La defensa de José Luis Rodríguez Zapatero en el asunto de las joyas parece construida sobre una idea tan sencilla como jurídicamente eficaz, al menos a corto plazo: decir lo suficiente para ofrecer una explicación alternativa, pero no tanto como para que esa explicación pueda ser fácilmente desmentida.
El expresidente sostuvo en la entrevista favorable que Javier Ruiz le brindó en RTVE que las joyas fueron un regalo de cortesía personal recibido «hace muchos años», sin precisar públicamente detalles clave.
Sin embargo, no ha indicado quién se las regaló, cuándo las recibió, dónde se produjo la entrega, por qué motivo ni en qué condiciones entraron en España.
No es una omisión menor, sino la esencia misma de su estrategia.
Zapatero había anunciado que necesitaría aproximadamente diez días para recabar la documentación que acreditase el origen de las piezas, pero ha pasado más de un mes sin avances. La explicación continúa reducida a tres conceptos cuidadosamente escogidos: regalo, personal y antiguo.
Es la única defensa posible ante la imposibilidad de demostrar lo que no puede demostrar: que son lícitas en todos sus aspectos.
Cada palabra cumple una función defensiva, pensada para limitar riesgos legales.
- ●Decir que fue un regalo introduce una causa aparentemente lícita de adquisición, aportando una justificación inicial.
- ●Calificarlo de personal intenta separarlo de su condición de presidente del Gobierno y de cualquier obligación de incorporar las piezas al patrimonio público.
- ●Situarlo «hace muchos años» apunta directamente hacia la prescripción de los posibles delitos fiscales o de contrabando.
Lo que no dice resulta todavía más importante, porque define los límites de la investigación.
●Zapatero no fija una fecha que pueda ser contradicha por la antigüedad real de las piezas, evitando así posibles inconsistencias.
●No identifica a un donante que pueda negar la entrega o cuya relación con él pueda ser investigada.
●Tampoco concreta un país que permita revisar movimientos aduaneros, visitas oficiales o intereses económicos.
●Además, no explica qué entiende por una «cortesía personal» valorada en alrededor de 1,3 millones de euros.
La defensa del expresidente ha optado así por desplazar todo el esfuerzo probatorio hacia los investigadores judiciales y policiales, trasladando a estos la carga práctica del caso. Arduo trabajo, aunque no imposible
En un proceso penal, la acusación debe demostrar los hechos, lo que limita las obligaciones del investigado. Zapatero no tiene obligación de acreditar su inocencia ni de colaborar en su propia incriminación. Su silencio o su vaguedad no pueden convertirse por sí solos en prueba de culpabilidad.
Su estrategia es políticamente deleznable pero penalmente le puede salir bien: complica con ella el trabajo investigador. Al no facilitar fecha, origen ni donante, Zapatero obliga a reconstruir por medios indirectos toda la historia de las joyas.
Para acreditar un posible delito fiscal sería necesario determinar cuándo se produjo cada adquisición, lo que exige datos concretos.
También habría que conocer el valor de cada pieza, quién realizó cada regalo, qué impuesto debía haberse satisfecho y qué cuota dejó de ingresarse.
●Sin una fecha cierta no hay periodo tributario claro;
●sin periodo tributario no hay liquidación segura;
●y sin cuota determinada resulta muy difícil sostener una acusación penal.
La apertura de investigación por parte de la Agencia Tributaria para congelar los plazos de prescripción es, de esta manera, meramente cosmética. Una acción premeditada del Gobierno de Sánchez para decir que colabora cuando lo que espera es que no se pueda demostrar nada. Una falsa colaboración.
En el posible delito de contrabando ocurre algo semejante, requiriendo pruebas específicas. No basta con encontrar joyas valiosas sin factura. Habría que demostrar cuándo y cómo fueron introducidas en España, si procedían de fuera del territorio aduanero europeo y si se incumplieron las obligaciones de declaración.
La investigación no es imposible, pero exige competencia técnica y perseverancia y, aún así, el resultado no está asegurado.
Los especialistas pueden examinar números de serie, punzones y características de las piedras, aportando indicios técnicos relevantes. Los certificados gemológicos y catálogos pueden acotar la fecha de producción. Los archivos de joyerías o subastas podrían identificar compradores o intermediarios.
También pueden revisarse registros aduaneros, movimientos bancarios y pólizas de seguros, ampliando el campo de análisis. Fotografías, vídeos y agendas oficiales pueden revelar cuándo aparecieron por primera vez las piezas. Las comunicaciones electrónicas y testimonios podrían reconstruir el contexto de una eventual entrega.
Con investigadores competentes y cooperación internacional, la datación y la identificación del origen son posibles, aunque complejas.
Por eso la estrategia de Zapatero es, para él, tan hábil como arriesgada al evitar compromisos concretos. Al no ofrecer una versión detallada evita contradicciones inmediatas, pero queda expuesto a descubrimientos incompatibles con su relato. No es imposible para la UDEF, pero resultará un trabajo de incierto resultado.
Habría que fijar la fecha de fabricación de alguna pieza y su versión quedaría debilitada si la fecha es administrativa y penalmente no prescrita.
Tendría que aparecer un donante vinculado a intereses económicos o decisiones políticas para que el carácter personal del regalo sería cuestionado. No parece probable que tal donante se haga visible.
Habría que demostrar que las joyas se relacionan con contraprestaciones para que el problema supere una simple olvido tributario.
Sólo fechas y protagonistas coincidentes (cuándo se regalaron, por quién y qué beneficios obtuvo el donante) que reflejen esa contraprestación podrían ser decisivo.
Si los investigadores no logran determinar con precisión la fecha, el donante y las circunstancias, la estrategia puede funcionar.
No porque Zapatero demuestre un origen irreprochable, objetivo al que él mismo y su abogado han renunciado, sino porque la acusación no pueda probar lo contrario.
En ese caso, el expresidente podría salir penalmente indemne, sin condena judicial. El procedimiento podría archivarse por falta de pruebas o prescripción.
Políticamente, sin embargo, la situación sería distinta, afectando a su credibilidad.
Un antiguo presidente que conserva joyas de gran valor sin explicación convincente queda desacreditado, aunque no sea condenado. La presunción de inocencia no obliga a aceptar explicaciones imprecisas.
La prescripción tampoco limpia los hechos, solo impide perseguirlos penalmente. Un archivo por falta de pruebas no equivale a demostrar la licitud del patrimonio.
Zapatero podría ganar el proceso y perder su reputación, generando un coste político.
Pero lo decisivo no está en Zapatero sino en Pedro Sánchez
Sin embargo, Pedro Sánchez juega con un umbral político más bajo, centrado en la ausencia de condena. No necesita demostrar la licitud de las joyas, sino que no se pruebe lo contrario.
Sánchez ha respaldado repetidamente a Zapatero, apelando a la presunción de inocencia. Una acusación fallida le permitiría presentar su apoyo como prudente y leal.
La narrativa sería sencilla: se investigó y no se probó el delito, por lo que las acusaciones quedarían desacreditadas.
No importaría que el archivo se debiera a la falta de datos concretos, ni que la explicación fuera incompleta. La ausencia de condena se transformaría en inexistencia de irregularidad.
Sería una conclusión políticamente deshonesta, pero eficaz comunicativamente.
La diferencia entre inocencia demostrada y falta de prueba desaparecería diluida en el discurso político y en el aparato de propaganda de los medios afines a Pedro Sánchez. Éste podría afirmar que siempre confió en Zapatero y que la oposición actuó sin pruebas.
Zapatero seguiría marcado por unas joyas sin explicación clara, pero el impacto político sería limitado. Sánchez evitaría que el episodio afectara directamente a su Gobierno.
En lenguaje coloquial, habría salvado los muebles, protegiendo su posición política.
Y probablemente se presentaría triunfante, aunque de forma cuestionable. Convertiría la falta de pruebas en una certificación de ejemplaridad.
Esa es la auténtica apuesta política detrás de la indefinición de Zapatero, no convencer de la limpieza de las joyas, sino impedir que se demuestre judicialmente lo contrario.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED