Dos empresas públicas, millones de euros en encargos directos y una pregunta que la Administración debería responder: ¿por qué no se comprueba primero si otras empresas pueden prestar el mismo servicio en mejores condiciones?
Es una pregunta necesaria y útil. Necesaria para una administración, la regional, que actúa con opacidad y menosprecio a las empresas asturianas y para los ciudadanos afectados por ellas, especialmente del sector del campo, pero no sólo ellos, que ven cómo Tragsa es omnipresente y arbitraria, según denuncian.
Empezamos este viaje por lo que nadie hasta ahora ha revelado de este entramado regional.
Imaginemos que una empresa asturiana especializada en trabajos ambientales, peritaciones, servicios veterinarios o gestión de explotaciones agrarias quiere trabajar para el Principado. Lo normal sería pensar que puede presentarse a un concurso público, competir con otras empresas y tratar de conseguir un contrato ofreciendo un buen servicio a un precio razonable.
Pero hay muchos, demasiados de esos trabajos de la Administración para los que ese concurso ni siquiera llega a convocarse. Se encargan directamente a determinadas empresas públicas, mediante un procedimiento perfectamente previsto por la legislación española, pero utilizado abusivamente por un Principado cuya fe, casi idólatra en el abuso de «lo público» asfixia económicamente a la región y también abusa de prerrogativas perjudiciales para agricultores y ganaderos.
Hablamos del sistema de los llamados medios propios. Y es necesario detenerse en él, porque mueve cantidades considerables de dinero público y plantea preguntas que rara vez llegan al ciudadano. Por eso hemos investigado algo que solo es clamoroso aún para el campo asturiano. Lo es para todos los ciudadanos.
Tres nombres, dos estructuras empresariales
TRAGSA es la Empresa de Transformación Agraria, una sociedad pública estatal integrada en el Grupo SEPI. Su filial, TRAGSATEC —Tecnologías y Servicios Agrarios—, desarrolla principalmente trabajos técnicos, estudios, ingeniería, controles y apoyo a las administraciones.
Aunque nacieron vinculadas al mundo agrario y rural, hoy realizan, curiosamente, muchas otras actividades: construcción y rehabilitación de edificios, gestión de ayudas, digitalización, sanidad, infraestructuras, emergencias y asistencia técnica.
Sus dimensiones son importantes. Según las cuentas publicadas por el propio Grupo TRAGSA, en 2025 alcanzó una cifra de negocio de 2.603 millones de euros, con 5.636 actuaciones ejecutadas durante el ejercicio y 3.112 nuevos encargos. Una cifra de negocio por trabajos que han sido pagados con dinero público.
PRIMERA PREGUNTA: ¿Por qué esa cifra de negocio no revierte en el muy competente tejido empresarial español?
No hablamos, por tanto, de una pequeña empresa pública dedicada a arreglar caminos rurales. Hablamos de un gran grupo empresarial que trabaja para administraciones de toda España.
Su cifra de negocio correspondiente a Asturias alcanzó 101,49 millones de euros en 2024, según su memoria de sostenibilidad, página 14, incluyendo actividad para distintas administraciones.
SEGUNDA PREGUNTA: ¿Por qué esa cifra de negocio no revierte en el muy competente tejido empresarial asturiano?
SERPA, cuya denominación completa es Sociedad de Servicios del Principado de Asturias, es bastante más pequeña y depende del sector público asturiano. El Principado posee el 99,2% de su capital y el resto corresponde a CADASA, también público. SERPA y SERPASA son denominaciones utilizadas para la misma sociedad, no dos empresas distintas, como explica su portal institucional.
Sus actividades abarcan desde trabajos rurales y ambientales hasta asistencia técnica, gestión de datos, infraestructuras y apoyo a servicios administrativos. Según la información de su portal de presupuestos, registró 7,12 millones de euros de ejecución presupuestaria en 2025.
Una puerta legal que no exige concurso público
TERCERA PREGUNTA: ¿Por qué reciben directamente estos encargos?
Porque el artículo 32 de la Ley de Contratos del Sector Público permite que una Administración encomiende determinados trabajos a una entidad de la que es titular o sobre la que ejerce el control legalmente exigido.
Si cumple los requisitos para ser considerada medio propio, el encargo no se tramita como un contrato público ordinario.
La idea solamente tiene sentido en circunstancias muy concretas. Una emergencia, una necesidad técnica singular o una actuación que resulte claramente más eficiente mediante recursos públicos pueden justificar este procedimiento.
Pero en absoluto es admisible que ese resquicio legal se convierta, como ocurre con Tragsa, Tragsatec y Serpa, en una solución habitual, utilizada para atender necesidades perfectamente previsibles y repetidas año tras año.
MÁS PREGUNTAS:
¿Por qué un medio propio para casos excepcionales es siempre utilizado? El Principado no responde.
¿Qué demuestra que su precio sea competitivo? Nada. Si no hay un concurso abierto a otras empresas, nada.
¿Por qué no se permite que otras empresas presenten ofertas? El Gobierno Regional sabe, pero no contesta. Y es necesario que se le exijan explicaciones claras.
Asturias ofrece ejemplos muy concretos
La gestión de daños provocados por fauna silvestre proporciona una secuencia especialmente ilustrativa.
- Para 2021-2022, el Principado encargó a TRAGSA los trabajos de evaluación y seguimiento de esos daños por 317.238,51 euros, según la resolución del expediente CONP/2021/293.
2. Para 2023-2024 volvió a encargar a TRAGSA esa actividad, esta vez por 400.738,06 euros, como acredita la resolución del expediente CONP/2022/7583.
3. Y para 2025-2026 decidió encargar a SERPA la gestión y peritación de daños sobre ganado y cultivos, incorporando una plataforma digital, por 540.952,49 euros, según la resolución del expediente CONP/2025/1176.
Son tres encargos sucesivos, con alcances que no son idénticos, pero destinados a atender una necesidad pública recurrente, habitual, NO excepcional. Durante seis años se mantiene la fórmula de medio propio, y todo queda en esas tres empresas públicas, es decir, intervenidas políticamente.
Otro ejemplo lo ofrece el saneamiento ganadero.
Los encargos a TRAGSATEC para las campañas de 2024, 2025 y 2026 suman aproximadamente 17,74 millones de euros. Las respectivas resoluciones oficiales fijan importes de 4.526.283,57 euros en 2024, 6.598.129,95 euros en 2025 y 6.619.312,51 euros en 2026. Se trata de actuaciones sanitarias previsibles, necesarias y repetidas.
Y SEGUIMOS PREGUNTANDO:
¿Se ha demostrado que esta fórmula resulta más económica y eficiente que un concurso abierto a operadores especializados? No. El Principado paga con dinero ajeno.
¿Se han comparado las alternativas? No hace falta, según parece. Comparar requiere eludir la complicidad entre administración regional y empresas.
¿Cuántas empresas y profesionales asturianos podrían estar interesados en concurrir? Potencialmente, muchas. Comprobadas por el Gobierno Regional, ninguna.
Estamos preguntando hoy solamente por qué se utiliza reiteradamente una modalidad que prescinde de la competencia inicial. Nuestras investigaciones nos llevan más allá con más preguntas incómodas para el Gobierno.
Y después llega la subcontratación
Aquí aparece una segunda cuestión, quizá todavía menos conocida.
La legislación permite que los medios propios contraten con terceros una parte de los trabajos recibidos. Como establece el artículo 32.7 de la Ley de Contratos del Sector Público, esas prestaciones parciales no pueden superar, como regla general, el 50% del importe del encargo, con las excepciones y exclusiones legalmente previstas.
Es decir, una Administración puede encargar directamente un trabajo a TRAGSA o SERPA y estas, a su vez, contratar con otras empresas una parte de su ejecución.
Las contrataciones con terceros también están sujetas a las normas públicas que correspondan. Pero lo que el Gobierno de Adrián Barbón hace es, además de lo que antes hemos contado, poner a Tragsa-Tragsatec y a Serpa como intermediarios contratistas de terceros. Un escalón adicional entre la Administración que paga y la empresa que finalmente realiza alguno de los trabajos.
SEGUIMOS CON LAS PREGUNTAS:
¿Por qué no contratar directamente con esa otra empresa también mediante una licitación abierta? Más trabajo para la administración, sí. ¿Pero no les pagamos para eso?
¿Cuántos gastos adicionales de gestión, organización y supervisión están añadiendo y que acabarán soportando los presupuestos públicos?
Subcontratar no significa necesariamente gastar más. Pero tampoco garantiza ahorrar. La única manera de saberlo es comparar el coste completo de las alternativas, incluyendo lo ejecutado directamente, lo subcontratado y los gastos asociados a la gestión del encargo.
Y esa comparación debería ser una obligación del Principado ANTERIOR a decidir quién hace el trabajo, no es de recibo sustituirla vagamente después por un vacío de explicaciones..
El Supremo y Competencia ya han advertido
La cuestión no es ninguna ocurrencia de personas quienes desconfían de las adjudicaciones directas.
En enero de 2025, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia advirtió de que el uso inadecuado de TRAGSA y TRAGSATEC puede reducir el mercado disponible para empresas privadas y perjudicar la eficiencia del gasto público. En su informe IPN/CNMC/031/24 recomendó reforzar la motivación de los encargos, mejorar su transparencia y evitar efectos perjudiciales sobre la competencia.
Más recientemente, la sentencia 802/2026 del Tribunal Supremo, de 29 de junio, confirmó la anulación del encargo a TRAGSA para construir la Casa de la Música de Candás.
El Supremo admitió que una obra cultural en una entidad rural podía entrar en el ámbito de actuación de TRAGSA. Pero dejó establecido algo fundamental: las condiciones que justifican acudir a un medio propio deben comprobarse para cada encargo concreto, no darse por satisfechas de una vez para siempre.
Es decir, la condición de empresa pública instrumental no constituye un salvoconducto automático.
La preguntas que debe responder la Administración
- Cuando una Administración sabe que necesitará un servicio todos los años, ¿por qué decide una y otra vez acudir directamente a sus empresas instrumentales en lugar de estudiar abiertamente todas las alternativas?
2. ¿Qué gana el contribuyente?
3. ¿Qué oportunidades pierden las empresas que no pueden presentar una oferta?
4. ¿Cómo sabemos que los precios son los mejores posibles?
5. ¿Quién comprueba si la subcontratación encarece o abarata finalmente el trabajo?
La titularidad pública de una empresa no convierte automáticamente su actuación en la opción más conveniente para el interés general. Generalmente ocurre todo lo contrario como iremos mostrando en los siguientes artículos que dedicaremos al Entramado Tragasa-Serpa-Principado.
Lo público debe servir al ciudadano, no a la Administración para malemplear el dinero de aquél. Y precisamente por eso, cuando se decide contratar sin concurso, la explicación debería ser todavía más rigurosa que cuando existe competencia abierta.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED