Esta es la fecha que merece colocarse al principio de esta historia: 15 de julio de 2026.
Ese día quedó inscrita en el Registro Mercantil una declaración de insolvencia total provisional de GARCIA-VILLAMIL SL, por 1.041,15 euros de principal y otros 156 previstos para intereses y costas. El acto se publicó en el BORME el 21 de julio.
La cantidad es pequeña y la insolvencia, provisional: no estamos hablando de un concurso de acreedores ni sería serio presentarlo así.
Pero el dato existe y pertenece a una sociedad domiciliada desde hace años en el mismo número 32 del Paseo de La Florida que semanas después aparecería como posible alojamiento de menores tutelados.
Puede consultarse aquí la publicación correspondiente en el BORME.
Existe otro dato económico, esta vez referido al inmueble. Según la información publicada por La Nueva España y recogida posteriormente por otros medios, sobre la finca pesaban hasta seis anotaciones de embargo por más de 186.000 euros y, entre ellas, cargas correspondientes a la Seguridad Social, los Servicios Tributarios del Principado y el Ayuntamiento de Oviedo.
La información sobre las cargas del inmueble puede consultarse aquí.
Nada de esto demuestra que las dificultades económicas fueran el motivo por el que se intentó instalar allí el recurso residencial. Confundir indicios con pruebas es una estupenda manera de arruinar una investigación.
Pero los hechos sí obligan a formular una pregunta completamente necesaria que el Principado debería responder:
¿cómo llegó un inmueble con ese contexto patrimonial a convertirse en la solución elegida por la Administración para un problema que estaba en Avilés?
¿Fue este un motivo perverso para resolver la insolvencia de Villamil o se trata de una elección fruto de la casualidad?
Pero ésta no es solamente la historia de La Florida. La Florida empieza también en Villa Ana.
Villa Ana necesitaba obras, pero hay algo que no encaja
En el Alfaraz, a las afueras de Avilés, Fundación Diagrama gestiona Villa Ana, un recurso de preparación para la vida independiente con 18 plazas. La memoria oficial de Infancia correspondiente a 2024 registraba allí 17 menores activos a final de año. Y todavía en marzo de 2026 la propia Fundación presentaba públicamente programas desarrollados con normalidad en ese centro.
La propia Fundación Diagrama luce con orgullo la estancia de los migrantes en Villa Ana sin, al parecer, quejas por el estado del edificio:
La memoria oficial de Infancia puede consultarse aquí.
Villa Ana necesitaba reformas. Eso no es una especulación: el Plan Anual de Contratación de 2026 de la Consejería de Derechos Sociales reservó 300.000 euros para reformar el centro, mediante procedimiento abierto y con seis meses previstos de ejecución.
El Plan Anual de Contratación de 2026 está disponible aquí.
Hasta aquí, nada extraño. Los edificios envejecen.
Lo extraño, lo que no encaja, comienza cuando intentamos reconstruir qué solución se diseñó para ese problema.
¿Por qué ocho a trasladar?
En agosto, el Principado anunció que ocho de los quince jóvenes que entonces residían en Avilés serían trasladados a La Florida.
RTPA informó aquí sobre el traslado previsto.
Primera pregunta: ¿por qué ocho?
Si Villa Ana debía desalojarse porque su deterioro impedía continuar allí, ¿qué ocurriría con los otros siete?
Si podían permanecer, ¿significa eso que las deficiencias eran parciales? ¿Las obras podían hacerse por zonas? ¿Iba a existir un traslado escalonado? ¿O los ocho fueron escogidos por edad, estudios, empleo o grado de autonomía?
Nada de eso ha sido explicado públicamente con precisión.
Y ahí aparece una primera tensión: un deterioro suficientemente grave como para justificar la salida de ocho residentes debería explicar también qué ocurre con quienes permanecen.
Los propios vecinos ya plantearon estas preguntas el 20 de agosto: por qué esos ocho, por qué abandonar Avilés y qué ocurriría con quienes permanecieran en Villa Ana.
Onda Cero recogió aquí aquellas dudas.
La partición del grupo también dice algo sobre el deterioro
La propia división entre quienes iban a salir y quienes aparentemente continuarían en Villa Ana puede convertirse en un indicador indirecto del estado real del centro.
Si parte de los residentes podía permanecer allí, caben varias posibilidades: que las deficiencias fueran parciales, que las obras previstas no exigieran desalojo completo, que el traslado obedeciera a criterios distintos del estado físico del edificio o que existiera una estrategia escalonada que nunca se explicó públicamente.
Eso no demuestra irregularidad alguna. Pero sí impide utilizar el deterioro de Villa Ana como excusa automática de un traslado a todas luces precipitado a un inmueble con la propiedad bajo sospecha.
Los 300.000 euros que todavía necesitan una explicación
La existencia de una partida de 300.000 euros para rehabilitar Villa Ana refuerza la idea de que el Principado conocía sus problemas materiales. Hasta ahí, correcto.
Pero hasta ahora no consta públicamente que esa reforma se haya adjudicado o ejecutado.
Cierto es que el hecho de que la obra no se hiciera no demuestra que no hubiera urgencia. Puede haber retrasos, problemas técnicos o dificultades administrativas. Pero puede haber también paralizaciones convenientes para alguien e inconvenientes para los afectados: chicos de Villa Ana y vecinos de La Florida.
Y por eso mismo también aquí procede preguntar.
Si Villa Ana se encontraba suficientemente deteriorada como para justificar la salida de parte de sus residentes, ¿por qué no se había acelerado la rehabilitación prevista? ¿Cuándo y por qué se decidió que la solución dejaba de ser reformar Villa Ana y pasaba a consistir en buscar otro inmueble?
Y entonces aparece La Florida.
El traslado no era sólo de edificio: era de ciudad
La operación planteada no consistía simplemente en mover a los menores a otra ubicación cercana. Se pretendía llevar a parte de ellos desde Avilés a Oviedo.
Eso introduce un segundo nivel de justificación.
Algunos jóvenes estudiaban en Avilés, otros lo hacían en Oviedo y algunos trabajaban. El grupo no era homogéneo.
Precisamente por eso debería haber una explicación individualizada de por qué se consideró conveniente mover a unos y no a otros.
Además, el traslado se proyectaba para septiembre u octubre, coincidiendo prácticamente con el inicio del curso.
Si esos jóvenes llevaban tiempo integrados en Asturias, estudiaban, trabajaban y habían desarrollado conexiones sociales, la pregunta no es menor: ¿por qué romper parcialmente el grupo cambiando de municipio precisamente en ese momento?
Incluso admitiendo el traslado, ¿por qué La Florida?
La necesidad de sacar a menores de Villa Ana no explica por sí sola que la solución tuviera que ser La Florida 32.
Son dos decisiones distintas: decidir que Villa Ana no era adecuada para todos y decidir que La Florida era una alternativa apropiada.
Y la segunda necesita su propia justificación tanto más cuanto es poco explicable un traslado lejano a un inmueble con el propietario en insolvencia.
El inmueble de La Florida presentaba, según las informaciones publicadas, cargas y problemas patrimoniales relevantes.
Además, la operación quedó después afectada por la constatación oficial de la vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia, Fernando Villamil, y una persona, Marta Villamil, relacionada con la propiedad.
La pregunta deja de ser solamente quién estaba vinculado con quién y pasa a ser: ¿cómo llegó ese inmueble concreto a convertirse en solución para un problema nacido en Avilés?
Antes de saber quién iba a cobrar, hay que saber quién propuso La Florida
Éste puede ser el aspecto central del caso.
●¿Quién introdujo La Florida 32 en el expediente?
●¿Fue Diagrama?
●¿Fue el Servicio de Infancia?
●¿Fue una propuesta de la propiedad?
●¿Hubo intermediarios?
●¿Cuándo apareció por primera vez esa dirección?
●¿Se estudiaron otros inmuebles en Avilés?
●¿Con qué criterios se descartaron?
Sin esa cronología, todo lo demás queda flotando.
El informe de la Secretaría General Técnica enviado a Fiscalía dice que repasa la actuación administrativa, analiza las condiciones del inmueble y examina la viabilidad de la actuación, además de hacer constar una vinculación familiar entre el jefe del Servicio de Infancia y una persona relacionada con la propiedad. Bien.
Pero enviar el informe a Fiscalía no solo no exime de una investigación continuada por el Principado, sino que exige que tanto lo enviado a Fiscalía como lo que se investigue internamente, debe ser COMPLETO, sin recortes interesados e interesantes. Sin vaguedades.
Estas preguntas son para Barbón
Por eso las preguntas ya no corresponden únicamente a Fiscalía.
Señor Barbón: ¿se hizo su Administración estas preguntas antes de anunciar el traslado?:
1.¿Quién decidió que debían salir ocho y no todos?
2.¿Quién decidió buscar fuera de Avilés?
3.¿Qué ocurrió con la reforma prevista de Villa Ana?
4.¿Quién propuso concretamente La Florida 32?
5.¿Qué alternativas se estudiaron?
6.¿Cuándo conoció la Administración las cargas del inmueble?
7.¿Y en qué momento detectó la vinculación familiar que ahora considera suficientemente relevante como para mencionarla en un informe remitido al Ministerio Fiscal?
No afirmamos que se exagerase el deterioro de Villa Ana para justificar un alquiler determinado. Aún no hay pruebas para ello.
Pero sí podemos y debemos invertir la pregunta.
¿Fue la necesidad acreditada de sacar a ocho jóvenes de Villa Ana la que, tras estudiar alternativas, condujo finalmente hasta La Florida 32?
¿O apareció primero una oportunidad inmobiliaria y posteriormente se configuró alrededor de ella una operación de traslado parcial?
Precisamente esto debería aclararlo el expediente.
Antes de saber si alguien iba a beneficiarse con un alquiler, convendría explicar algo más elemental:
¿por qué había que alquilar precisamente allí?
Todos estos interrogantes se añaden al relato y escenarios que hemos contado en Asturias Liberal: El caso Villamil: el Principado no puede delegar sus controles en la Fiscalía
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED