puede modificarlo.

Precisamente de eso se trata.

Vivienda: cuando proteger a quien alquila puede afectar a quien busca alquiler

La vivienda ofrece otro laboratorio especialmente interesante.

El Gobierno asturiano se ha comprometido a alcanzar 1.500 actuaciones de vivienda durante la legislatura, superar las 11.000 viviendas del parque público, desarrollar Alquilámoste, impulsar una ley autonómica y aplicar zonas de mercado residencial tensionado.

Hay ahí políticas muy diferentes.

Construir vivienda aumenta oferta.

Movilizar vivienda vacía puede aumentar oferta.

Facilitar suelo y agilizar licencias puede aumentar oferta.

Después están las medidas regulatorias destinadas a contener o limitar determinadas rentas.

No actúan mediante el mismo mecanismo.

Y no deberían evaluarse igual.

Barbón formuló en agosto una regla que resulta particularmente útil para este artículo. Defendió aplicar las zonas tensionadas y afirmó que, si no funcionaban, se podían retrotraer o cambiar.

Magnífico.

Tomémosle la palabra.

El problema fundamental sigue siendo la oferta

Porque la investigación económica obliga a observar lo que sucede al otro lado del contrato.

El Banco de España viene señalando que la producción de vivienda nueva se encuentra en niveles modestos y que se han acumulado déficits de vivienda en determinadas áreas geográficas.

También advierte de la rigidez de la oferta y recomienda tanto aumentar el parque público de alquiler asequible como diseñar una regulación que estimule la incorporación de vivienda privada al mercado residencial.

Y cuando analiza las medidas de control y protección del alquiler, introduce una advertencia particularmente relevante.

En una evaluación de distintas políticas de vivienda, el Banco de España señala que una mayor protección de los inquilinos puede reducir situaciones de sobresfuerzo a corto plazo, pero también implica riesgo de contracción de la oferta y aumento de precios.

Y respecto de los controles ligados a zonas tensionadas advierte del riesgo de reducción de la oferta y desplazamiento hacia mercados como el vacacional o el alquiler de temporada.

Ahí vuelve exactamente el mismo problema.

Primera consecuencia.

Y segunda consecuencia.

El inquilino protegido por una regulación puede beneficiarse.

Pero el propietario que estaba pensando en alquilar puede decidir no hacerlo.

Una vivienda puede pasar al alquiler temporal.

Otra puede venderse.

Otra puede no llegar nunca al mercado de alquiler residencial.

Si eso ocurre en una escala suficiente, la protección de quienes ya tienen contrato puede coexistir con una mayor dificultad para quienes todavía buscan vivienda.

No es una razón para descartar automáticamente la regulación.

Es una razón para medirla.

Barbón ha propuesto la prueba. Hagámosla

Las zonas tensionadas tienen aquí una ventaja.

Barbón ha dejado formulado el criterio de evaluación de manera limitada a su experimento. Midamos el resultado, sí, pero a todo:

Si funcionan, se mantienen y si no funcionan, se modifican. Perfecto.

No necesitamos discutir eternamente sobre intenciones. Podremos mirar los datos.

¿Subió o bajó el número de viviendas ofrecidas en alquiler?

¿Qué ocurrió con las rentas de los nuevos contratos?

¿Qué pasó con el alquiler temporal?

¿Aumentó o disminuyó el tiempo necesario para encontrar vivienda?

Y la pregunta que Barbón no quiere insertar en su método de ensayo-error a la carta: ¿cuántas nuevas viviendas entraron realmente en el mercado?

¿Qué sucedió en zonas comparables no sometidas a la misma regulación?

Eso sí sería política pública basada en evidencia, pero contiene una disciplina que no le gusta al Presidente.

El hilo común: los efectos de segundo orden

Sanidad.

Prestaciones.

Vivienda.

Parecen problemas distintos.

No lo son tanto.

En los tres aparece el mismo error posible: medir el instrumento como si fuera el resultado.

Más operaciones no garantizan automáticamente menos espera.

Más prestaciones no garantizan automáticamente mayor autonomía económica.

Más regulación protectora no garantiza automáticamente mayor acceso a la vivienda.

El resultado depende de lo que ocurre después.

De cómo responde la gente.

De cómo responde el sistema sanitario.

De cómo responde quien cobra una prestación.

De cómo responde quien contrata.

De cómo responde quien posee una vivienda.

De cómo responde quien construye.

Los economistas lo llaman efectos de segundo orden.

En lenguaje normal:

qué pasa después de que ocurra lo que queríamos que pasara.

Ahí es donde algunas políticas empiezan a dar sorpresas.

El bienestar no consiste en administrar dependencia

Hay una diferencia importante entre proteger a una persona vulnerable y construir alrededor de ella un sistema del que resulte incómodo salir.

La primera constituye una finalidad social legítima.

La segunda puede convertirse en un fallo de diseño.

Y cuanto más generoso sea un sistema de prestaciones, más importante resulta vigilar la transición hacia la autonomía para que aceptar un trabajo, aumentar horas, mejorar un salario o iniciar una actividad no desencadene una pérdida abrupta de prestaciones que castigue la mejora.

Y volvemos a los 103 anuncios

El problema de los 103 anuncios de Barbón no consiste solamente en distinguir anuncio de ejecución, como hicimos en la primera parte de este análisis.

En política social aparece una dificultad adicional.

Una política puede ejecutarse exactamente como estaba previsto y producir resultados distintos de los esperados.

Se puede pagar puntualmente una ayuda y generar un mal incentivo. Se puede aprobar correctamente una regulación del alquiler y reducir la oferta disponible. Se puede aumentar la actividad hospitalaria sin reducir suficientemente las esperas.

Aquí cumplir el procedimiento no basta. Ni siquiera gastar todo el presupuesto. Antes que eso es preferible lo contrario.

Hace falta observar el comportamiento que genera la medida y su resultado final.

Y eso exige a cualquier Gobierno algo bastante difícil:

reconocer cuándo una política de recaudación de votos no produce lo que proclamaba producir.

La última columna

En el artículo anterior terminábamos mirando la puerta de una fábrica.

¿Sale producto?

En política social no tenemos una puerta.

Pero sí podemos buscar la última columna.

En sanidad:

¿esperamos menos?

En prestaciones:

¿protegemos mejor y conseguimos que quienes pueden trabajar tengan incentivos claros para hacerlo?

En vivienda:

¿hay más oferta efectiva y resulta más accesible?

Porque el presupuesto demuestra cuánto se gastó. La ley demuestra qué quisimos conseguir. La prestación demuestra quién recibió dinero. La estadística de actividad demuestra cuánto hizo la Administración.

Pero ninguna de esas cosas responde por sí sola a la pregunta principal. ¿Mejoró la vida que pretendíamos mejorar?

Ese es el momento en que la política social deja de ser una declaración moral y empieza a ser una política pública evaluable.