Una empresa cooperativa con razones económicas para vender, un antiguo dirigente socialista incorporado a su dirección y una empresa pública que adquirió su nave. Seis años después, la inversión amenaza con convertirse en un problema patrimonial.
Nada que sorprenda ya en la España de Sánchez y en la Asturias de Barbón.
La ITV de Granda, en Gijón, lleva cerrada desde mayo. ITVASA estudia clausurarla definitivamente porque reparar sus instalaciones podría costar más de un millón de euros. Mientras tanto, la estación de ITV de Tremañes absorbe las inspecciones sin demoras, según la empresa pública.
La operación que dio origen a la compra de La Riega, en Granda, por la empresa pública ITVASA, vuelve así a la actualidad. El Gobierno asturiano tendrá que explicar, si es que el rubor que produce la vergüenza se lo permite, el destino de una inversión que, sumando compra y contratos identificados, se aproxima a 1,9 millones de euros. El PP acaba de anunciar una denuncia ante la Inspección General de Servicios.
Pero, para comprender lo sucedido, conviene retroceder a 2019 y preguntarse por qué ITVASA terminó comprando precisamente aquella propiedad.
La Cooperativa y sus circunstancias económicas
La nave de Granda había sido la fábrica de embutidos Famila, situada en La Riega. Tras el concurso de la empresa Famila, la Cooperativa de Agricultores de Gijón recuperó las instalaciones mediante subasta judicial en 2015.
Esta entidad las destinó a actividades logísticas y, todavía en 2018, las presentaba como parte de sus planes de crecimiento, según su memoria anual de aquel ejercicio. Sin embargo, poco después decidió desprenderse de ellas.
¿Qué situación económica atravesaba?
Sus cuentas muestran una empresa con actividad y algunos beneficios, pero con aprietos financieros serios y significativos. En 2019 facturó unos 11,49 millones de euros, obtuvo un beneficio neto de 181.721 euros y registró un flujo de caja operativo negativo de aproximadamente 550.000 euros.
En 2020 las ventas aumentaron hasta 13,69 millones y el beneficio neto fue de 101.558 euros. La deuda bancaria rondaba los 2,33 millones de euros, mientras la tesorería alcanzaba unos 421.000 euros, según las cuentas anuales de 2020 de la Cooperativa.
La finca de La Riega estaba hipotecada a favor de Cajamar. Al cierre de 2020 quedaban pendientes unos 133.000 euros. La Cooperativa también había afrontado dificultades financieras relacionadas con sociedades participadas.
Estos datos no describen una empresa insolvente, pero permiten entender su necesidad económica de vender una propiedad inmobiliaria: obtener liquidez, reducir deuda y liberar recursos.
La venta de La Riega por 900.000 euros permitió cancelar su hipoteca. Las cuentas de 2021 reflejaron, además, un importante resultado positivo por enajenación de inmovilizado, es decir, por la venta.
Por tanto, existían razones empresariales para considerar la operación conveniente.
Y aquí es donde entra un expolítico socialista
El fichaje de Josechu y una relación anterior
En noviembre de 2019, la Cooperativa incorporó a José María Pérez López, Josechu, como director general corporativo.
Había sido portavoz socialista en Gijón y candidato a dirigir la Federación Socialista Asturiana. Perdió las primarias de 2017 frente a Adrián Barbón y abandonó, sin ruido y con expresión de lealtad al partido, la política institucional después de las elecciones municipales de 2019. Así dijo en su cordial despedida:«La deuda la tengo yo con el PSOE y no el PSOE conmigo».
La contratación no fue una aparición aislada en su trayectoria profesional. Josechu tenía experiencia en gestión pública y conocía desde años antes a Joaquín Vázquez González, presidente de la Cooperativa.
Existe una prueba documental de ese conocimiento mutuo: el convenio de colaboración firmado el 7 de julio de 2010. Josechu representaba al Centro Municipal de Empresas de Gijón y Vázquez a GESPOR, asociación empresarial de los polígonos de Roces y Porceyo.
Nueve años después volvieron a encontrarse en la estructura directiva de la Cooperativa.
El propio Josechu explicó, al abandonar la empresa en 2024, que el Consejo Rector le había encomendado dirigir una transformación empresarial. También consta que recibió poderes mercantiles en abril de 2020.
La transformación más visible de su trabajo en la Cooperativa fue negociar con la ITVASA controlada por el Principado una venta que la libró de una importante carga financiera.
No sabemos quién propuso personalmente su contratación ni si sus relaciones institucionales influyeron en ella, pero ya es casualidad, si es que la casualidad es un factor real en las relaciones entre el PSOE y las empresas, que las cosas hayan ocurrido así.
La existencia de una dirección profesional anterior obliga, además, a considerar que su incorporación no alteró la jerarquía directiva de la Cooperativa al crearse un puesto «ad hoc» para él y su misión de transformación empresarial.
ITVASA empieza a buscar terrenos
Casi simultáneamente, entre finales de 2019 y comienzos de 2020, ITVASA inició gestiones para encontrar una ubicación donde ampliar sus instalaciones.
El problema de las esperas fue especialmente grave durante el confinamiento. La acumulación llegó a alcanzar 140.000 citas pendientes en Asturias y demoras de hasta 170 días en Gijón.
La empresa pública acudió al Ayuntamiento para estudiar terrenos municipales.
Según declaraciones realizadas en 2021 por representantes de Ciudadanos, en mayo de 2020 ITVASA ya se había interesado por dos parcelas públicas próximas a La Riega, junto a la propiedad de la Cooperativa.
Aquel dato resulta especialmente significativo para reconstruir el itinerario de la decisión.
ITVASA estaba presidida entonces por Enrique Fernández Rodríguez, consejero de Industria del Principado y dirigente socialista. Fernández y Josechu habían coincidido en órganos del PSOE, aunque procedían de sectores distintos durante las primarias autonómicas de 2017. Discrepancia entre ambos saldada con la retirada complaciente de José María Pérez, Josechu.
En noviembre, según la explicación ofrecida esta misma semana por el consejero Borja Sánchez, el Consejo de Administración de la empresa pública ITVASA decidió adquirir la finca de Granda. La operación se formalizó entre finales de diciembre de 2020 y enero de 2021.
Josechu representó, desde su providencial cargo, a la Cooperativa vendedora y Belarmino Rodríguez a ITVASA, según la información difundida sobre la escritura.
La propiedad había pasado a manos de una sociedad íntegramente pública.
Una elección controvertida desde el principio
La ubicación provocó oposición vecinal y críticas políticas. Los residentes cuestionaron los accesos, la seguridad vial y las consecuencias de instalar una ITV en aquel entorno.
El Ayuntamiento de Gijón, gobernado entonces por Ana González, del PSOE, ofreció en mayo de 2021 una permuta por terrenos municipales en el polígono de Lloreda.
ITVASA la rechazó. El acta de la Comisión municipal de Urbanismo del 1 de junio de 2021 recoge expresamente razones económicas y de plazos: Granda disponía de una nave construida que solamente requería adaptación.
Una explicación que exige preguntar si acaso la empresa pública ITVASA no consideró otras alternativas más limpias.
Borja Sánchez ha explicado ahora que se esperaba abrir la estación en cinco o seis meses, frente al año y medio o dos años que habría requerido construir otra instalación.
Sin embargo, Granda no comenzó a funcionar hasta el 29 de agosto de 2022, unos veintiún meses después de la decisión de compra.
Y aquí se da un PRIMER SUCESO que desmonta la excusa tanto como la urgencia aducida para la compra de la nave de Granda: La acumulación extraordinaria de inspecciones ocasionada por la pandemia habían disminuido sustancialmente en Tremañes antes de la puesta en servicio de la nueva estación de Granda.
La adquirida instalación de Granda prestó servicio durante casi cuatro años y, con ello un SEGUNDO SUCESO que deja gravemente en cuestión la elección de la nave de la Cooperativa por parte de de ITVASA con una interrupción por inundaciones en 2024. También requirió inversiones adicionales, incluida una sustitución de cubierta adjudicada ese año.
En mayo de 2026 volvió a cerrar por deficiencias en el techo y uno de sus muros. Ahora se estudia abandonarla sin verse la urgencia de adquirir terreno para una nueva. El cierre definitivo y su apuntada permuta con el Ayuntamiento por terrenos próximos a Tremañes siguen pendientes de decisión.
Recapitulando el esperpento, la situación de conjunto es: Una compra innecesaria de una nave inadecuada por una entidad representada por un ex alto cargo del PSOE. Vaya.
Las cifras y la responsabilidad pública
Los importes identificados comprenden 900.000 euros por la propiedad, unos 479.500 euros por su adaptación, 200.500 euros por equipos de inspección, 87.100 euros por una instalación fotovoltaica y 229.600 euros por la sustitución de cubierta.
La suma ronda los 1,9 millones de euros, aunque combina el precio de adquisición con importes contractuales y todavía no equivale a una liquidación completa de gastos ejecutados. Tampoco puede considerarse íntegramente perdida: el terreno, la nave y determinados equipos conservan valor patrimonial.
Mientras tanto, el actual Gobierno autonómico defiende que la adquisición respondió a una necesidad real y a las condiciones excepcionales de aquel momento.
¿Quién puso La Riega sobre la mesa?
La investigación realizada hasta hoy permite identificar intereses económicos de la Cooperativa, unas relaciones profesionales y políticas en el acuerdo de compraventa y serias responsabilidades institucionales del Principado.
La Cooperativa tenía razones financieras para vender. Josechu se incorporó a su dirección cuando ITVASA comenzaba a buscar nuevas instalaciones. Conocía desde años antes al presidente de la Cooperativa y mantenía vínculos orgánicos con el partido al que pertenecía el consejero que presidía ITVASA.
Todo ello obliga a preguntar:
¿Existió una intermediación política favorecedora de una operación financieramente providencial para la Cooperativa y lesiva para el erario público?
¿Quién ofreció por primera vez la nave de la Cooperativa a ITVASA apoyándose en una temporal acumulación de retrasos en la ITV de Gijón?
De lo que ya se puede responder es del resultado: una sociedad pública eligió una propiedad privada por razones declaradas de economía y rapidez, invirtió en ella y ahora contempla su abandono mientras la estación anterior absorbe el servicio.
Lo cierto es que donde se prometió economía hubo dispendio y donde se prometió rapidez hubo una nave con inundaciones. Se trata, en conjunto, de una operación con demasiadas goteras.
ENLACES RECOMENDADOS
- Asturias Liberal: ITVASA-Granda y Barros, la grave ineficiencia, y algo más, en la gestión del Principado. Análisis anterior sobre competencia, alternativas y eficiencia en las decisiones públicas.
- Cooperativa de Agricultores de Gijón: memoria de 2015. Adquisición en subasta de La Riega y proyecto logístico inicial.
- Cooperativa de Agricultores de Gijón: cuentas anuales de 2020. Situación económica, deudas y transmisión del inmueble.
- Convenio Centro Municipal de Empresas-GESPOR, de 7 de julio de 2010. Documento firmado por José María Pérez López y Joaquín Vázquez González.
- Junta General del Principado: Diario de Sesiones de 18 de marzo de 2021. Comparecencia de Enrique Fernández y explicaciones sobre la elección de Granda, páginas 29-31.
- Ayuntamiento de Gijón: acta de la Comisión de Urbanismo del 1 de junio de 2021. Oferta de permuta y explicación municipal del rechazo de ITVASA, páginas 14-15.
- miGijón, 5 de noviembre de 2026. Comparecencia de Borja Sánchez y anuncio de denuncia del PP ante la Inspección General de Servicios.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED