Cuando el miedo sustituye a la ciencia
Han pasado veinte años desde que Una verdad incómoda, del poco fiable Al Gore, convirtió una cuestión controvertida, pero ceñida al ámbito científico —el calentamiento climático—, en un catecismo político alimentado por el miedo.
Conviene separar ambas cosas con valentía. El clima cambia, pero ningún amor responsable por la naturaleza obliga a aceptar que cualquier vaticinio apocalíptico sea ciencia ni que toda restricción aprobada en su nombre resulte sensata.
Profecías que no se cumplieron
Al Gore auguró el final de las nieves del Kilimanjaro en una década, atribuyó un 75% de probabilidad a la desaparición del hielo del Polo Norte entre 2014 y 2016 y presentó como inminente una subida del mar capaz de anegar Manhattan. Nada ocurrió en los plazos y términos anunciados. Un tribunal británico permitió que la película siguiera proyectándose, pero exigió una guía correctora y señaló nueve afirmaciones apartadas del consenso científico.
De la alarma a la asfixia regulatoria
El verdadero problema no es que un político se equivoque —especialidad de ese peculiar gremio—, sino que sus exageraciones se conviertan en coartada permanente para impuestos, prohibiciones, permisos, cuotas y plazos trazados al margen de la realidad tecnológica.
Se anuncia la catástrofe, se regula bajo presión moral y, cuando aparece el daño económico, se reparte una subvención. Un círculo perfecto para la burocracia; ruinoso para quien fabrica.
Asturias paga la factura
Asturias conoce demasiado bien ese precio. Y a quienes sentimos esta tierra nos duele contemplar cómo su siderurgia, el zinc, el cemento y la química y el resto de la industria electrointensiva tienen que competir con países que disponen de energía más barata y reglas menos gravosas.
El régimen europeo de derechos de emisión encarece progresivamente la producción y reduce los derechos gratuitos. En 2025, el Estado tuvo que destinar casi 115 millones de euros a cuatro industrias asturianas para compensar los costes indirectos del CO₂.
Se castiga con una mano y se subvenciona con la otra. Si la propia normativa reconoce el riesgo de «fuga de carbono», el problema no es imaginario.
Descarbonizar no puede significar arrancarle a Asturias sus fábricas para trasladar las emisiones a otra parte. El CO₂ no se detiene en Pajares ni en la frontera europea, pero nuestros empleos, proveedores, ingresos públicos y conocimiento industrial sí pueden desaparecer.
Cerrar aquí para importar acero, zinc o cemento producidos con controles inferiores no es ecología: es contabilidad creativa con chimeneas ajenas.
Una transición con industria y futuro
La alternativa no es barra libre para contaminar. Es una regulación sometida a prueba: coste-beneficio transparente, neutralidad tecnológica, energía competitiva, reciprocidad ante las importaciones y calendarios ajustados a alternativas realmente disponibles, no a fantasías tecnológicas que transfieren riqueza y empobrecen a la mayoría.
El fracaso de las profecías de Gore no refuta la ciencia climática; refuta el uso político del miedo como cheque en blanco. Y refuta, sobre todo, la imprudencia, algo tan impropio de la verdadera ciencia.
Si Asturias necesita una transición ecológica, que sea con industria, empleo y futuro. Si la transición destruye aquello que dice querer salvar, no será transición: será la liquidación de nuestra tierra.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED