La nueva sacudida al Gobierno asturiano por el caso Cerredo tiene una novedad relevante: el problema ya no es explicar lo ocurrido, sino sostener políticamente sus consecuencias. Y ahí conviene mirar fuera. Porque hay un caso reciente que ayuda a entender exactamente dónde está ahora el debate: el caso del accidente de El Bocal, en Santander.
Qué pasó en El Bocal
En El Bocal se produjo el derrumbe de una pasarela con resultado de víctimas. No fue un hecho súbito sin antecedentes sino todo lo contrario:
●Existía deterioro visible de la estructura
●Había avisos previos y señales de riesgo
La instalación dependía de una Administración responsable de su mantenimiento y vigilancia
La clave de la investigación judicial no está en el derrumbe en sí, sino en lo anterior.
La jueza de este caso ha puesto el foco en una figura jurídica muy clara: la posición de garante. Es decir, en quién tenía la obligación de evitar el daño. Y ha abierto la puerta a imputaciones por omisión de diligencia debida: no hacer lo que se debía hacer cuando se tenía información suficiente para actuar.
Dicho de forma sencilla:
El problema no es solo que algo se rompiera El problema es que había señales de que podía romperse… y no se actuó
Por qué El Bocal ilumina Cerredo
Ese mismo esquema es el que aparece en Cerredo donde:
●Hubo avisos documentados desde 2020
●Hubo denuncias explícitas en 2022
●Hubo inspecciones y expedientes administrativos
Hubo un momento en 2023 en el que el sistema pudo actuar… y no lo hizo
La diferencia es importante.
En El Bocal, el problema apunta a un fallo en el mantenimiento y la vigilancia.
En Cerredo, el problema es más grave pues durante 7 años:
●el sistema de control existía
●recibía información
●pero no actuó con eficacia
Esto cambia el plano del debate.
No estamos ante la ausencia de control. Más bien estamos ante un control que, funcionando, no cumple su función.
De la empresa al sistema
La defensa del Gobierno asturiano insiste en señalar a la empresa como responsable directa. Y es cierto que hay una investigación penal en marcha.
Pero el paralelo con El Bocal introduce una cuestión distinta:
¿Quién debía evitar que esa situación llegara hasta ahí?
Cuando aparece la posición de garante, la responsabilidad deja de centrarse en quien ejecuta el daño y se desplaza hacia quien debía impedirlo.
Y ahí es donde Cerredo deja de ser un caso exclusivamente técnico para convertirse, además, en un problema político.
La tormenta política
La crónica de las últimas horas refleja ese cambio. El Gobierno ya no solo responde a la oposición sino que empieza a hacerlo también frente a su propio entorno político.
Y no es para menos pues Izquierda Unida fue socio parlamentario y de Gobierno con los exconsejeros que miraban para otro lado. El líder de esa formación, Ovidio Zapico, pretende eludir su propia responsabilidad alzando una voz necesaria, sí, pero a destiempo.
Eso indica algo muy concreto: que el problema ya no se está gestionando, sólo se está conteniendo.
De la explicación a la responsabilidad
Si algo une El Bocal y Cerredo es que había información suficiente para actuar antes de que ocurriera lo peor y cuando eso sucede, la respuesta no puede quedarse en la explicación. Tiene que pasar a la responsabilidad política.
En Asturias, eso implica dos decisiones claras:
El cese en sus actuales cargos de Enrique Fernández (HUNOSA) y Nieves Roqueñí (Autoridad Portuaria de Gijón), como responsables de las fases críticas del sistema.
Y que el presidente del Principado, Adrián Barbón, someta su continuidad a una cuestión de confianza ante la Junta General. En su nivel de responsabilidad como tal Presidente lo correcto es que el órgano adecuado para depurar su responsabilidad es el legislativo regional.
El debate ya no es qué pasó sino quién responde por no haber actuado cuando debía hacerlo.
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Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED