En política, la importancia electoral de un asunto no siempre guarda relación con el ruido que provoca. El debate sobre el voto de los españoles residentes en el extranjero constituye un ejemplo especialmente ilustrativo.
Millones de electores potenciales, cientos de miles de nuevas inscripciones, resoluciones judiciales, acusaciones de fraude y un enfrentamiento político de primera magnitud. Pero
●¿cuántos votos estamos discutiendo realmente?
●¿Cuántos escaños pueden verse afectados?
●Y, sobre todo, ¿quién obtiene beneficio de esta controversia?
Conviene comenzar por los números, que tienen la saludable costumbre de poner las cosas en su sitio.
El peso real del voto exterior
En las elecciones generales de 2023 había aproximadamente 2,33 millones de españoles inscritos en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA). De ellos votaron 233.688, apenas el 10,04%.
Aunque representaban algo más del 6% del censo electoral, sus papeletas supusieron únicamente el 0,84% de los votos emitidos.
Es decir, el voto exterior tiene una importancia demográfica considerable, pero una incidencia electoral habitualmente reducida. Son dos magnitudes que no deben confundirse.
La perspectiva histórica resulta todavía más esclarecedora. Desde 1986, y a lo largo de trece elecciones generales, se han elegido 4.550 diputados.
El recuento del voto exterior únicamente modificó la adjudicación de tres escaños: uno en Cantabria en 1993, otro en Vizcaya en noviembre de 2019 y el tercero en Madrid en 2023, cuando el PP arrebató un diputado al PSOE.
Tres cambios en cuatro décadas. Pocos, ciertamente, pero suficientes para demostrar que la irrelevancia es relativa, nunca absoluta.
También existen excepciones autonómicas de notable trascendencia. En Galicia, el voto exterior contribuyó decisivamente en 2005 a que Manuel Fraga perdiera la mayoría absoluta.
La escasa incidencia estadística no excluye que, en circunstancias extraordinariamente ajustadas, un puñado de votos determine consecuencias políticas importantes.
Asturias: más inscritos no significa más votos
Asturias proporciona otro ejemplo interesante. En las autonómicas de 2023, con aproximadamente 123.000 electores residentes en el extranjero, llegaron 7.329 votos, que no alteraron el reparto de los 45 diputados.
Para las generales del próximo 29 de noviembre, el CERA asturiano alcanza los 142.710 inscritos, casi 20.000 más que en 2023.
Una cifra llamativa, pero que por sí sola nada dice sobre los votos efectivos ni sobre su distribución entre candidaturas.
La controversia judicial y sus verdaderas dimensiones
Y llegamos a la controversia actual.
El CERA nacional ha aumentado desde las últimas generales en cerca de 420.000 inscritos, hasta alcanzar los 2,75 millones. Sin embargo, identificar ese incremento con votos supuestamente irregulares constituye un salto argumental injustificado.
Ni todos los nuevos inscritos proceden de la Ley de Memoria Democrática ni todos los nacionalizados mediante ella están comprendidos en el concreto supuesto discutido judicialmente.
La propia Abogacía del Estado, en sus alegaciones ante el Tribunal Supremo, cifra en 163.020 los españoles afectados por las medidas cautelares y estima en unos 14.120 quienes efectivamente votarían atendiendo a las pautas habituales de participación.
Son estimaciones, no resultados, pero permiten dimensionar el conflicto: estaríamos hablando de un volumen equivalente a aproximadamente el 0,06% de los votos emitidos en las generales de 2023.
¿Significa eso que la controversia carece de importancia? En absoluto.
El Tribunal Supremo ha apreciado cautelarmente un riesgo para la objetividad y transparencia electoral; la Abogacía del Estado sostiene que la suspensión compromete el derecho fundamental de sufragio de ciudadanos españoles sin que hayan podido defenderse individualmente.
Son problemas jurídicos de primer orden, con independencia del número de papeletas.
Vox y Sánchez: dos marcos políticos enfrentados
Pero la dimensión jurídica y la rentabilidad política del conflicto son cuestiones diferentes.
Vox, impulsor de las actuaciones junto con Iustitia Europa, ha convertido el control del censo y las garantías electorales en un elemento relevante de su discurso. Su planteamiento sitúa en el centro de la conversación la regularidad de las nacionalizaciones y la limpieza del procedimiento electoral.
Pedro Sánchez, por su parte, ha presentado públicamente la controversia como una amenaza al derecho de sufragio, atribuyendo a sus adversarios la pretensión de excluir a ciudadanos españoles de las urnas. Así, el debate adquiere otra dimensión: la defensa de derechos frente a su eventual restricción.
Son dos marcos políticos diferentes que pueden servir para activar electorados distintos. Lo que no permiten los datos disponibles es concluir cuál de ellos se traducirá en más votos.
La orientación política del voto exterior
Existe, además, un detalle que debilita las interpretaciones partidistas más simples: en 2023, PSOE y Sumar obtuvieron conjuntamente el 43,8% del voto exterior, frente al 44% conseguido en el conjunto de España.
No parece razonable atribuir automáticamente a los nuevos electores del CERA una orientación política determinada por su ascendencia familiar.
Garantías jurídicas y soluciones proporcionadas
Quizá por ello convendría explorar soluciones procesales proporcionadas: garantizar la recepción y custodia del sufragio, identificar legalmente los votos controvertidos antes de romper su anonimato y, si el marco electoral y las resoluciones judiciales lo permiten, evitar que su pendencia paralice proclamaciones de escaños matemáticamente inalterables.
Todo ello exige preservar el secreto del voto y los derechos de los afectados, no improvisar reglas electorales.
La paradoja política del CERA
La paradoja final es evidente: un voto de incidencia generalmente pequeña ocupa una porción extraordinaria del debate político nacional.
La cuestión ya no es solamente cuántos diputados puede cambiar el CERA, sino cuánto protagonismo político genera discutirlo.
Porque los votos pueden ser relativamente pocos, pero la controversia permite confrontar dos asuntos fundamentales: la confianza en las elecciones y el alcance del derecho a participar en ellas.
Y ambos merecen algo más que una batalla de consignas.
FUENTES CONTRASTADAS PARA LA PUBLICACIÓN
El soporte estadístico principal procede de los datos históricos del voto exterior y de la Junta Electoral Central y la resolución del Tribunal Constitucional sobre el escaño de Madrid de 2023. [EL PAÍS][BOE] Las cifras actualizadas de Asturias y del CERA nacional proceden de la Oficina del Censo Electoral, recogidas por Europa Press el 8 de octubre. [Europa Press][Europa Press] El número de electores afectados y la estimación de participación corresponden a las alegaciones de la Abogacía del Estado del 8 de octubre de 2026. [EL PAÍS][RTVE.es] Las posiciones políticas están documentadas en las declaraciones de Vox y Pedro Sánchez.
Abogado en ejercicio y colegiado desde 1993, Licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo, Diplomado en Derecho Inglés por la LSE, MBA The Power MBA, Master en Legal Tech UNIR, Master en Derecho de las Transmisiones Electrónicas U. Politécnica de Valencia; Compliance Officer, Experto Profesional en Propiedad Intelectual