David Villar intervino en encargos a TRAGSA y TRAGSATEC cuando dirigía Medio Natural. Hoy SERPA participa en las peritaciones de daños de fauna y TRAGSATEC continúa realizando controles agrarios y sanitarios. ¿Hasta qué punto llega el trabajo de sus técnicos? ¿Puede estar invadiendo las competencias de la autoridad administrativa sobre indemnizaciones, ayudas y explotaciones ganaderas? De ser así, como se sospecha seriamente entre los ganaderos asturianos estamos ante un escándalo de gran proporción.
La ocultación de datos requeridos para saberlo, que en otro momento demostraremos, invita a pensar que algo extremadamente grave está sucediendo en Asturias con relación a TRAGSA.
Un ganadero encuentra una res muerta atacada por un lobo. Comunica el daño al Principado, alguien visita la explotación, examina los restos, toma fotografías y elabora un informe. Finalmente, la Administración comunica al ganadero si corresponde indemnizarlo.
Otro ganadero recibe una inspección relacionada con las ayudas de la Política Agraria Común (PAC). Una incidencia detectada por el inspector puede afectar a la ayuda que esperaba recibir.
Y un tercero afronta una campaña de saneamiento ganadero. Las pruebas practicadas por los técnicos a sus animales pueden dar lugar a restricciones de movimientos y medidas sanitarias con importantes consecuencias económicas.
En los tres casos existe una cadena de actuaciones: alguien comprueba los hechos, alguien prepara la información y alguien adopta la decisión administrativa.
Ese alguien es un técnico de una de esas empresas contratadas directamente por el Principado: TRAGSA, TRAGSATEC y SERPA.
¿Quién hace cada cosa? Tras uno de esos tres tipos de informe, que debería ser objetivo y razonable, hay una resolución administrativa.
La grave cuestión es: ¿realiza el técnico de esas empresas una propuesta de dictamen que el funcionario se limita a firmar tal cual se propone? Si no es así, si no hay nada irregular, ¿por qué el Principado niega la información sobre las actuaciones técnicas de los expedientes?
Es una pregunta particularmente obligatoria que surge al examinar los encargos del Principado a TRAGSA, TRAGSATEC y SERPA, empresas públicas que prestan servicios técnicos a la Administración sin concurrir a una licitación ordinaria.
Y, por supuesto, en esos expedientes aparecen nombres propios que ya conocemos, mas no se revelan los informes técnicos que podrían demostrar que no hay arbitrariedad ni restricciones motivadas para ahorrar pagos obligados a los ganaderos en perjuicio de estos. Y si no la hay, ¿por qué niegan su publicación?
David Villar, Orencio Hernández y los daños de fauna
El 19 de agosto de 2021, el Principado aprobó el encargo CONP/2021/293 a TRAGSA para evaluar y seguir los daños de fauna silvestre durante 2021 y 2022. Su presupuesto era de 317.238,51 euros.
La propuesta procedía del Servicio de Vida Silvestre, cuya jefatura correspondía a Orencio Hernández Palacios, y contaba con el conforme del director general del Medio Natural y Planificación Rural.
Ese director general era David Villar García, cuya trayectoria profesional de doce años en TRAGSATEC y posterior incorporación al Gobierno de Barbón a las órdenes del consejero Alejandro Calvo relatamos en nuestro artículo «Trama Tragsa. David Villar: la clave de contrataciones bajo sospecha», publicado en Asturias Liberal el 22 de octubre.
La resolución definitiva correspondió a la Consejería, pero el documento identifica la intervención de la Dirección General de Villar en la propuesta.
¿Qué trabajos debía realizar TRAGSA?
El pliego contemplaba visitas de campo, recogida de fotografías, huellas y otras evidencias, datos geolocalizados y elaboración de informes técnicos individuales. También preveía analizar información de miles de expedientes de daños.
La pregunta es qué contenían más allá de simple informe de los daños y qué utilización recibían después esos informes individuales.
¿Servían exclusivamente para estudiar la evolución de los daños o se incorporaban también a expedientes de indemnización (denegada o aprobada) concretos? ¿Quién comprobaba sus conclusiones? ¿Quién resolvía las discrepancias entre una valoración técnica y las alegaciones del ganadero?
Villar firmó otro encargo a TRAGSATEC
Hay otro documento que ayuda a comprender la estructura del procedimiento que se sigue.
El 9 de julio de 2021, David Villar firmó por delegación la resolución del expediente CONP/2021/1742, que autorizaba 230.998,65 euros a TRAGSATEC para la evaluación y el seguimiento especies silvestres.
No era el mismo expediente de indemnizaciones por daños de fauna. Pero es importante como ejemplo de la organización de responsabilidades en la Consejería.
Aquel día Villar firmó la resolución que ordenaba el encargo y Orencio Hernández Palacios, jefe del Servicio de Vida Silvestre, fue designado director de los trabajos.
Para 2023-2024, el Principado volvió a encargar a TRAGSA la evaluación y seguimiento de daños de fauna. El expediente CONP/2022/7583, por 400.738,06 euros, también recoge el conforme del director general que entonces era Villar.
En estos expedientes aparecen, por tanto, funcionarios y altos cargos, con nombre y apellidos, con responsabilidades administrativas identificadas que caerían en el lado de la irregularidad e, incluso el delito, si se limitaban a sancionar la propuesta técnica de TRAGSA más allá de lo meramente técnico. Mas nada es posible comprobar mientras el Principado si denegando el contenido de las actuaciones técnicas.
Por tanto interesa conocer ahora es cómo se trasladaba ese control a los trabajos concretos desarrollados por el personal de las empresas públicas.
SERPA sustituye a TRAGSA: las discrepancias en las peritaciones
En 2025 se produjo un cambio.
Bajo la Consejería de Medio Rural y Política Agraria, dirigida por Marcelino Marcos, la gestión y peritación de daños de fauna para 2025-2026 pasó a SERPA, mediante el expediente CONP/2025/1176, por 540.952,49 euros.
Jorge García García, jefe de la Sección de Caza del Servicio de Vida Silvestre, figura como director del encargo.
El Gobierno explicó en su comunicación oficial del 28 de marzo de 2025 que siete trabajadores reforzarían el servicio.
Dos realizarían peritaciones de daños en ganado o cultivos causados por especies silvestres, especialmente cuando existieran discrepancias. Otros dos desarrollarían trabajos de campo, mientras que tres atenderían la plataforma digital y labores de gestión.
Aquí las preguntas son especialmente concretas.
Cuando existe discrepancia en una peritación, ¿qué valor tiene el informe del técnico de SERPA frente al de los Agentes del Medio Natural? Se limitan estos a sancionar lo que TRAGSA informa?
¿Y qué ocurre cuando el ganadero traslada también su discrepancia ante lo que los técnicos de TRAGSA remiten, los Agentes confirman y Jorge García García ratifica?
Y cuando los auxiliares de SERPA gestionan avisos o validan actuaciones, ¿qué están validando exactamente? ¿Datos introducidos, procedimientos informáticos o, de manera irregular, actuaciones con efectos administrativos?
Las ayudas PAC: quién introduce la incidencia y quién decide
TRAGSATEC también participa en controles sobre el terreno relacionados con la PAC.
Lo acreditan, entre otros, los expedientes CONP/2021/4530, CONP/2022/4312 y CONP/2023/8349, consultables también en el registro oficial de encargos a medios propios.
Pero aquí encontramos un muro de ocultación administrativa igualmente importante.
Un técnico comprueba una superficie o una condición de la explotación. Detecta una incidencia y la incorpora a un informe.
¿Quién introduce esa incidencia en el sistema que gestiona las ayudas? ¿Qué recomienda?¿Quién la valida? ¿Puede repercutir automáticamente en la tramitación o el pago?
Si el ganadero presenta alegaciones, ¿quién las examina? ¿El técnico de TRAGSATEC prepara la respuesta o lo hace un funcionario? ¿Quién propone y quién decide finalmente?
Saneamiento ganadero: diecisiete millones y muchas decisiones sensibles
La presencia de TRAGSATEC es especialmente importante en las campañas de saneamiento ganadero.
Los encargos correspondientes a 2024, 2025 y 2026 suman 17,74 millones de euros, según las resoluciones de los expedientes CONP/2023/7917, CONP/2024/9139 y CONP/2025/8874, que se enlazan en la documentación final.
El de 2024, CONP/2023/7917, partió de una propuesta del Servicio de Sanidad y Producción Animal con el conforme de la directora general de Ganadería y Sanidad Agraria, cargo que ocupaba Rocío Huerta Miguel.
La propia memoria oficial de saneamiento ganadero de 2022 identifica a veterinarios de TRAGSATEC realizando trabajos de campo y toma de muestras en determinados programas sanitarios.
Son actuaciones técnicas necesarias. Pero sus resultados pueden tener consecuencias importantes para una explotación.
Una cosa es practicar una prueba veterinaria y otra adoptar una decisión administrativa que imponga restricciones o medidas obligatorias al ganadero
¿Quién firma los resultados? ¿Quién determina la situación sanitaria de la explotación? ¿Qué autoridad acuerda una inmovilización o una restricción de movimientos de ganado?
Debe quedar claro y hacerse públicas las funciones que desarrolla cada profesional, bajo qué habilitación y qué decisiones corresponden estrictamente a la autoridad sanitaria.
La Administración debe conservar algo más que la firma sin criterio
El Estatuto Básico del Empleado Público, artículo 9.2, reserva a los funcionarios las funciones que impliquen participación directa o indirecta en el ejercicio de potestades públicas, en los términos establecidos por las leyes.
El Tribunal de Cuentas, en su moción sobre las encomiendas de gestión publicada en 2017, también ha advertido de los riesgos de utilizar medios propios para actividades que excedan el apoyo técnico y material y entren en la ordenación o instrucción administrativa.
La frontera no se determina únicamente por la denominación de un trabajo. Importan sus efectos reales y la capacidad de decisión que se atribuye a quien lo ejecuta.
David Villar, Orencio Hernández, Jorge García y los responsables de Ganadería y Sanidad Agraria aparecen en diferentes momentos de una estructura administrativa que encarga, dirige y supervisa trabajos de empresas públicas.
Sus intervenciones deben distinguirse, igual que deben distinguirse las responsabilidades de los técnicos de TRAGSA, TRAGSATEC y SERPA.
Porque cuando está en juego una indemnización, una ayuda agraria o la situación sanitaria de una ganadería, no basta con saber quién firma la última resolución.
El ganadero, y cualquier ciudadano, necesita saber quién comprobó los hechos, quién validó sus consecuencias y qué autoridad responde por la decisión.
Y esa cadena de responsabilidades debe ser tan transparente como la propia resolución que pone fin al expediente y el grave hecho de que la Administración Regional niegue la información concreta de cada actuación confirma la posibilidad de que los ganaderos tengan toda razón en sus denuncias de abusos consentidos por parte TRAGSA, TRAGSATEC Y SERPA.
Documentación complementaria
- TRAGSA y SERPA: entramado empresarial del Principado bajo sospecha. Asturias Liberal, primer artículo de la serie, 21 de octubre de 2026.
- CONP/2024/9139. Encargo a TRAGSATEC para la campaña de saneamiento ganadero de 2025. Importe: 6.598.129,95 euros.
- CONP/2025/8874. Encargo a TRAGSATEC para la campaña de saneamiento ganadero de 2026. Importe: 6.619.312,51 euros.
- Registro de encargos a medios propios del Principado de Asturias. Fuente institucional para consultar expedientes, objetos y entidades ejecutoras.
- Ley 9/2017, de Contratos del Sector Público, artículo 32. Régimen jurídico de los encargos a medios propios personificados.
- Real Decreto 345/2025, artículo 4. Régimen vigente de los encargos a TRAGSA y TRAGSATEC y límites al ejercicio de potestades públicas.

Español e hispanófilo. Comprometido con el renacer de España y con la máxima del pensamiento para la acción y con la acción para repensar. Católico no creyente, seguidor del materialismo filosófico de Gustavo Bueno y de todas las aportaciones de economistas, politólogos y otros estudiosos de la realidad. Licenciado en Historia por la Universidad de Oviedo y en Ciencias Políticas por la UNED
