La ITV de Granda y el taller de Barros ilustran una exigencia elemental de la buena administración: comparar alternativas antes de comprometer los recursos de los contribuyentes. Y en sí son una denuncia al empecinamiento socialista de dirigir invasivamente la economía sin tener ni la capacidad ni el conocimiento para ello. Como el perro del hortelano, ni come ni deja comer; ni resuelve ni deja resolver.
Los gestores del Principado, suponiendo que gestionen algo más que su propia supervivencia en las moquetas de sus despachos, ignoran que cada vez que intervienen, que meten la mano en un problema, producen ineficiencia, desorden y pérdida de recursos públicos, los de todos. Ignoran la verdad profunda de que los mecanismos de la competencia ayudan a descubrir precios, revelar alternativas y disciplinar decisiones.
La eficiencia solo puede evaluarse frente a alternativas viables, competencia en las licitaciones, impedir los tratos de favor, y un marco jurídico general unas reglas del juego que no pretendan invadir cada caso. Su ignorancia de las consecuencias de lo que hacen les vuelven soberbios. Y lo pagamos los ciudadanos.
Granda: la urgencia y la inversión
En 2020, la pandemia dejó a ITVASA con 140.000 inspecciones pendientes en Asturias y esperas de hasta 170 días en Gijón, según los datos difundidos por el Principado. Había que actuar. La empresa pública optó por habilitar una segunda estación en la antigua nave de Famila, en Granda. Pagó 900.000 euros por el inmueble y la parcela, según consta en el acta municipal de junio de 2021; después llegaron obras y reparaciones. Según la información publicada recientemente, el desembolso acumulado supera los dos millones de euros.
La estación comenzó a funcionar en agosto de 2022. Pero desde mayo de 2026 está cerrada por deficiencias en la cubierta y en un muro. Repararlas podría costar más de otro millón de euros, todavía no desembolsado. La gerente de ITVASA, Marta Torre, considera probable la clausura definitiva: Tremañes absorbe actualmente las inspecciones sin demoras y existe otra estación cercana en Pruvia.
Granda prestó un servicio y el inmueble conserva un valor pendiente de precisar. Sí plantea una pregunta imprescindible: ¿era la mejor manera de resolver una congestión extraordinaria comprometer una inversión inmobiliaria permanente?
Había alternativas. El acta municipal del 1 de junio de 2021 recoge que el Ayuntamiento ofreció permutar Granda por suelo en Lloreda y que ITVASA rechazó la propuesta por razones económicas y de plazo: la nave adquirida ya estaba construida. Era una consideración razonable; pero la oferta llegó después de comprar, cuando la libertad de elección era menor. ¿Se compararon previamente, con suficiente amplitud, emplazamientos, ampliaciones, soluciones temporales, plazos, mantenimiento y valor residual?
La competencia dentro de una inversión no basta no es competencia
Aquí aparece una paradoja reveladora. ITVASA sí recurrió a la un simulacro de competencia para contratar obras, pero no valoró con criterios competitivamente su decisión, porque se trata de una empresa sin competencia, es decir, un monopolio gubernamental .
En 2021, cuatro empresas concurrieron a la adecuación inicial de la obra, adjudicada por 396.270 euros, un 4,1 % por debajo del presupuesto. En 2024, ocho licitadores aspiraron a sustituir una cubierta: la adjudicación, por 189.737 euros, quedó un 35,8 % por debajo del presupuesto de licitación. Estas diferencias no equivalen automáticamente a ahorros definitivos, pero muestran el valor de contrastar ofertas.
Dada la naturaleza monopolística de ITVASA, dados los miembros de su dirección, que preside el consejero de turno, la decisión de la compra de una nave en los terrenos de Granda fue un desastre.
Los entresijos de cómo se decidió esta compra y a quién benefició indebidamente, serán publicados próximamente por este medio independiente.
Barros: el mismo principio, otro objetivo
En Langreo, la Sociedad Regional de Promoción ofrece 10.658.000 euros por el taller de Barros para alquilárselo a Indra. El acuerdo de intenciones del 27 de octubre prevé 25 años de arrendamiento y el uso industrial de una nave de unos 16.000 metros cuadrados; la adquisición sigue pendiente. El alquiler se fijaría a precio de mercado mediante tasación independiente, pero no conocemos públicamente su importe exacto.
Impulsar industria y empleo es un objetivo legítimo. Pero hacerlo mal, con precipitación y con exhibicionismo publicitario lleva al error.
Como venimos señalando en Asturias Liberal y en nuestro análisis de los compromisos industriales de Indra, también aquí procede comparar: compra pública y alquiler frente a la inversión directa del Indra, uso de otros espacios, necesidades reales de superficie, costes de conservación, riesgos y compromisos productivos.
Que el precio de compra sea de mercado no acredita, por sí solo, que esta sea la alternativa más eficiente y mucho menos justifica que Asturias compre lo que Indra puede comprar si lo que van a producir es un producto con valor añadido. Y pos lo que se sabe, este valor no será muy alto.
Y lo que aún es peor. El Principado declaró con mucha antelación su decisión de intermediar entre Indra y Duro Felguera para que ésta vendiera a buen precio las instalaciones de Barros. Un anuncio que evitó que Indra y Duro Felguera llegaran a un acuerdo para que la multinacional tecnológica hiciera la compra con sus abundantes recursos.
Competir antes de gastar
La eficiencia en la gestión, resolver problemas económicos y sociales, es una decisión política. Y la ineficiencia, la creación de problemas, es otra. Asturias, su Gobierno, opta por la segunda manera de estar.
La competencia pública no exige ni monopolios ni simples subastas, ni siquiera si éstas logran algún ahorro si el gasto que se quiere hacer NO se debe hacer. Es un caso similar al cotidiano acto de compra de adquirir, por ejemplo, un automóvil de alta gama sólo porque está en oferta, sin necesitarlo y sin tener capacidad para sostener la compra.
En la Junta General del Principado se ha solicitado ahora el desglose de adquisiciones, obras y daños de Granda. Es información necesaria para valorar el resultado. Eso está muy bien, pero hay más que desvelar que lo que en la Junta General los diputados piden. Las líneas de investigación necesarias pasan por algo más que suele acompañar a la ineficiencia pública: el trato de favor. ¿Hacia quién? En el caso de ITVASA Granda lo iremos apuntando.
La eficiencia no se acredita anunciando inversiones ni cumpliendo únicamente los trámites. Se acredita explicando qué opciones se estudiaron, cuánto costaba cada una y por qué se eligió una.
ENLACES RECOMENDADOS: ECONOMISTAS Y COMPETENCIA
- Gary S. Becker (2014). Competition and the Efficiency of Bureaucracies. Competencia, comparación de alternativas y eficiencia burocrática.
- Gary S. Becker (2009). Competition and Organizational Efficiency. La competencia como prueba de la eficiencia de diferentes organizaciones.
- Friedrich A. Hayek (1945). El uso del conocimiento en la sociedad. Texto clásico, disponible en español, sobre los precios y el conocimiento disperso.
- Israel M. Kirzner (1997). How Markets Work: Disequilibrium, Entrepreneurship and Discovery. Competencia, iniciativa empresarial y descubrimiento de oportunidades.
- Richard A. Posner (1974). Theories of Economic Regulation. Incentivos, intereses y limitaciones de la intervención pública.
Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED