Rendido a la hipérbole

Adrián Barbón ha decidido desenfocarse definitivamente y elevar la derrota parlamentaria de los dos decretos de vivienda a la categoría de acontecimiento excepcional. Según declaró tras la votación del Congreso, estamos ante «un antes y un después» y ante una derrota incluso más trascendente que la ausencia de Presupuestos Generales del Estado.

La primera afirmación pertenece al terreno de su subjetiva «valoración política». La segunda permite comprobar hasta dónde puede llegar una hipérbole cuando conviene sustituir la importancia de los problemas por la intensidad del relato desesperado.

¿Dos decretos por encima de los Presupuestos?

España funciona en 2026 con los Presupuestos Generales del Estado de 2023 prorrogados. Es decir, el Gobierno no ha conseguido aprobar unos nuevos PGE durante tres ejercicios consecutivos.

Sí, tres. Una anomalía democrática que debería haber acabado en adelanto electoral ya el primer año en que se produjo. Pero no, el presidente regional consideró adecuado ignorar este grave defecto de su jefe de filas para inflar el fenómeno Maricarmen-vivienda a fenómeno esencial.

Frente a eso tenemos dos reales decretos-ley aprobados el 29 de septiembre y derogados por el Congreso el 2 de octubre. Y Barbón sostiene que la caída de esas dos normas resulta más trascendente que la incapacidad continuada para aprobar el principal instrumento anual de planificación económica del Estado.

No estamos ante una diferencia menor de énfasis. Estamos ante una alteración bastante gruesa de la escala institucional de los acontecimientos y de lo que se le supone debe decir y no un presidente, sea regional, sea nacional.

Sabe barbón aunque lo prefiere ignorar que los Presupuestos ordenan ingresos y gastos, inversiones, transferencias, compromisos y buena parte de la capacidad de un Gobierno para desarrollar su programa. Es decir, que afectan a todos y cada uno de los españoles pera bien o para mal, también en materia de vivienda, que no es la única materia a cuidar. Los decretos de vivienda eran, en cambio, dos respuestas políticas concretas y simplistas a un problema complejo, no la solución al problema.

Proteger hoy y reducir la oferta mañana

Además, una regulación no puede evaluarse sólo por la intención que proclama. Las políticas públicas modifican incentivos y esos incentivos producen consecuencias para muchos ciudadanos y no solamente para quienes se manifiestan en Madrid o Sevilla.

Una medida puede favorecer al inquilino que ya ocupa una vivienda y simultáneamente hacer menos atractivo para otro propietario introducir la suya en el mercado de alquiler. Puede ampliar la protección contractual y, al mismo tiempo, elevar el riesgo percibido por quien decide entre alquilar, vender, mantener vacío un inmueble o buscar otra modalidad de explotación.

En suma, puede y lo logra, reducir la cantidad de viviendas que se ofrecen en alquiler a la par que se satisface su necesidad de considerar a la sociedad española como un campo de batalla.

El Banco de España, sin ir más lejos, lleva tiempo describiendo un mercado tensionado por una demanda creciente y una oferta insuficiente. Por eso ignorar los efectos desincentivadores de determinadas regulaciones no protege al futuro inquilino: puede reducir las viviendas entre las que podrá elegir.

En Asturias ya se han conocido casos de propietarios que reconsideran su permanencia en el alquiler ante la incertidumbre regulatoria. Será necesario observar la evolución antes de convertirlos en tendencia definitiva, pero el mecanismo económico existe aunque resulte incómodo para el relato político.

En Asturias Liberal ya señalamos precisamente esta diferencia: una política puede ejecutarse exactamente como fue diseñada y producir resultados distintos, incluso contrarios, de los que se anuncia conseguir. No tener en cuenta esto es ignorancia del ABC de la economía o buscar la perpetuación del problema para seguir contaminando el debate nacional con altercados de todo tipo.

Mientras tanto, Asturias

Hay además algo especialmente llamativo: quien coloca estos decretos por encima de los PGE no es un tertuliano desinformado, sino el presidente del Principado de Asturias. Y en eso anda excesivamente desenfocado, lo cual preocupa. Y mucho.

A esto se añade que su balance regional ofrece motivos suficientes para reclamar algo más de atención y de calma. En «Barbón: 103 anuncios no son un proyecto» examinamos la diferencia entre anuncio, expediente, financiación, obra, producción y resultado. Salas, Sunwafe, Barros, El Tallerón, Exiom o los proyectos de eólica marina muestran precisamente la distancia que puede existir entre movilizar administrativamente un proyecto y materializarlo industrialmente.

No significa que todos vayan a fracasar. Significa algo mucho más sencillo: un Gobierno debe ser evaluado por los resultados alcanzados y no por la suma de inversiones potenciales, empleos previstos y proyectos todavía pendientes de decisiones esenciales.

La administración Barbón posee una notable capacidad para anunciar, tramitar, subvencionar y presentar. Lo que AL viene examinando es cuánto de esa motorización normativa termina transformándose en actividad económica estable y verificable.

La demoscopia tampoco es irrelevante

Ese balance coincide además con un escenario demoscópico menos cómodo para el PSOE asturiano. El sondeo de Sigma Dos publicado en septiembre situaba al PSOE en el 32,4% y entre 15 y 17 diputados, frente a los 19 obtenidos en 2023; al PP en el 32% y entre 16 y 17; y a Vox en el 17,9% y entre 7 y 9.

Una encuesta no es una elección y no permite convertir una fotografía demoscópica en profecía. Sí permite constatar que Barbón afronta el tramo final de legislatura con menor apoyo estimado que el obtenido en las urnas en 2023 y con una competencia política mucho más estrecha. De ahí el desenfoque sin que le moleste aparentar ignorancia acerca de la diferencia entre los Presupuestos Generales del Estado y dos reales decretos sectoriales.

Ese contexto no demuestra qué intención existe detrás de sus declaraciones. Puede ser una simple inquietud exacerbada de su persona fruto de un mal momento o bien una estrategia impropia de un gobernante que se perciba democrático.

Tanto es así que es imposible mirar hacia otro lado cuando el presidente desplaza súbitamente el centro del debate desde su gestión regional hacia una confrontación nacional cargada de enorme contenido emocional y carente de seriedad.

Cuando desaparecen los argumentos aparecen los culpables

Y entonces Barbón completa la operación. Frente a la posición «progresista del centroizquierda», con la que aparenta cierta dosis de centrismo, coloca a quienes serían «serviles a los poderes económicos», a los grandes tenedores, a los especuladores y a los fondos buitre. Palabras gruesas y no muy precisas.

Ahí deja de discutir Barbón sobre mecanismos económicos, esos que a él le sobran. La discrepancia sobre una regulación se convierte en una clasificación moral hiperbólica de quienes participan en el debate llevándole la contraria. ¿Que pedir unos PGE anuales es propio de la «fachosfera» será lo siguiente que declare ante los medios?

Desaparecen los pequeños propietarios, los posibles efectos sobre la oferta, las dudas sobre los controles de rentas, la seguridad jurídica, el suelo, las licencias, la construcción y las diferentes combinaciones posibles de vivienda pública y privada. Quedan los que «protegen a la gente», Barbón y los suyos, y los que sirven a intereses oscuros, siempre los demás.

Ese procedimiento comparte un rasgo característico de la retórica populista: seleccionar un problema socialmente sensible, reducir su complejidad y polarizar alrededor de una víctima y un culpable fácilmente reconocibles. Y, sí, es un desenfoque en toda regla que preocupa.

El problema de la vivienda en España no nació la semana pasada. Pedro Sánchez gobierna desde 2018 y el PSOE asturiano lleva muchos más años gestionando el Principado. AL analizó recientemente, a propósito del caso Maricarmen, cómo un problema material de oferta, regulación, fiscalidad y construcción puede transformarse políticamente en una narración emocional de víctimas y verdugos.

Ahora Barbón da un paso más y convierte la caída de dos decretos en algo superior incluso a tres ejercicios sin nuevos Presupuestos Generales del Estado. Preocupante.

Una democracia exige bastante más seriedad a quienes gobiernan: explicar resultados, reconocer costes, discutir los efectos de sus propias políticas y aceptar que quien cuestiona una solución determinada no se convierte por ello en servidor de ningún poder económico.

Cuando se carece de resultados existe lo del Presidente regional: una irresistible tentación de sustituirlos por relatos e historias. Y cuanto mayor es la hipérbole y más moral se vuelve la división entre buenos y malos, más necesario resulta volver a mirar aquello de lo que su relato intenta alejarnos: gestión, instituciones, economía y resultados.

Y aunque esa mirada le despierte vergüenza de sí mismo, debe confesarse ante quien procede y pedir perdón, que falta hace.